La Pepa encadenada

Entusiasmados por las conmemoraciones del bicentenario de la Constitución de Cádiz no hemos querido recordar su limitado liberalismo, que mantenía aspectos básicos del Antiguo Régimen absolutista.

La Pepa, aprobada el día de San José de 1812, aceptaba algunas libertades pero rechazaba otras reconocidas más de dos décadas antes por la Constitución de EE.UU., de 1787, y la Declaración francesa de los Derechos del Hombre, de 1789.

Una Pepa encadenada, que reconoce a Fernando VII como monarca “En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”, reza el preámbulo que se lee sin prestarle atención.

El Art. 12 señala: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”.

Exactamente como una sharia islamista que contrasta con el liberalismo de la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU., de 1791 que consagra la “Libertad de culto, de expresión, de prensa, petición, y de reunión”.

Opuesta también al Art. X de los Derechos del Hombre, que señala: “Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley”.

La libertad de conciencia es el origen de las demás libertades, la que define el verdadero liberalismo.

Los constitucionalistas salvaron en Cádiz algunos muebles del absolutismo, mientras la invasión francesa dictaba medidas verdaderamente liberales, como la abolición de la Inquisición, ordenada por José Bonaparte en 1808.

Los liberales españoles, en realidad, fueron los afrancesados, mientras que, vuelto el felón Fernando VII, reinstauró inmediatamente el temible tribunal religioso y abolió la tímida Constitución gaditana mientras el pueblo gritaba patrióticamente “Vivan las cadenas”.

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