La persecución a Trump que no cesa

Durante este verano la persecución a Donald Trump, que ya dura más de seis años, ha continuado con toda intensidad. La izquierda demócrata radical, apoyada por unos medios de comunicación serviles y vendidos a sus intereses, hacen de eco de resonancia para unas nuevas acusaciones absurdas que nadie cree porque son pura propaganda electoral y mentiras descaradas para desprestigiar al hombre que volverá a ganar las elecciones presidenciales por tercera vez.
La redada del FBI en la casa de Trump en Mar-a-Lago ha puesto definitivamente a los Estados Unidos en un camino muy peligroso hacia la tiranía socialista, al utilizar el régimen de Biden a las agencias federales para perseguir y acosar a los rivales políticos, en la mejor tradición de la Gestapo, el KGB o la Stasi.
Es lógico que la redada del FBI preocupe profundamente a todos los estadounidenses, ya sean republicanos, demócratas o independientes, ya que afecta directamente al estado de derecho y al sistema de normas que sustentan nuestra Constitución. Uno de los mecanismos que aseguran la continuidad de la democracia estadounidense es la transferencia segura de poder entre presidentes, realizada a lo largo de dos siglos y medio de historia, sin que la rivalidad política incitara a investigaciones o persecuciones políticas contra el anterior presidente por parte de su sucesor. Una norma no escrita que los demócratas han roto para continuar con la auténtica caza de brujas contra Trump en la que llevan empeñados desde hace años.
Su obsesión por Trump, el único que los ha enfrentado ideológicamente con su agenda America First sin dar un paso a tras, les trastorna y les hace perder la realidad, llevándoles a utilizar partidistamente a las instituciones federales, tales como el FBI, que deberían protegernos a todos, pero que en sus manos ahora sirven sobre todo como el brazo armado de un régimen cada vez más tiránico y una policía política.
El allanamiento de la casa de quien ha ocupado la presidencia de Estados Unidos sin base legal ni argumentos para ello, es suficiente prueba de ello. La reforma institucional del FBI pasa así a ocupar los planes de Trump y de los legisladores republicanos, imprescindible para garantizar que sirva a los intereses del pueblo y no de algunos políticos demócratas. Es la tercera vez que el FBI es utilizado por los demócratas para perseguir a Trump. Las dos anteriores fueron en ambas elecciones presidenciales a las que se presentó Trump. En 2016, el FBI usó el enorme poder del gobierno federal para espiar la campaña del entonces candidato Trump, a instancias de la Administración Obama con la connivencia de la campaña de Hillary Clinton. En 2020, el FBI y algunos oficiales burócratas y amargados de izquierda de las agencias de inteligencia conspiraron con las grandes empresas tecnológicas para censurar información dañina y criminal sobre Hunter Biden, el hijo del entonces candidato Joe Biden, sus negocios corruptos, sus adicciones las drogas, orgías con menores, etc, así como para ocultar todo lo que sabía Joe Biden al respecto y su implicación en sus oscuros negocios con ucranianos y chinos.
En esta tercera entrega de la película, la redada en Mar-a-Lago, se han montado una historia de documentos desclasificados, espionaje y demás que es tan falsa como lo fueron las acusaciones de colusión con Rusia, su papel en la protesta ciudadana en el Capitolio el 6 de enero y demás tonterías que publicaron y divulgaron los medios en su día.
Hay otra cuestión que debemos comprender en este tema: Donald Trump ha sido y es el presidente más escudriñado e investigado en la historia de Estados Unidos. Jamás se ha probado ninguna acusación por la sencilla razón de que todas han sido falsas. Algo que hasta el más idiota de los ciudadanos ya sabe de sobra. Y si no es así, tiene un serio problema mental y debería hacérselo mirar.
El allanamiento de la casa de Trump es simplemente el último episodio de años de esfuerzos por investigarlo, derrocarlo y desacreditarlo ante la opinión pública. La historia nos indica que este intento desesperado de inculparlo en cualquier cosa no logrará absolutamente nada, salvo ocupar horas de TV y páginas de periódicos de tendencia socialista.
Los demócratas radicales de izquierda que han instigado el ataque en Mar-a-Lago, encabezados por unos rabiosos Joe Biden, Merrick Garland y Christopher Wray, han llevado a Estados Unidos a un lugar peligroso. En un solo día, estos lelos revanchistas y malos perdedores han aplastado dos siglos y medio de democracia y precedentes de la sociedad civil estadounidense en su intento obsesivo por destruir a Donald Trump. Han sido ellos quienes han dado el peligroso paso de armar a las fuerzas del orden público federales contra un antiguo presidente y han erosionado aún más la confianza de los ciudadanos en su gobierno y en las instituciones, ya gravemente dañada por el fraude electoral que cometieron en 2020, los dos impeachments contra Trump en los que salió absuelto y el comité del 6 de enero lleno de mentiras y acusaciones falsas.
Los votantes estadounidenses juzgaremos duramente a estos demócratas fanáticos en las próximas elecciones midterm de noviembre y en las presidenciales de 2024. Las generaciones futuras también los juzgarán por el daño causado a la democracia y al país.
El régimen de Biden se ha convertido en una máquina que sólo busca la destrucción de sus rivales políticos utilizando cualquier arma y subterfugio. Y no sólo eso, el ciudadano común se ha convertido en su objetivo. Trump tenía razón al decir que iban a por él porque estaba en el camino hacia los ciudadanos. Lo vemos claramente ahora que el gobierno federal se está armando para entrometerse aún más en las vidas de los estadounidenses y las empresas. La prioridad de la izquierda demócrata incluye la contratación de 87.000 nuevos agentes del IRS (Hacienda) que investigarán y acosarán a los estadounidenses de clase media y trabajadora para exprimirlos más. No olvidemos que la Administración Obama-Biden ya usó el IRS para señalar y perseguir a grupos conservadores. Lo hicieron una vez y lo volverán a hacer.
En lo que respecta a la persecución política de Trump, sin precedentes en la historia de Estados Unidos, los votantes independientes, republicanos y demócratas moderados, estamos indignados con el nivel al que se ha llegado y tenemos claro que la redada del FBI estuvo diseñada para castigar al principal enemigo político del régimen de Biden y de unos medios de comunicación cada vez más mentirosos y corruptos. Al contrario de lo que esperan los demócratas, esta nueva injusticia ha hecho aumentar el apoyo popular a Trump, ha unido a los republicanos, ha vuelto a los independientes aún más en contra de Biden, ha disparado la recaudación de fondos y ha elevado el porcentaje de votantes de Trump.
La doble vara de medir de los demócratas ya no la aguantamos los ciudadanos por más tiempo. Así, mientras Hillary Clinton eliminó 33.000 documentos clasificados tras una citación, sin sufrir las consecuencias ni ningún allanamiento, mientras Barack Obama se llevó 33 millones de documentos clasificados de la Casa Blanca y nadie le ha dicho nada ni ha visto cómo allanaban su casa, encontramos a Trump que apenas se llevó algunos documentos ya desclasificados y es sometido a una nueva persecución política y una redada injusta. Hemos llegado a un punto en el que la orden de registro y el allanamiento de la casa de Mar-a-Lago, ya no se trata sólo de si apoyas o no a Trump, sino que se trata de nuestras libertades civiles, el estado de derecho y la democracia misma.

Lo cierto es que Donald Trump tenía todo atado y bien atado, y disponía de una 'orden permanente' para desclasificar los documentos llevados a su residencia. Él mismo los desclasificó antes de trasladarlos a su residencia bajo esta orden que le permitió llevar materiales confidenciales a la Casa Blanca por la noche para seguir trabajando.
Ni el FBI ni el Departamento de Justicia tienen base legal creíble para investigar si el traslado de material documental estaba cubierto por la Ley de Registros Presidenciales o si se gestionaron mal los materiales clasificados bajo la Ley de Espionaje, que son acusaciones incluidas en la orden de allanamiento emitida por el juez Bruce Reinhart, el ex abogado que representó a los empleados del delincuente sexual convicto y notorio pedófilo Jeffrey Epstein, donante de Obama y anti Trump declarado. Un tipo lleno de odio sin ninguna credibilidad.
Es importante saber e incidir en que los documentos que Donald Trump se llevó a Mar-a-Lago habían sido desclasificados por él mismo. No olvidemos que el presidente es el único en el gobierno que puede clasificar y desclasificar información a voluntad. De hecho, Trump ha sido el único presidente que ha comprendido la importancia de desclasificar materiales por el bien e interés de los ciudadanos estadounidenses y de la propia democracia. Ha sido un ejemplo de transparencia informativa.
Otro punto a tener en cuenta: el presidente no está obligado a seguir ningún procedimiento cuando desclasifica. Tampoco hay ninguna ley, estatuto o autorización que deba cumplir, el método y el momento que elija para hacerlo dependen completamente de él, que es la máxima autoridad desclasificadora del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, varias órdenes ejecutivas emitidas en 2003 por George W. Bush y Barack Obama en 2009 eximen específicamente al presidente y al vicepresidente de tener que seguir los estrictos procedimientos de desclasificación que deben seguir todas las demás agencias y funcionarios federales. La sola idea de que algún burócrata manipulador de documentos, con autoridad de clasificación delegada por el presidente, necesite aprobar la desclasificación es absurda. Trump era la máxima autoridad y tenía una orden permanente de que los documentos retirados del Despacho Oval se consideraran desclasificados. Punto. Fin del debate. Todo lo demás son acusaciones partidistas, política de baja estofa, cortinas de humo, teorías de tarados radicales de izquierda y un intento de descarrilar su nueva candidatura para la Casa Blanca en 2024.
Como cualquier experto en inteligencia familiarizado con la ley de seguridad nacional sabe perfectamente, los tribunales sostienen que el poder del presidente para desclasificar es de gran alcance y que el proceso por el cual eso sucede puede ser casual y no siempre formal, algo que las órdenes ejecutivas de Bush y Obama de 2003 y 2009 dejan muy claro. Por ejemplo, la orden ejecutiva de Obama no. 13526, emitida en 2009, estableció el estricto proceso que todos los funcionarios y agencias federales debían seguir para la desclasificación, pero eximió explícitamente al presidente y vicepresidente en ejercicio de tener que seguir esos procedimientos:
"Información originada por el presidente en ejercicio o el vicepresidente en ejercicio; el personal de la Casa Blanca del presidente en ejercicio o el personal del vicepresidente en ejercicio; comités, comisiones o juntas designados por el presidente en ejercicio; u otras entidades dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente que únicamente asesorar y ayudar al presidente en ejercicio está exento de las disposiciones del párrafo (a) de esta sección", indica la orden de Obama.
Aparte de esto, la colaboración de Trump con las autoridades ha sido plena desde hace meses. En la pasada primavera, Trump obtuvo una citación del gran jurado del Departamento de Justicia para reunir documentos clasificados pertenecientes a los Archivos Nacionales, los entregó y permitió que los agentes registraran el mismo almacén que el FBI allanó más tarde. De hecho, cooperó voluntariamente entregando pruebas adecuadas, imágenes de vigilancia de seguridad y permitiendo que agentes federales y un abogado del Departamento de Justicia recorrieran su almacén privado. Tanto es así que Trump sorprendió personalmente al fiscal de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y a tres agentes del FBI que llegaron a su casa de Mar-a-Lago el pasado 3 de junio, y los saludó cuando llegaron para recoger algunos documentos. Estas fueron sus palabras en aquella ocasión a los agentes y al fiscal: "Miren, lo que sea que necesiten, háganoslo saber". Hay testigos presenciales de aquello. El equipo federal se sorprendió con la invitación del presidente y pidió un favor inmediato: ver el casillero de almacenamiento de 6 pies por 10 pies donde se guardaba su ropa, zapatos, documentos y recuerdos de su presidencia en el complejo.
De acuerdo a la instrucción de Trump, los abogados del presidente cumplieron y permitieron la búsqueda por parte del FBI antes de que la comitiva se fuera cordialmente. Cinco días después, los funcionarios del Departamento de Justicia enviaron una carta a los abogados de Trump pidiéndoles que aseguraran el almacén con más cerraduras de las que habían visto. El Servicio Secreto instaló un candado de seguridad adicional más robusto para cumplir la petición. Casi al mismo tiempo, la Organización Trump, propietaria de Mar-a-Lago, recibió una solicitud de imágenes de video de vigilancia que cubrían el almacén y ofreció las imágenes a las autoridades federales.
Toda esta cooperación pone en evidencia la innecesaria redada posterior con más de 30 agentes y que sólo buscaba la primera planta de los informativos para desacreditar a Trump en un nuevo esfuerzo por anular su futura candidatura a la presidencia en 2024.
Pero el tiro les ha salido por la culata. Trump lidera todas las encuestas de opinión y es el candidato republicano favorito para la nominación. Hoy, cargado de nuevas razones y con la verdad de su lado, es más fuerte que nunca.