El debate que se ha levantado en la política española como consecuencia de la abdicación del rey Juan Carlos sobre la elección por parte de los ciudadanos de un estado con monarquía parlamentaria, como hasta ahora, o una república con un jefe de estado elegido en las urnas, se ha colado de rondón en el medio de una profunda crisis de los dos grandes partidos políticos evidenciada tras las elecciones al parlamento europeo, incluso la ha acentuado con el proceder de la coronación de Felipe VI, a espaldas de los ciudadanos, quienes se han encontrado una vez más con todo hecho sin que nadie les haya tenido en cuenta.
No es ciertamente nuestro gran problema en estos momentos la elección del jefe de estado de un modo u otro, pero sí vuelve a dejar claro que los que nos gobiernan y nos tienen que dar cuentas de todas las decisiones que nos afectan como país no nos toman en serio y nos ningunean como si lo que ellos acuerdan no fuera con nosotros, como si sus decisiones no tuvieran consecuencias en nuestras vidas. Pero las tienen, vaya si las tienen. Que se lo pregunten a todos aquellos que se han quedado sin cobertura sanitaria a causa de la política de recortes, o a los dependientes sin ayudas económicas, o a quienes han perdido su empleo como consecuencia de la reforma laboral.
No está muy claro si este ninguneo sistemático de nuestros gobernantes, que llevan a cabo una política que obedece a los intereses de las oligarquías financieras y económicas, se hace desde una actitud de inconsciencia, al estar éstos aislados del mundo en sus burbujas, o si es una actitud desafiante y despreciable hacia los ciudadanos que les han elegido para que resuelvan sus problemas, demostrando o tratando de demostrar que ellos son más importantes que sus votantes. Cualquiera de las dos conlleva un gran riesgo para quienes mandan o pretenden mandar puesto que tarde o temprano esos comportamientos se volverán contra ellos.
La discusión sobre la conveniencia de celebrar un referéndum sobre monarquía o república esconde en realidad una protesta ciudadana contra la política de despachos, de pasillos, de confidencias, entre secretos, chanchullos y murmullos para que nadie se entere de lo que está pasando hasta que, claro, las consecuencias las sufrimos los ciudadanos en nuestras propias carnes. Es obvio que si las decisiones políticas que se toman fueran transparentes y beneficiosas para los intereses de los ciudadanos no serían necesarias estas actuaciones a escondidas, muchas veces con toma de decisiones demasiado rápidas sin aparente necesidad y dadas a conocer por decreto ley sin debate parlamentario ni nada que pudiera ser sospechoso de democracia.
Una vez más, ante el comportamiento autoritario de nuestros gobernantes, está en nuestras manos decidir si queremos continuar con esta política de cueva de Alí Babá o construir un estado de derecho pleno con participación ciudadana y una representación verdadera que vele por el bienestar de los españoles. Las urnas son el primer paso; la exigencia y la vigilancia, el segundo; la protesta, el tercero; y el castigo a quienes no lo hacen bien debe ser el cuarto. A diferencia de hace cuatro años y después de mucho tiempo hay alternativas.