La prensa hablará hoy de ...

La prensa hablará hoy del asunto Serafines, no tanto por el interés que yo pueda tener en airear detalles de un asunto que está "sub iudice" como por el revuelo que se ha armado dentro del Partido Popular al conocerse la decisión de la Fiscalía respecto al presunto delito de malversación de caudales públicos puesto de relieve tras mi denuncia.
Hagamos un poco de memoria: El diario Información del pasado martes publicaba la siguiente noticia: La Fiscalía ve indicios de malversación en Agüer. Al día siguiente, ese mismo medio y otros ofrecían la "versión" de Agüera (que sigue metiendo la pata).
Y como decía, hoy la prensa sacará seguramente otro titular, pues Miguel Ángel Agüera Sánchez, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ibi, ha comunicado la decisión de emprender acciones legales contra mi, por "la información sesgada y deliberadamente omitida, facilitada tanto a la Fiscalía como a la ciudadanía, sobre los pagos que el Ayuntamiento de Ibi hizo por las obras realizadas en la Masía Serafines". Además, por lo que parece, Agüera pretende asumir la tarea de "limpiar" el buen nombre del Restaurante Serafines, al que considera "un intachable restaurante". Personalmente, no tengo nada contra el restaurante ni contra sus propietarios, ni en ninguna de mis manifestación ha existido insinuación alguna que pueda atentar contra el buen nombre del negocio.
Sin embargo, en mi opinión, estamos ante uno de los asuntos más graves que he podido conocer desde que formo parte de la Corporación (y lo de Santa Lucia era gordo, y lo de las ventanas de la Pilen también), y no tanto por la cantidad económica en juego como por la amalgama de irregularidades administrativas detectadas, alguna de las cuales, como pone de manifiesto el Fiscal, podría ser constitutiva de delito.
Si todo está tan claro y tan transparente como dice Agüera, no me explico porqué no me resuelve el Recurso que le presenté en octubre de 2009, ni porqué se niegan a discutir siquiera la conveniencia de formar una comisión de investigación. Al cerrarme todas las puertas administrativas, sómo me han dejado un único camino: interponer una denuncia ante el Fiscal.

Sinceramente, creo que el Fiscal se queda corto en sus apreciaciones, tanto respecto a los hechos presuntamente delictivos como respecto a las personas presuntamente responsables, pero no tengo más remedio que confiar en la justicia y esperar que los resultados de la investigación pongan de relieve la realidad de lo ocurrido.
También creo que Agüera se ha precipitado a hablar del tema y lo hace partiendo de un desconocimiento absoluto respecto a lo que significa la malversación de caudales públicos tipificada en el art. 433 del Código Penal (que, a diferencia del ánimo apropiatorio que caracterizaba el delito del 432, aquí, el agente o sujeto activo, que también ha de ser autoridad o funcionario público, basta con que se limite a usar los efectos o caudales públicos, pero sin intención de quedárselos para sí o de que los sustraiga un tercero). Dicho de otra forma, es penalmente irrelevante que la empresa entregase al Ayuntamiento los famosos 30.000 €.
Y antes que actuase el Fiscal, y antes de que yo denunciase, y antes de que yo presentase ningún recurso, fue el Interventor Municipal el que formuló un reparo de legalidad perfectamente fundamentado, es decir, invocando varios motivos por los que esas facturas no deberían haberse pagado ¿pretende hacer creer ahora Agüera que el Interventor tampoco sabía que el dinero estaba ingresado en el Ayuntamiento? ¿quien está ocultando información en realidad?