Un claro ejemplo de que la privatización de la mayoría de servicios públicos difícilmente comporta un ahorro para la propia administración la tenemos en el siguiente caso:
Tras haber denunciado el sindicato CNT en el año 2010 al Departament de Territori i Sostenibilitat la Generalitat y a tres importantes empresas del sector informático, «por cesión ilegal de trabajadores, despido nulo y por vulneración de derechos fundamentales», el Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona condenó en el año 2013 a la Generalitat y a dichas empresas.
Los empleados trabajaban para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), empresa pública de la Generalitat, pero lo hacían como empleados de empresas subcontratadas (Serikat Consultoría, Cast-Info e Informática El Corte Inglés). El juez consideró demostrado que los trabajadores, despedidos en junio de 2011, prestaban sus servicios para el CTTI, lo que les ha obligado a tener que contratarlos como «personal laboral indefinido no fijo».
Los trabajadores habían sido contratados entre 2007 y 2009 por Serikat Consultoría Informática y Cast-Info para trabajar como informáticos del CTTI en el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, que había sacado a concurso público estas tareas para no contratar directamente al personal. Pero este sistema supuso un elevado sobrecoste. La empresa que ganó la licitación facturaba al organismo público catalán más de 81.000 euros al año por cada trabajador, pese a que el salario que estos percibían era de 25.000 euros, un margen de unos 56.000 euros de beneficio para las empresas.
En el año 2009 el departamento de Política Territorial y Obras Públicas (hoy Territorio y Sostenibilidad) adjudicó en un nuevo concurso dicho servicio a la empresa Iecisa (Informática El Corte Ingles S.A), lo que llevó a dicha empresa a subcontratar a los mismos tres trabajadores de las anteriores adjudicatarias (Serikat y Cast Info), que fueron las que realmente contrataron al personal y facturaban a la concesionaria. Con este esquema, el CTTI de la Generalitat ha llegado a pagar hasta 150.000 euros al año por un solo trabajador.
El fallo judicial, recurrido por la Generalitat ante Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acredita que los trabajadores prestaban sus servicios en las instalaciones de la Generalitat y que «estaban totalmente integrados en la organización del Departamento y quien ejercía sobre ellos los poderes propios del empresario, en cuanto a organización y dirección del trabajo, era el CTTI».
La sentencia es de junio de 2013, por lo que la Generalitat lleva casi un año y medio pagando el sueldo de los trabajadores sin que estos trabajen, pese a que en varias ocasiones han pedido reincorporarse. Ahora la Generalitat paga unos 80.000 euros anuales, más cuotas de Seguridad Social, por los tres trabajadores, mucho menos de lo que les suponía antes, pero con la diferencia de que no les permiten trabajar.
Este caso pone de manifiesto que la privatización de servicios públicos no garantiza un mejor servicio y lo que es más grave ningún ahorro, sólo supone enriquecer a unas pocas empresas afortunadas o muy bien relacionadas.
MSNoferini
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