Revista Sociedad

La problemática de la tarjeta sanitaria catalana

Por Mourisimo

Una tarjeta para unirlos a todos…o varias, pero uniéndolos igualemente.

Con la cesión a las autonomías de las competencias en materia de salud, la anterior tarjeta de la seguridad social estatal centralizada, ha sido sustituida, por las correspondientes a cada territorio, cap problema, como se diría por aquí, si se gestionase adecuadamente…

Pero aquí llega este organismo de iluminados, para literalmente, quebrar la igualdad de todos los españoles, tachaan!

La problemática de la tarjeta sanitaria catalana

Atención endogámica garantizada!!

El estado de las autonomías, denostado por parte de algunos sectores del nacionalismo español, no puede permitirse cargar de razón a sus detractores, amparando  que el derecho a la asistencia sanitaria en España quede cercenado, por decisiones, administrativas, que no políticas, quiero creer, aunque me cuesta.

La Generalitat, no ha actuado correctamente, aunque sí amparada por la ley, que no obliga a poner el número de afiliación en las diferentes tarjetas autonómicas. Muy al contrario, se ha salido de madre.

El departamento de educación del Govern, ha exigido a los escolares que salen de excursión a cualquier otra parte del territorio nacional, que tramiten las tarjetas sanitarias europeas, porque en estas sí que aparece el numerito de la discordia. Conclusión: por obra y gracia del progreso catalán, el resto de España se convierte de golpe y porrazo, en un país extranjero en lo que asistencia sanitaria atañe y lo que es más carcajeable todavía, esto no es recíproco en su propio territorio, ya que cualquiera puede venir a Cataluña y que le atiendan sin que le resulte oneroso.

Esta no es la clase de mermas en sus vidas que los catalanes ven en sus relaciones con España, no es la diferencia porque sí. Si la diferencia nos hace mejores, bienvenida sea, sino, habrá que pensar en los intereses de quién introducen una medida que causa un grave perjuicio a sus propios ciudadanos. La cuestión apunta más al déficit fiscal, la menor inversión, etc, que a este tipo de boberías trufadas de incompetencia. Tamaña hazaña,  ha sido de sobras denunciada, pero el Govern se parapeta amparándose en que la legislación en este sentido no especifica la obligatoriedad de poner el número de afiliación.

Lo dicho, espero que estemos ante una forma de conseguir réditos, entre ciudadanos que no entienden la situación (y no es para menos) y que vean en este despropósito, una minoración en sus derechos por parte del sistema de salud del resto del estado, por una supuesta e interesada antipatía de los catalanes en el resto del estado.

Por cierto, no estaría de más recordar este artículo de la Constitución.

Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Los interfectos, para más inri, cuelgan de la web el siguiente comunicado, dónde recomiendan que lleven la tarjeta sanitaria antigüa de toda la vida, a pesar de que es “innecesario y sólo para evitarse problemas” ya que con la catalana lo pueden atender. Pues bien, hoy mismo he estado charlando con una administrativa de un centro de salud catalán, comentaba que era literalmente imposible con su base de datos, ver si la persona estaba afiliada a la seguridad social sólo con el DNI y que en muchas ocasiones, la banda magnética de la tarjeta (de todos modos tampoco sería una vía para comprobar el alta en la Seguridad Social, ya que sólo leía la catalana y no las otras) estaba estropeada, la única solución prosiguió, era introducir el número de la seguridad social. Ante la pregunta de: si vosotros no podeis operar sin número, ¿los del resto de comunidades podrían? me respondió: NO

Ahora, si quereis, empapaos de toda las teorías que circulan por ahí, más o menos estrambóticas, que por mi trabajo ya he oído unas cuantas, acerca de porqué los catalanes en determinadas comunidades les obligan a pagar la asistencia sanitaria que reciben.


 


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