El Brexit sigue creando incertidumbre entre los ciudadanos que viven en Reino Unido, así como de los miembros de la Unión Europea que aún tienen esperanzas de mantener una convivencia práctica con sus vecinos británicos en su territorio.
La incertidumbre en cada una de las decisiones todavía no adoptadas por parte de las autoridades legislativas británicas, crea bastantes dudas sobre hacia dónde se dirige el país en cualquier sentido, siendo el último de estos incoherentes destinos el del derecho ciudadano.
La Unión Europea intentó promover hacia las autoridades británicas un derecho ciudadano reconocido y justo, sin modificaciones desde antes de la ruptura y con total reciprocidad independientemente del país al que se pertenezca. En otras palabras, se buscaba una igualdad en el derecho ciudadano para todo el mundo.
La respuesta de Reino Unido en una nueva propuesta solo consigue augurar lo peor en cuanto a derecho de los ciudadanos. Todavía no consolidada, esta propuesta basa el derecho del ciudadano en una enrevesada burocracia que, por ejemplo, limita el derecho a voto local para los europeos que vivan en Reino Unido y exige unos ingresos mínimos a los futuros miembros de estas familias, supuestamente para la permanencia en el país.
A esta normativa se unen otras situaciones previstas en esta propuesta legal, que tienen que ver directamente con el reconocimiento social de los ciudadanos europeos que todavía se decanten por la convivencia en el mismo país con los ciudadanos británicos.
Los analistas consideran peligrosas estas normativas, dado que dan pie al desarrollo de una clase social diferenciada, con evidentes limitaciones en el caso de los europeos.
Por descontado, quedan muchos supuestos que abordar en este ámbito y, aunque lo más lógico debiera ser mantener los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido intactos o, al menos, “no menos favorablemente que ahora”, tal y como se establecía en el manifiesto original del Brexit, las autoridades británicas apuestan por un enrevesamiento de la normativa actual y una complejidad legal, que tendrá que acelerarse si quiere estar lista para las decisiones definitivas sobre las consecuencias del Brexit, a principios de 2019.
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