Revista Cultura y Ocio

La proteccion de la discapacidad en el trabajo ( 2 min)

Publicado el 15 junio 2014 por Jblor8

La proteccion de la discapacidad en el trabajo ( 2 min)
por
Juan B. Lorenzo de MembielaLa preocupación a nivel internacional  sobre las personas con discapacidad es notaria. Las iniciativas de NNUU se manifiestan, entre otras y como principal , en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y su Protocolo, aprobados por la Asamblea  General de NNUU en 13 de diciembre de   2006, quedando abiertos a la firma en  30  de marzo de2007. Suscrito  por España en  30  de marzo de 2007 y firmado el Protocolo en  30  de marzo de2007. Fueron  ratificados , Convención y Protocolo, en   3 de diciembre de  2007 .El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.La convención pretende ser un instrumento para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones con el objetivo de mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas discapacitadas, el acceso a la información y sistemas de salud adecuados así como a movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales, proteger y garantizar el disfrute y la igualdad plena con el resto de personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.Para  observar su aplicación  en cada Estado,  dispone el  art. 33 del Convenio,  la creación  de uno o varios sistemas gubernativos  encargados de resolver cuestiones atinentes a su aplicación. El art.33 citado explicita:« 1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención.

Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento» .

Se crea un Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 34.1º cuyas funciones son las siguientes:« […] 2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años.
Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.

8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato.10. El Comité adoptará su propio reglamento.11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas» .La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo son atendidos por una secretaría conjunta, compuesta por personal de las Naciones Unidas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), con sede en Nueva York, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) en Ginebra.Con anterioridad  a la publicación del Convenio, la Organizaron Internacional del Trabajo  dictó   el Convenio núm. 159 de la OIT sobre la Readaptación profesional y el empleo de personas discapacitadas, que  vincula a  todos sus  socios  para  formular, aplicar y revisar la política nacional sobre la readaptación profesional y el  empleo de discapacitados. El objetivo era asegurar la concurrencia  de medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas discapacitadas, y promover  oportunidades de empleo y de trato en el mercado laboral. Todas estas  medidas son reflejo del principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores discapacitados y los trabajadores en general.

La discriminación fue objetivada por  el  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que  declaró que los efectos de la discapacidad habían sido particularmente severos en las áreas de educación, empleo, vivienda, transporte, vida cultural y acceso a espacios y servicios públicos.

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