La protección del lobo y las reacciones políticas

El pasado jueves, 4 de febrero, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural votó a favor de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). La votación, en la que participaron todas las comunidades autónomas del estado español, salió adelante por un solo un voto de diferencia. Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla León, entre otras, votaron en contra de ese cambio de estatus. Esta aprobación implicará que el lobo dejará de ser considerado especie cinegética en todo el estado, algo que ya ocurría en las poblaciones que habitaban al sur del Duero. O sea, que se prohibirá su caza deportiva, pero no se prohibirán los llamados controles poblacionales, es decir, la matanza de lobos por parte de la administración con el fin de reducir los daños al ganado.

Resumiendo, la inclusión del lobo en el LESPRE no cambiará prácticamente nada en algunas comunidades autónomas como Asturias, en las que la especie no es cinegética y en la que se realizan esos controles para que la población sea "compatible con el desarrollo de las explotaciones agrarias", tal como figura en el actual Plan del Lobo aprobado por el Principado de Asturias (Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias).

Pocos minutos después de la votación, los representantes de los gobiernos que habían votado en contra salieron en tromba exigiendo justicia y anunciando que acudirían a los tribunales para impugnar ese acuerdo, demostrando una vez más que su idea de la democracia, y de ese estado de derecho del que tanto alardean en público, solo es respetable cuando el resultado les favorece. Y una vez más, y también como es habitual en la clase política, para dar más empaque a su indignación, recurren de nuevo al consabido truco de incluir a toda la sociedad como partícipe de sus opiniones personales, olvidando intencionadamente que esas opiniones solo son compartidas por parte de la población, esa a la que cortejan para conseguir unos cuantos votos. 
Pero volviendo al meollo de la cuestión, si en realidad esta nueva norma solo implica que los cazadores deportivos no podrán incluir al lobo en su lista de trofeos, ni podrán acudir a subastas pagando miles de euros por hacerse con una cabeza de lobo para sacarse una foto ¿cómo se explica el rechazo e indignación del gobierno asturiano ante esta noticia, si el lobo no es una especie cinegética en Asturias?
Según el actual consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, esta decisión «hurta de manera efectiva la posibilidad de seguir gestionando la especie con garantías». ¿A qué garantías se refiere? ¿se referirá quizás a la posibilidad de hacer y deshacer sin tener que dar explicaciones a nadie? Si realmente, y tal como se refleja en el vigente plan del lobo de Asturias, esa gestión «estará basada en conocimientos científicos actualizados y contrastados», no debería temer ningún hurto, ya que como ya se ha indicado antes, los controles poblacionales podrían aprobarse si están debidamente justificados y avalados por un comité científico. 
Los controles letales, tal como se realizan en Asturias, han sido cuestionados en numerosos artículos científicos, tanto en el extranjero (ej. Krofel et al, 2011; Wielgius & Peebels, 2014) como en España (Fernández Gil, 2013). Esos trabajos confirman que los "controles letales" no solo no son efectivos para reducir los daños al ganado, sino que aunque pueda resultar paradójico, los incrementan. Por lo tanto, la respuesta de las administraciones ante esa falta de resultados tangibles ha sido la de aumentar los cupos permitidos, aunque el único fin parece ser el de acallar las protestas de los ganaderos. Pero es bien sabido que ceder a un chantaje implica un chantaje posterior, y si se matan 10 se pedirán 100 y si se matan 100 se pedirán 1000. Por lo tanto, una política de control letal cuyo único objetivo es el de acallar las protestas de los ganaderos, no pasaría ningún aval científico si este debe ser supervisado por una administración superior a la autonómica. Y eso es realmente lo que solivianta a las autonomías que no han votado a favor de la inclusión del lobo en el LESPRE.
Por otra parte, la inclusión en dicho catálogo debería obligar a las autonomías a luchar de manera efectiva contra el furtivismo, una lacra que sigue muy presente en España, donde un elevado número de lobos mueren todos los años envenenados, tiroteados, o atrapados en lazos de acero. De hecho, no han sido pocas las amenazas de algunos ganaderos si el gobierno asturiano no atendía a sus demandas. Cómo olvidar las declaraciones del regidor de pastos de la montaña de Covadonga,  que declaró en prensa que «Si no hay batidas en condiciones, tendremos que hacer como hacían los pastores de antes: empezar a poner veneno». Unas amenazas, que a pesar de que eran un flagrante delito, quedaron sin respuesta por parte de la administración. 

Tampoco deberíamos olvidar la campaña de chantaje y amenazas que hace tan solo 3 años convirtió a Asturias en una vergüenza nacional, durante la que varios lobos fueron colgados de señales de tráfico, decapitados y arrojados a piscinas públicas, e incluso colocando cuerpos y cabezas cortadas en vehículos oficiales de la guardería. La única respuesta por parte del Principado de Asturias fue la de pedir calma y sosiego, porque esas actuaciones "únicamente perjudican la imagen de Asturias". Lo de las amenazas a unos servidores públicos y los chantajes a la administración no parecían importantes. Eso si, desde la consejería de Medio Rural, recordaron a los furtivos que "el control de cánidos se establece a través de un plan de batidas que coordina el Principado", o sea, justo lo que esperaban escuchar. También nos dijeron que las investigaciones para encontrar a los culpables "estaban muy avanzadas", y seguimos esperando, aún sabiendo que no hay ningún interés en que aparezcan.
Si la votación sobre la inclusión del lobo en el LEPRE queda finalmente plasmada en un documento oficial, el control sobre las actuaciones realizadas por las administraciones autonómicas deberá ser más exhaustivo. Ya no se podrá hacer y deshacer sin dar explicaciones y los criterios científicos que avalen cualquier plan de gestión deberán ser claros y transparentes, algo a lo que debería aspirar cualquier político o gestor. A no ser que toda esta indignación oculte un interés mucho más prosaico: un caladero de votos por el que todos los partidos políticos quieren competir.
Referencias
Fernández Gil A (2013) Comportamiento y conservación de grandes carnívoros en ambientes humanizados. Osos y lobos en la Cordillera Cantábrica. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo.
Krofel M, Cerne E & Jerina K (2011) Effectiveness of wolf (Canis lupus) culling to reduce livestock depredations. ZGIL 95: 11-12.
Wielgus RB & Peebles KA (2014) Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations. PLoS ONE 9(12): e113505. doi:10.1371/journal.pone.0113505.