Revista Opinión

La provincia como división política y administrativa

Publicado el 31 octubre 2015 por Diariocubano

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La eficiencia de los romanos y la creación de provincias les ayudaron a soportar emperadores nefastos que hubieran adelantado el fin del imperio. Esta unidad superior de división del territorio de un Estado tiene valores jurídicos, administrativos y hasta demográficos, que con la estructura de la modalidad municipal, tradición española, completa el cuadro biológico de un sistema funcional de gobernabilidad descentralizada.

Originalmente la Isla de Cuba fue dividida en 1607 por el rey español en dos mitades y con gobiernos independientes uno del otro: Habana y Santiago de Cuba. Luego en 1827 el Gobernador, radicado en La Habana, la dividió en tres departamentos: Oriental, Central y Occidental, cuyas capitales eran Santiago de Cuba, Puerto Principie y La Habana.

Después de la Guerra de las Díez Años, que concluyó con la Paz del Zanjón y la Protesta de Baraguá, el gobierno colonialista se vio precisado a ofrecer determinadas concesiones políticas (que nunca cumplió) a los insurrectos cubanos. Entre ellas se encontraba que tendría representación en las Corte. De ahí surge la división por provincias a fin de elegir diputados por cada una de ellas. Por lo que en 1878 se dicta un Real Decreto para el gobierno y la administración de la Isla de Cuba quedara dividida en seis provincias civiles: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Principie y Santiago de Cuba.

En 1891 se crean tres regiones que agrupan en cada una a dos provincias. Sin embargo, también había una división territorial popular que dividía a la Isla en Vuelta Arriba y Vuelta Abajo. La primera se extendía desde Matanzas hasta Oriente, y la segunda desde La Habana hasta Pinar del Río. A Puerto Principie se le fue llamando Camagüey, cambio que fue reconocido en todos los documento oficiales de la República.

Por entonces esta división estaba basada más en la tradición que por verdaderas necesidades políticas, pues nuestra República, por su relativa pequeña extensión y por el carácter unitario de su gobierno, no ofrecía marcadas diferencias regionales, como ocurre en otros países.

El gobierno de las provincias estaba constituido por un Gobernador, con funciones ejecutivas, y por un Consejo Provincial, que poseía facultades legislativas, aunque muy limitadas.

A partir de 1944 los consejos provinciales quedaron integrados por los alcaldes de los municipios correspondientes a la provincia respectiva.

El jefe ejecutivo de cada provincia era el Gobernador, electo por un período de cuatro años. Entre sus funciones figuraba el hacer cumplir los acuerdos del Consejo Provincial y encargarse, como Delegado del Poder Ejecutivo, de hacer cumplir las leyes, decretos y demás disposiciones del gobierno.

El Consejo Provincial integrado por los alcaldes, debería reunirse una vez cada dos meses. Entre sus funciones figuraban aprobar los presupuestos provinciales y acordar las obras públicas de interés provincial que debían ejecutarse.

Todas estas divisiones administrativas cubanas, para distinguir la unidad superior de división del territorio del Estado, muchas veces tenia que ver con criterios de carácter político y nada con las exigencias económicas; por el contrario, sirvió también para el enriquecimiento ilícito y para la politiquería que se conoció hasta el triunfo de la Revolución en 1959.

Luego de asegurada por la Revolución la base inicial de la planificación, eso es, la posesión de los medios de producción, de los bancos y el monopolio del comercio exterior, se hacía necesario proporcionar a los organismos planificadores una estructura político-administrativa que ofreciera la posibilidad de formular planes centralmente y, al mismo tiempo, de controlar su ejecución a todos los niveles.

Las transformaciones revolucionarias, por un lado, elevaron el papel y la autoridad de las provincias, que hasta entonces habían tenido un carácter más simbólico que real, pero a la vez condujeron, a partir de 1963, a la creación de regiones, como eslabón intermedio entre aquellas y los municipios.

Ya en 1973 nos encontramos que, manteniéndose en lo fundamental los primitivos límites provinciales, existían 58 regiones territoriales. La estructura de dirección comprendía de este modo tres eslabones intermedios entre la dirección nacional y la base: la provincia, la región y el municipio.

Pero no resultaba ni racional ni funcional de acuerdo a las exigencias del desarrollo económico y social planificado, ni para el perfeccionamiento de las instituciones del Estado revolucionario que se realizarían, por lo que en 1976 se arribó a una nueva división político-administrativa con catorce provincias: Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila, Camaguey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La Isla de Pinos, o de La Juventud ahora, quedaría como un municipio especial, atendido directamente por las instancias centrales de la nación.

Pero entonces la provincia de La Habana resultaba muy grande con 19 municipios y sus organismos provinciales radicaban en el territorio de La Ciudad de La Habana, quedando así una infraestructura compleja, resultando las cosas un tanto más difíciles y se generaban no pocos contratiempos, solo la tradicional voluntad, tesón y espíritu de los habaneros pudo sacar adelante estas tres décadas de realizaciones en lo económico, científico y social, como expresión de la obra creadora de la revolución .

En el 2010 se modificativa la División Político-Administrativa de 1976 y se crean las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque. Esta modificación tiene el propósito principal de elevar la atención a la población mediante una organización más funcional y racional de la Administración y del Gobierno, bajo la concepción del ahorro y el uso racional de todos los recursos, en particular con las plantillas ajustadas a sus funciones y una clara delimitación de facultades en las interrelaciones con los organismos de la administración central del Estado, las empresas nacionales y las organizaciones políticas y de masas.

Por: Daniel Martínez Quintanal (UNHIC)

Via:: Diario Mayabeque


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