La puesta en marcha del tarifazo

El anuncio de que los titulares de la tarjeta Sube también soportarán un aumento de tarifas -con excepción de los indigentes- es sólo la punta de un tarifazo de alcance más general.
Las naftas acaban de subir otro 7%, completando -en el último año y medio- un aumento del 40%. Las últimas subas han sido por presión del presidente de la “nueva” YPF, un hombre ligado a las petroleras internacionales. Por lo tanto, la ‘regulación del mercado petrolero’, anunciada en estos días, viene precedida por la desregulación progresiva de los precios de los combustibles. Los diarios de negocios saludan, en estos días, el “alineamiento” de las naftas argentinas con los valores de la región. A caballo de estas subas, los peajes en las autopistas acaban de aumentar en un 20 por ciento.
Dirigismo oficial
La puesta en marcha del tarifazo es una nueva vuelta de tuerca de la crisis política. Después del desastre de Once, el gobierno tuvo que postergar los aumentos de tarifas y agudizó sus medidas dirigistas en relación con las privatizadas. Pero como ocurrió con YPF, el eje de esa intervención fue el relevo de ciertos capitalistas por otros, para dejar a salvo al régimen de las concesiones privadas. En el caso del ferrocarril, el gobierno apartó al vaciador Cirigliano del Sarmiento, pero sólo para reforzar la presencia de otros privatizadores, como Roggio. Lo mismo ocurre en la gestión petrolera, cuando desplaza a Repsol para abrirle el juego a las petroleras yanquis o, más recientemente, en el sector eléctrico, con una ‘intervención’ que ha debutado rescatando a los accionistas privados de distribuidoras y generadores de energía con dinero del Anses o del Banco Nación.
Pero los pulpos exigen otras garantías. Las negociaciones de YPF con las petroleras americanas sólo obtuvieron como resultado el reclamo de libertad de precios y de remisión de utilidades al exterior. Otras tratativas con las petroleras chinas no aportaron nada diferente: la estatal Cnooc exigió “un sinceramiento de los precios locales hasta alinearlos con los internacionales” (La Nación, 10/7). En el caso de las eléctricas, hasta el diario oficialista BAE (18/7) admite que “ningún empresario -ni siquiera afín a las políticas oficiales- quiere entrar en cuanto no haya certidumbre de una revisión tarifaria integral” . El tarifazo en la energía prepara las condiciones para un aumento posterior del gas, que alimenta sus usinas. La crisis fiscal ha terminado con las pretensiones oficiales de contener los tarifazos y, a la vez, preservar a los privatizadores.
Crisis política
La transferencia del transporte público a las provincias -y sus finanzas quebradas- es un intento por trasladar a los distritos el peso del ‘ajuste’, y se ha colocado en el centro de la crisis política con Scioli, por un lado, y con Macri, por el otro. En cualquier caso, la bancarrota de los servicios públicos pretende serle endosada a los usuarios y a los trabajadores. Ha vuelto a estallar la huelga en el subte, por un aumento de salarios que ni Macri, los K o Roggio quieren asumir. El planteo de “que Macri se haga cargo” -levantado por los kirchneristas de toda laya en la Ciudad- es, simplemente, el reclamo de otro tarifazo en el subte.
Otra crisis con la clase obrera se ha planteado con los recolectores de residuos: la rescisión de contratos de los municipios con Covelia (Moyano) es el pretexto para reemplazar a trabajadores con convenio camionero por municipales precarizados.
La crisis de la gestión capitalista de los servicios públicos quiere ser resarcida con tarifazos o con congelamiento salarial y precarización. Esta “alternativa” es compartida por los K, Macri, Scioli o Binner (quien aplica sus propios boletazos en Santa Fe).
En oposición a un nuevo rescate sin futuro de los privatizadores, planteamos: No al tarifazo. Que se abran los libros de todas las privatizadas, para poner de manifiesto sus vaciamientos y fraudes recurrentes. Nacionalizar el petróleo y los servicios públicos bajo gestión de los trabajadores. Fuera la burocracia sindical de la gestión ferroviaria y de todas las empresas privatizadas.
Marcelo Ramal