Marcos Salgado
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió este lunes una orden de detención “preventiva” contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por “robo agravado” y otros seis delitos relacionados con el avión de la estatal venezolana EMTRASUR, que estuvo secuestrado en Argentina desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, donde fue desguazado.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó que, tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal, se acordó la orden de detención contra Milei, así como contra su hermana, la secretaria general de la presidencia argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La orden de captura es por los delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir”.
Desde Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni contestó la semana pasada: “es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país”, dijo.
En realidad, eso no es así. La justicia argentina, en decisión de la Cámara Federal, un tribunal de control, resolvió que no se había establecido delito alguno en la operación del avión retenido en Ezeiza, y liberó la aeronave. Antes, los mismos jueces habían ordenado liberar a la tripulación, compuesta por ciudadanos iraníes y venezolanos. Quien entrega el avión a Estados Unidos es el poder ejecutivo argentino, cuando Milei llevaba pocas semanas en el cargo.
Además de la causa judicial y el pedido de captura de los hermanos Milei y Bullrich por el despojo del avión, la fiscalía venezolana anunció el comienzo de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por Milei y sus funcionarios en la represión repetida contra sectores populares que protestan por la pauperización a los que los somete el mandatario ultraderechista y su plan de reconversión de la economía argentina en beneficio de los sectores concentrados de la economía.
Ojo por ojo
Tanto el pedido de captura como la investigación por violaciones a los derechos humanos constituye una clara respuesta del Estado venezolano a la ofensiva de Milei contra Maduro.
El argentino se mueve en línea con los intereses de Estados Unidos en la región, y lo hace sin ambages. Quiere ser un buen alumno de Washington y por eso restableció el impulso ante la Corte Penal Internacional de la denuncia contra Maduro, que había sido formalizada por los países del extinto grupo de Lima, en tiempos de Mauricio Macri en la presidencia.
Durante los cuatro años de Alberto Fernández, Argentina se alejó de la denuncia y prefirió mejorar las relaciones con Venezuela, a tono con la estrategia de otros gobiernos, como Brasil, Colombia y México. Con Milei en la Rosada, el alineamiento con Washington estaba cantado y anunciado. El seguidismo incluye también a Israel y alineamiento indefendible con el genocidio en Gaza.
También el lunes, en la misma jornada en que se conoció el fallo del TSJ venezolano, se difundió en medios argentinos una resolución de la Cámara Federal de Buenos Aires, donde se instruye al juez federal Sebastián Ramos que pida la captura internacional del presidente Maduro y del actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, en una causa que lleva tiempo pero se reactivó hace poco, donde se insiste en responsabilizar a Maduro y a Cabello por supuestos crímenes de lesa humanidad contra opositores.
En paralelo a Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente Maduro, y “otros cabecillas del régimen”. El gobierno argentino se apresuró en reconocer sin evidencia sólida al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones, esto detonó el rompimiento total de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Brasil asumió con el debido acuerdo del gobierno venezolano la representación de los intereses de Argentina en Venezuela, así como la custodia de los inmuebles diplomáticos. En uno de ellos, la residencia del embajador, siguen seis integrantes de Vente Venezuela, la agrupación de María Corina Machado, a la espera de un salvoconducto para volar a Buenos Aires. Una decisión que parece cada día más lejos.
La estrategia de la diplomacia venezolana es clara: no ceder ni un centímetro. Así, por caso, siguen suspendidas las operaciones aéreas de empresas de Panamá y República Dominicana en aeropuertos venezolanos, también como represalia por el desconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio.
En particular con Argentina, a esta crisis no se le ve solución. Por el contrario, todo indica que seguirá, mientras Milei siga en La Rosada, crecerá y tendrá nuevos capítulos. Aunque, claro, el tono y el alcance se define en el Departamento de Estado, y no en el Palacio San Martín de Buenos Aires.
*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTV en Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).
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