La responsabilidad de comunicar.

*Luisa Ortega Díaz.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la libertad de expresión sin censura alguna, pero también establece que quien la ejerza asume la plena responsabilidad por todo lo expresado, precisando que las personas tienen derecho a una información oportuna, veraz e imparcial. Desde 1999, el derecho a la información fue consagrado en la Carta Magna como una conquista para un pueblo que durante 40 años de aparente democracia fue privado de la posibilidad de expresarse libremente y acceder a la verdad. Sin embargo, en estos últimos 14 años aún persisten quienes ven en la vieja práctica de la manipulación de la realidad una manera de hacer política. La frase de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, se ha convertido en una máxima para quienes se amparan bajo el manto de la libertad de expresión con el propósito de generar zozobra en la población: “Una mentira mil veces repetida se transforma en verdad”. Es así como en los últimos meses se ha intensificado en nuestro país la difusión de falsas informaciones que podrían estar siendo orientadas a incentivar reacciones de pánico en la población, exacerbando sus necesidades básicas. La difusión de mensajes sobre el supuesto desabastecimiento de productos de la dieta diaria genera compras nerviosas y, en consecuencia, los anaqueles son vaciados por el temor de la gente a quedarse sin alimentos. Ahora, los desestabilizadores han querido insertar una nueva matriz de opinión sobre una supuesta escasez de gasolina, que pretende crear intranquilidad en la población, pero responsablemente se ha podido verificar su falsedad. Contrario al decir de Goebbels, el saber popular indica que “la mentira tiene patas cortas”, y es que se ha evidenciado que las estaciones de servicio en el país están totalmente abastecidas y suministrando de manera regular el combustible requerido por los usuarios. Considerando que la práctica de desinformar se ha hecho cotidiana, el Ministerio Público, como garante de la legalidad, y con el fin de garantizar la tranquilidad de todos los venezolanos, ha iniciado una investigación para determinar la existencia de un posible plan desestabilizador e impedir que se pongan en riesgo la estabilidad democrática y la paz del país. *Fiscal General de la República.