Dos hechos debieran resonar en la conciencia de los estadounidenses, en su lectura de la documentación del Padre Giraldo, acerca del reino de terror en el que se vio sumida Colombia durante la "Guerra Sucia" perpetrada por las fuerzas de seguridad del estado y sus paramilitares asociados, desde principios de los años 80. El primero es que la "Democratadura" de Colombia, como Eduardo Galeano denomina el actual laberinto de formas democráticas y terror totalitario, ha pasado a encabezar el índice de vulneración de los derechos humanos en todo el hemisferio, en los últimos años, lo cual es sin duda toda una proeza, vista la competencia.
El segundo es que Colombia ha contado para sus crímenes con ciertos cómplices, de entre los cuales, el gobierno de EE.UU. se lleva la palma, si bien, Gran Bretaña, Israel, Alemania y demás han colaborado en el adiestramiento y el aprovisionamiento de armas a los asesinos y torturadores que forman la red de terratenientes narco-militares que gestiona la "estabilidad" de un país rico en promesas, que se tornan en pesadilla para mucha gente.
En julio de 1989, el Departamento de Estado de EE.UU.A. anunciaba sus planes de subvencionar la venta de armamento militar a Colombia con supuestos "fines contra el narcotráfico". La venta se "justificaba" en el hecho de que "Colombia cuenta con una forma de gobierno democrático que no presenta indicios permanentes de violación de derechos humanos reconocidos universalmente.
Unos meses antes, la Comisión de Justicia y Paz, presidida por el Padre Giraldo, hacía público un informe documentando las atrocidades cometidas en el primer semestre de 1988, que incluían 3000 asesinatos de carácter político y 273 campañas de "aniquilación social". El peaje humano era de ocho asesinatos políticos al día, de los cuales siete personas eran asesinadas en sus propios hogares o en plena calle y una desaparecía. En su alusión a este informe, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) añadía que "la gran mayoría de los desaparecidos en los últimos años son organizadores de base social, campesinos y dirigentes sindicales, militantes de izquierda y activistas pro derechos humanos y demás actores sociales", un total de más de 1.500 personas, en el momento en el que el Departamento de Estado elogiaba a voces la democracia Colombiana y su consideración por los derechos humanos. Durante la campaña electoral de 1988, 19 de los 87 candidatos a alcalde del único partido político independiente, el UP, fueron asesinados, junto con más de 100 del resto de sus candidatos. La Organización Central de Trabajadores, coalición de sindicatos instituida en 1986, había perdido ya a más de 230 de sus miembros afiliados, quienes aparecían muertos tras haber sido salvajemente torturados.
Pero el "sistema de gobierno democrático" colombiano salía airoso, sin tacha ni "indicios consistentes de graves violaciones" de derechos humanos. Para cuando el Departamento de Estado de los EEUUA publicara su informe, los tan encomiables métodos, según el informe, se llevaban a la práctica con extraordinaria eficacia. El índice de asesinatos políticos entre 1988 y 1989 ascendía a 11 personas al día, según un informe de la sucursal colombiana de la Comisión de Juristas Andinos. Entre 1988 y principios de 1992, 9.500 personas resultaban asesinadas por motivos políticos, 830 personas desaparecían y se perpetraban 313 matanzas (1988-1990) de campesinos y gente humilde.
A lo largo de todos estos años las principales víctimas del terrorismo de estado han sido, cómo no, los campesinos. En 1988 las organizaciones sociales de uno de sus departamentos sureños denunciaban una "campaña de aniquilación total y tierra quemada, al estilo Vietnam," llevada a cabo del modo más vil por las fuerzas del ejército, "aniquilando a hombres, mujeres, ancianos y niños. Hogares y cosechas eran arrasadas y los campesinos eran expulsados de sus propias tierras." También fue en 1998 cuando el gobierno de Colombia estableciera un nuevo régimen judicial llamando a la "guerra sin cuartel al enemigo interno," autorizando la "máxima criminalización de toda suerte de oposición social y política," según un informe Europeo - Latino Americano presentado en Bruselas, en el que se examinaba la "consolidación del terrorismo de estado en Colombia".
Cuando se hizo público el informe del Departamento de. Estado Norteamericano, un año después de estos sucesos, el Ministro de Defensa colombiano reincidía en la doctrina de la "guerra sin cuartel" desde todos los poderes del estado "en el ámbito político, económico y social". La Guerrilla era el objetivo oficial, pero como ya observara un alto mando militar en 1987, sus organizaciones eran de escasa importancia: "el peligro real," explicaba, es "lo que los insurgentes han venido a denominar la "guerra política y psicológica," sus esfuerzos por "controlar a los agentes sociales" y la "manipulación de masas". Los "rebeldes" buscan influencia en los sindicatos, las universidades, los medios de comunicación y un largo etcétera, y el gobierno debe atajar esta "guerra" con su propia "guerra sin cuartel en el ámbito político, económico y social."
Vista la doctrina y la práctica, el estudio de Bruselas concluye, con los pies en el suelo, que el "enemigo interno" del aparato terrorista del gobierno se extiende a "organizaciones laborales, movimientos populares, organizaciones colectivas indígenas, partidos políticos de oposición, organizaciones agrarias, sectores intelectuales, corrientes religiosas, colectivos de jóvenes y estudiantes, comunidades de vecinos," de hecho, cualquier sector o colectivo susceptible de verse indeseablemente influenciado. "Todo individuo que, de una u otra forma, comulgue con los objetivos del enemigo debe ser considerado un traidor y tratado como tal," según un manual militar colombiano. El manual data de 1963. Por aquel entonces, la violencia en Colombia se veía "exacerbada por factores externos", escribía el Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos colombiana y antiguo Ministro de Asuntos Exteriores, Alfredo Vásquez Carrizosa, unos años atrás, en un repaso de sus consecuencias. "Durante el mandato de Kennedy," continuaba, Washington " se las ingenió para transformar nuestros ejércitos regulares en brigadas de contrainsugencia, integrando la nueva táctica de los escuadrones de la muerte."
Estas iniciativas "indujeron a lo que actualmente se conoce en América Latina como la "doctrina de la Seguridad Nacional un sistema de defensa contra el enemigo externo, sino el medio de hacer de la institución militar amo y señor de la jugada... [con] derecho a actuar contra el enemigo interno, doctrina introducida por Brasil y adoptada en Colombia: es el derecho de maniobra y aniquilación de los agentes sociales, miembros de sindicatos, hombres y mujeres que no apoyan el sistema y son, por tanto, extremistas comunistas." La "Guerra Sucia" se potenció a principios de los años 80 -- no sólo en Colombia -- conforme la administración Reagan fue extendiendo sus programas por toda la región, dejándola devastada y repleta de cientos de miles de cadáveres de personas torturadas y mutiladas, que cabe no apoyaran lo suficiente al sistema o, incluso, estuvieran bajo la influencia de los "subversivos." Los norteamericanos no debieran permitirse el lujo de olvidar los orígenes de la doctrina de Brasil, la de Argentina, la de Uruguay, la de Colombia," y algunas otras. Fueron diseñadas y aplicadas por alumnos adiestrados y equipados aquí mismo. Las nociones básicas provienen de los manuales norteamericanos de contrainsurgencia y "conflictos de baja intensidad".
fuente: Noam Chomsky "Colombia: La Democracia Genocida",
Puzzle Bobble
Karate Blazers
Puzzle De Bloques
Magical Cat Adventure