La revancha de la Montero: pretende imponer el Impuesto de Sucesiones en todo el territorio

Dicen sus amigos que María Jesús Montero, ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, se la tiene jurada a las plataformas que luchan contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que piensa humillarlas imponiendo ese tributo en toda España. Para lograrlo tendrá que enfrentarse a una opinión pública que rechaza ese tributo por injusto y despiadado, criterio que comparten muchos barones socialistas, que lo han bonificado en los últimos años, presionados por el pueblo. Aseguran que la ministra culpa en parte a la plataforma andaluza "Stop Impuesto Sucesiones" de la caída del PSOE andaluz en las últimas elecciones y de la pérdida del gobierno de Susana Díaz, del que ella formaba parte hasta que Pedro Sánchez la incorporó a su Gabinete. De hecho, la rebelión de los ciudadanos contra el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en Andalucía se cobraba con una crueldad inaudita, fue todo un hito en la pasada legislatura, con movilizaciones ciudadanas en las calles y plazas de todas las provincias y un apoyo importante de los medios de comunicación, toda una guerra contra el poder socialista que convirtió a ese impuesto en el más odiado del país y al gobierno de Susana Díaz en todo un símbolo de opresión al ciudadano. —- La misma fuente asegura que una de las primeras decisiones del nuevo gobierno de Pedro Sánchez sería la de armonizar al alza el impuesto de Sucesiones e imponerlo en toda España, acabando de ese modo con las rebajas y exenciones que disfrutan Canarias, Cantabria, Madrid, Andalucía y otras autonomías.

Es la “venganza” de la Montero, la más feroz defensora de ese impuesto, el más impopular, rechazado y odiado por los españoles, por la injusticia que encierra arrebatar las herencias a los ciudadanos, haciéndoles pagar con dureza al recibir los bienes legados por sus mayores, que ya tributaron en el pasado.

En esa línea, Ángel Gabilondo, candidato socialista a presidir la comunidad de Madrid, acaba de proponer la reimplantación de ese impuesto en su región, donde quedó prácticamente suprimido por decisión del anterior gobierno del PP, provocando con su declaración una fuerte oposición que le hizo retroceder y aclarar que el impuesto afectaría únicamente a herencias superiores a un millón y medio de euros.

Los impuestos se han convertido en uno de los asuntos claves que deciden las elecciones en España y en el mundo. Los partidos de izquierda quieren aumentarlos y los de derecha reducirlos. Son dos modelos de economía y de sociedad enfrentados: las izquierdas quieren mas Estado y menos sociedad, un gobierno fuerte e intervencionista y muchos impuestos; las derechas quieren menos Estado, más libertad para los ciudadanos y la sociedad civil y los mínimos impuestos posibles, ya que existe el criterio de que el dinero, donde es más productivo es en el bolsillo de los ciudadanos para que lo gasten y activen la economía.

Dentro de la batalla de los impuestos, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el que cobra por las herencias y las donaciones, se ha convertido en el símbolo de la injusticia tributaria, pues cobra por lo que ya ha tributado y viola el derecho del ciudadano a transmitir sus ahorros y propiedades a sus descendientes. No en vano es el impuesto más impopular de España y el más odiado por los ciudadanos.

La izquierda española, personificada por el PSOE y Podemos, se empeña en imponer ese tributo, a pesar de que las encuestas dicen que casi un 80 por ciento de la ciudadanía quiere abolirlo. Pero al imponerlo se enfrentará con una importante resistencia ciudadana, sobre todo en las regiones que habían logrado la casi supresión de ese tributo gracias a las protestas y movilizaciones populares.

Sin embargo, a pesar de ese rechazo al impuesto, el PSOE obtuvo una victoria importante en las elecciones del 28 de abril y en la práctica fue votado por millones de españoles que rechazan el llamado "Impuesto a los Muertos", liquidando las bonificaciones que prácticamente eliminan ese denostado impuesto en Madrid, Canarias, Cantabria, Andalucía y otras comunidades, exenciones conseguidas gracias a la protesta popular.

Francisco Rubiales