La ruta del dinero: los millones negociados con las petroleras en Neuquén

El manejo de los fondos por las prórrogas de las concesiones de las áreas, el rol del MPN y el raid de Sapag y Coco por distintas oficinas. La demagogia política volvió a triunfar sobre el sentido común.

Fueron años de bonanza para la provincia. El saliente gobernador de entonces, Jorge Sobisch, había acordado a fines del 2007 con su sucesor, Jorge Sapag, el manejo de los fondos que se iban a obtener por las prórrogas de las concesiones de las áreas petroleras. Fue un acuerdo cerrado con beneficios para ambos.

Las expectativas eran muy buenas y la recaudación, años después, así lo revelaba.

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Miles de millones de pesos iban a ingresar a las arcas fiscales para el desarrollo de la provincia. Ese era el eslogan del gobierno de Jorge Sapag a la hora de dar explicaciones sobre lo que se iba y estaba conversando con las empresas. ¿Quién podía oponerse a semejante propuesta?

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Pero como ocurre en los partidos que están enquistados décadas en el poder, como es el caso del MPN liderado por la familia Sapag, los acuerdos se hacen, pero con las condiciones que se imponen desde lo más alto del Ejecutivo. Ahí no hay concesiones.

Así el gobernador encabezó a partir del 2008 junto con su alter ego, el entonces ministro de Energía, Guillermo Coco, un raid por las oficinas de las empresas petroleras para renegociar las áreas que estaban en disputa. En sólo cuatro años (2009-2012) los recursos obtenidos por estas negociaciones totalizaron alrededor de 3.200 millones de pesos, cifra que actualizada al día de hoy supera los 15.000 millones. Un valor nada despreciable.

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Según fuentes ligadas al entorno del entonces gobernador, "de las reuniones con las empresas para definir el valor de la prórroga o una nueva concesión sólo participaba Sapag y Coco". Era común escuchar entre los funcionarios, que se enteraban por los medios, qué es lo que finalmente se había acordado en cada una de ellas. Pese a este estilo para gobernar, Sapag siempre quiso dar la impronta de que sus actos eran republicanos. La Legislatura aprobaba cada uno de estos acuerdos, obviamente sin ningún tipo de discusión previa, tal como se observó durante gran parte de la década ganada kirchnerista. Se cumplía así con un protocolo de la democracia.

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Pero ningún neuquino supo muy bien, en todo ese tiempo, por qué un área podía cotizarse 5, 50 o 500 millones de dólares. Las conversaciones siempre eran cerradas entre un grupo minúsculo de empresarios petroleros y la dupla oficial mencionada. Todo muy oscuro o, mejor dicho, poco transparente.

Finalmente, la promesa oficial era que los fondos que ingresaron al fisco iban a ser destinados para el desarrollo de la infraestructura provincial. Hacia principios de la década llovían anuncios de obra pública que acallaban las aisladas críticas de la oposición cuestionando los métodos usados para renegociar con las petroleras.

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Pero nada de eso ocurrió. La mayor parte de esos recursos fueron derivados a un fondo fiduciario, un atajo financiero para manejar el dinero sin grandes controles. A la distancia, una década después, uno puede arriesgar que poco de esos dineros públicos logrados por la riqueza del subsuelo neuquino terminaron en obras. La mayor parte de esos fondos fueron a saciar los gastos corrientes que hicieron colapsar las cuentas de la provincia años después.

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Para muchos economistas, por el destino que tuvo el dinero generado con las prórrogas, la provincia perdió una nueva oportunidad para desarrollarse. Se volvieron a rematar las joyas de la abuela.

Desde que comenzó a ingresar el dinero de los acuerdos petroleros hasta hoy el Estado provincial incorporó unos 12.000 nuevos trabajadores a su planta de personal. Cifra equivalente hoy a unos 6.000 millones de pesos al año. Mucho dinero teniendo en cuenta la crítica situación económica que atraviesa la provincia.

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Sin dudas, la falta de gestión fue clave para el éxito de todo este proceso. La demagogia política volvió a triunfar sobre el sentido común. Es decir, sobre la gente.