La salud como negocio. El caso Novartis

Campo de refugiados procedentes de Darfur en Chad
Fotografía: Mark Knobil - Fuente

El aspecto sanitario, entendido como un derecho básico, queda recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se reconoce que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…”. Sin embargo, como es regla habitual en la lógica de mercado, este derecho encuentra su salvedad no escrita cuando se contrapone a determinados derechos económicos y de explotación. En este caso, el acceso a una medicina efectiva que garantice unos cuidados paliativos y mejore las condiciones vitales de los enfermos puede verse obstaculizado por otras cuestiones más perentorias referidas a las patentes o a los derechos de propiedad intelectual, conceptos, que si bien obedecen a una lógica excesivamente mercantil, han conseguido extenderse impregnando las legislaciones nacionales e internacionales sobre cualquier materia. Es decir, asunto tan grave como una sanida universal de calidad que asegure una asistencia adecuada al enfermo puede verse ostensiblemente limitada por las disposiciones dictadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), especialmente por todas aquellas cláusulas relativas al Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Campo de refugiados en el Congo
Fotografía: Julien Harneis - Fuente

La cuestión en torno a un medicamento desarrollado por la gran empresa farmacéutica Novartis, con sede en Basilea (Suiza), se ha convertido en campo de batalla que enfrenta dos puntos de vista en torno a un mismo asunto: el acceso universal a la salud. Desde el ámbito de la empresa privada y su lógica comercial, representado por Novartis, el medicamento se concibe como un producto sujeto a las restricciones impuestas por la propiedad intelectual. Lo que supone que cualquier firma empresarial puede mantener la patente durante veinte años como mínimo sobre los medicamentos que haya creado y registrado, generando sobre los mismos un monopolio que incide en su precio final. Frente a la idea de la patente, los medicamentos genéricos suponen un abaratamiento de los costes de muchas medicinas fundamentales, especialmente en países en vías de desarrollo. Muchas empresas dedicadas a la producción de genéricos desarrollan los mismos productos pero con diferentes métodos abaratando costes y, por lo tanto, el precio final. Son, evidentemente, dos concepciones sobre el negocio farmacéutico llamadas a enfrentarse constantemente. En esta tensa rivalidad, India juega el papel de “farmacia de los países pobres” al ser principal productor y exportador de medicamentos genéricos, especialmente a países del Tercer Mundo.

Clínica para el tratamiento del VIH/SIDA en la India
Fotografía: John Hill - Fuente

En el fondo, no se trata más que de una práctica muy extendida en el mundo de la industria farmacéutica. Una determinada firma registra un medicamento. Durante el periodo de vigencia legal de la patente, esa empresa es la única que puede producirlo y, por lo tanto, es la única capaz de establecer el precio que considere oportuno sin que medie la competencia. Es una estrategia cuya consecuencia más evidente es el encarecimiento del producto ofertado. Cuando la patente va a expirar, la compañía farmacéutica realiza una pequeña modificación del medicamento que vuelve a patentar, lo que le permite prolongar su derecho de exclusividad. Sin embargo, el Gobierno indio es especialmente exigente en esta cuestión de la novedad en el producto farmacéutico ya que exige explícitamente que la innovación tenga “efectos terapéuticos” probados, no simples modificaciones en su proceso productivo.
Novartis comercializa y tiene la patente de Gleevec, tratamiento empleado contra un tipo de leucemia. En la actualidad, la India produce un genérico similar y ha rechazado la patente suiza al considerar que no supone una innovación con “efectividad terapéutica”. Desde entonces, Novartis ha decidido emprender una larga guerra judicial que ya se prolonga durante seis años y que podría finalizar en agosto de 2012, siempre y cuando no se recurra a instancias internacionales. El Gobierno indio acepta las condiciones derivadas de la ADPIC, sin embargo, mantiene una cláusula que protege al genérico en asuntos de salud pública mediante una visión de la patente y sus posibles innovaciones muy restrictiva a ojos de los ejecutivos de la firma suiza.

Prevención del VIH/SIDA en Costa de Marfil
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La cuestión responde a un trasfondo mucho más amplio como han denunciado algunas ONGs. La denuncia de Novartis, empresa que se defiende aludiendo a su responsabilidad social, intenta atacar esa cláusula relativa a la salud pública de la Ley de Patentes india. Muchos medicamentos se verían sometidos a patentes que imposibilitarían su desarrollo genérico y su consiguiente abaratamiento. El resultado más obvio de una victoria judicial de la compañía suiza no sería más que imposibilitar el acceso a los medicamentos y tratamientos a millones de personas en todo el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo afectados de enfermedades como el VIH/SIDA, malaria, cáncer y un largo etcétera.
El resultado ofrecerá una revisión de la lectura que puede hacerse de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que hacíamos referencia al comienzo de este texto. Evidentemente, si la justicia india otorga la razón a la compañía suiza no hará más que confirmar la óptica económica con que deben ser releído, e incluso reescrito, todo el articulado. Si los tribunales indios dan la razón a Novartis, de nuevo habrá primado la razón de mercado y económica sobre la humana.
Luis Pérez Armiño
Campaña de Médicos Sin FronterasNovartis. No más ataques contra los genéricos