La salud reproductiva topa con la Iglesia en Filipinas

Carlos Celdrán es un activista filipino de los derechos humanos que defiende los derechos a la salud reproductiva. El 30 de septiembre de 2010 se caracterizó como el héroe nacional filipino, el escritor José Rizal, y protestó contra la participación de la iglesia católica en la política acercándose hasta el altar de la catedral de Manila con una pancarta en la que se podía leer loa palabra “Dámaso” e interrumpiendo una reunión de sacerdotes católicos y pastores protestantes.

Dámaso es el nombre del protagonista de la novela “Me Tangere” (“No me toques” en latín) de José Rizal. Se trata de un sacerdote moralmente corrupto que simboliza el control abusivo que los clérigos españoles ejercían en Filipinas en el siglo XIX. Con esta polémica y pacífica protesta, Celdrán se refería a los esfuerzos del clero para influir en el Congreso a fin de que no entre en vigor una ley sobre salud reproductiva.

Celdrán fue arrestado y pasó la noche detenido. Después se le acusó de “ofender los sentimientos religiosos” en aplicación del artículo 133 del Código Penal Revisado, que establece penas de prisión para quienes lleven a cabo “actos notoriamente ofensivos para los sentimientos de los creyentes” en lugares dedicados al culto religioso o durante ceremonias religiosas. El 28 de enero de 2013 un tribunal de Filipinas lo declaró culpable con una condena de duración indeterminada entre dos meses y 21 días y un año, un mes y 11 días. El condenado se encuentra en libertad bajo fianza y va a recurrir la sentencia.

El Congreso de Filipinas promulgó en diciembre de 2012 la Ley de Paternidad Responsable, Salud Reproductiva y Población y Desarrollo (antes proyecto de Ley sobre Salud Reproductiva) tras más de una década de cabildeo de la sociedad civil. Las disposiciones más polémicas de esta ley son las que tratan de la atención médica tras el aborto, la financiación estatal proactiva de métodos anticonceptivos modernos y la obligatoriedad de la educación sexual y sobre la salud.

Durante su tramitación, el proyecto de ley recibió duras críticas y una fuerte oposición por parte del clero católico en un país predominantemente de esta confesión como Filipinas, donde aproximadamente el 80% de la población profesa esta fe. La Conferencia de los Obispos Católicos de Filipinas se manifestó de manera muy activa contra la promulgación de la ley y los sacerdotes tildaron de “desalmados” y “anti-vida” a sus defensores y los amenazaron con la excomunión.

El Código Penal Revisado de Filipinas es una disposición legal que está vinculada al pasado histórico de la nación y a la gran influencia de la iglesia católica, que llegó al archipiélago con los colonizadores españoles, en los asuntos políticos de Filipinas en el siglo XIX. En aquella época es obvio que la libertad de expresión brillaba por su ausencia. Ahora se ve que también.