Todo el mundo tolera lo absurdo y lo falso porque se va insinuando subrepticiamente, más no lo verdadero y rotundo, porque es excluyente. Johann Wolfgang Von Goethe
Es difícil discernir de un amigo a quien uno aprecia y respeta por su vasta cultura y conocimiento del derecho. Juan Ramiro Robledo es un político potosino formado en el seno de un grupo que controló no sólo la grilla interna en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino que además tomaron por asalto el poder ejecutivo del estado de la mano de un pelele que gustaba de pasar sus días jugando tenis en el club deportivo potosino.
Leopoldino Oriz Santos fue jefe del ejecutivo después de una etapa convulsa provocada por el derrocamiento del gobernador electo Florencio Salazar Martínez. El secretario de la universidad autónoma Juan Ramiro Robledo Ruíz, sería el secretario de gobierno del estado y el abogado general de la UASLP, Óscar Carlos Vera Fabregat, sería el procurador de justicia.
Era la época de mayor auge de Alfonso Lastras Ramírez, rector de la universidad, un sujeto perverso que hacía política gangsteril y que dejó una huella muy profunda en el ideario de los personajes que trataron (o sufrieron) su estilo autoritario. El Diablo Lastras hizo de sus seguidores, una suerte de secta de fanáticos y masoquistas satánicos que aún añoran las viejas glorias del poder.
Quedan pocos políticos en activo que provengan de aquella época, Óscar Vera Fabregat ahora propietario de un partido político con registro estatal (Partido Conciencia Popular) y Juan Ramiro Robledo, diputado federal por el partido del presidente Andrés, los dos provienen de la era mesozoica, y ya andan rasguñando los ochenta. Ellos hacían política en una época en que aún se leían los diarios y solo hablaba frente un auditorio alguien que dominaba un tema y conocía de mínimos aspectos de oratoria.
En días pasados el diputado al Congreso de la Unión Juan Ramiro Robledo presentó una iniciativa que pretende adicionar dos párrafos al artículo 128 de la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he aquí lo sugerido:
“Los actos de los poderes, órganos y entidades públicas en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no serán objeto de suspensión.”
“La autoridad judicial al resolver sobre el fondo de la demanda se ocupará de determinar la responsabilidad patrimonial del estado, si fuera el caso, y lo remitirá a la autoridad jurisdiccional competente para su ejecución.”
De no ser porque ya había sido advertido de que tal propuesta fue presentada por el licenciado Juan Ramiro Robledo no cometí el error de estallar en hilarante carcajada, lo normal hubiera sido pensar es que el autor de semejante “ideota” era un oportunista y zalamero. En días pasados se hizo el anuncio de que un juez federal resolvió conceder la suspensión de amparo en perjuicio de la constitución del tren Maya.
Al parecer unos maliciosos ecologistas ultraconservadores apoyados por falsos indigenistas neoliberales que se resisten al progreso, habrían logrado un pírrico triunfo (por lo visto) para obligar al estado a responder algunas preguntas que ellos consideran legítimas, como por ejemplo: si se tiene contemplado el daño ecológico al ecosistema y el impacto cultural, social y económico para los grupos étnicos de la región que sufrirá la invasión de famoso proyecto. Uno de los tres grandes proyectos sobre los que está cimentado el mito fundacional de la “cuarta transformación”.
Evidentemente que Andrés Manuel López Obrador estaba muy molesto con ese juez, se lo hizo saber a todos en su conferencia de prensa de la mañana, lastima que ya no tiene a Santiago Niego en la Unidad de Inteligencia Financiera (lo corrió por no respetar el voto de pobreza) que si no, ya habría encontrado la forma de hacer renunciar a ese juez como lo hizo con el magistrado de la suprema (y tremenda) corte Eduardo Medina Mora. Seguramente le harían una propuesta que no podría rechazar.
Como sea, lo que Juan Ramiro Robledo propone es que ningún juez pueda dictar una suspensión en juicio de amparo contra casi cualquier acto de autoridad que haya sido auspiciado, financiado o fomentado por un presidente de la república. Al menos no hasta que ya sea un acto consumado y entonces la naturaleza jurídica haya cambiado. Si acaso sólo podrá pelear una indemnización por los estragos causados.
Como sea, la propuesta llegó un poco tarde, el presidente ya decidió que va desobedecer la orden del juez con el viejo – nuevo argumento de que tratándose de seguridad nacional debería exceptuarse la aplicación de una serie de ordenamientos y preceptos legales que normalmente harían de la vida de un gestor un infierno.
O sea, él presidente ya dijo que se va pasar por el arco del triunfo cuanta suspensión le manden los jueces del poder judicial federal porque acaba de descubrir que puede decretar “asunto de seguridad nacional” casi todo, desde su declaración patrimonial hasta si se reúne con el obispo a jugar a las cartas. O sea, que como quiera le valió madres.
Recientemente recibí con agrado el obsequio de un librito de fácil lectura por parte de un abogado fanático derecho, es un cuento de ciencia ficción, un humilde molinero que por allá del siglo XVIII se enfrenta a un pernicioso vecino que le ofrece comprar su molino para que deje de arruinar la perspectiva del entorno y también de paso eliminar el molesto ruido que producen sus aspas. Mala suerte haber encontrado en su camino al rey Federico II El Grande.
Sin embargo, después de concurrir ante los jueces famosos el rey es obligado no sólo a reconocer el derecho del molinero a existir, también los jueces deciden solicitar al rey indemnizar económicamente los daños causados al humilde molinero. Incluso, creo que aún existe el molino famoso, habría que ir a Sans Souci, en Potsdam, muy cerca de Berlín. La leyenda es fabulosa, y da curso a una serie de interpretaciones que exaltan el mecanismo de contrapeso que representa el poder judicial ante el abuso de los reyes y dictadores.
En la historia documentada, ajena al romanticismo que perdura sobre la leyenda del molinero y el rey, Federico II es una suerte de tercer interesado oficioso que interviene con todo el poder de la “Presidencia de la República y la Cuarta Transformación”, cuando la sentencia no favorece al molinero Arnold y se desata una “cacería de brujas”, un montón de magistrados de apellido impronunciable se ven asediados por el autoritario gobernante que se vio perjudicado en sus intereses.
En una reciente entrevista para el portal digital Plano Informativo Juan Ramiro Robledo se lee de menos indignado: “a mí me parece que los jueces de amparo deben ser muy cuidadosos para conceder la suspensión porque paraliza la administración pública del gobierno en turno. No hablemos nada más de este, al rato habrá otro gobierno”.
Él legislador debería ponderar el hecho de que si quizás las áreas del gobierno encargadas del proyecto del tren Maya hubieran observado todo los requerimientos que exige la ley y no actuado de forma arbitraria tal vez, el juez no habría concedido la famosa suspensión. Existe la posibilidad de que la incompetencia de los encargados del proyecto hayan provocado el conflicto, tal vez por la premura del tiempo, quizás por incapacidad.
No siempre hay un grupo de conservadores con capucha y crucifijo al cuello conspirando contra la cuarta transformación, en muchos de los casos un poco de autocrítica y profesionalismo les ayudaría para no andar haciendo malabares todo el tiempo y, para no pasar por inimputables.
Constantemente hay gentiles queriendo ganar el favor de un hombre poderoso con alabanzas, aunque sea una reelección o un escaño en el Senado. El presidente Andrés Manuel López Obrador provoca esas reacciones en la gente, algunos lo detestan como si fuera el aliento de lucifer, otros lo aclaman como si el mismo mesías viniera hacia ellos caminando sobre el agua.
La cuestión no es si hay jueces en México, la pregunta es : ¿resistirán?