Foto: I See Modern Britain
Así lo reconoce la Agencia Tributaria, según sus datos las ventas de las grandes empresa ha caído un 18% por el efecto de la subida del IVA aplicada en septiembre. Los datos corresponden a las grandes empresas, porque los de las pymes no se tendrán hasta la próxima liquidación impositiva que se hará en enero. En todo caso se presume que en las pequeñas empresas el descenso será mayor.
No por esperado el dato deja de ser preocupante. En un entorno económico contractivo y con el consumo descendiendo a ritmo vertiginoso aumentar la carga impositiva no hace más que acelerar la caída.
Lo peor de todo es que esta subida tampoco va a conseguir aumentar la recaudación del Estado, que es para lo que se ha planteado. Es sabido, excepto para este Gobierno, que más impuestos no garantizan más recaudación y, por contra, sus efectos sobre el consumo y, por consiguiente, sobre la actividad empresarial suelen resultar muy negativos.
¿A qué lleva todo ésto? La reducción de la actividad empresarial hace que los beneficios mermen (por lo que los impuestos que se pagan por este concepto también son menores), las empresas tendrán menos necesidad de personal y eso llevará a reducir empleos y, en muchos casos, salarios (por lo que habrá menos contribuyentes y más pobres) y todo ello hará retroceder más el consumo y continuará la espiral.
Lo que se necesita es alinear los intereses del Estado con los de loa que lo forman (empresas y personas) y que el posible beneficio de uno no se convierta en perjuicios para los otros. Esa sería la situación ideal, pero está muy lejos de ser la realidad española.
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