La transfiguración de la política indígena en la ciudad de méxico

-Primera Parte-

La candidata por la coalición “Juntos haremos Historia” a la Jefatura de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum, había generado altas expectativas para los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes durante su campaña de 2018.

Esto se reafirmó con el evento de campaña del 14 de junio realizado en la Plaza Tlaxcoaque – acaban de pasar 5 años- , en donde la Dra. Claudia Sheinbaum anunciaba la creación de una Secretaría especializada para la población indígena en la Ciudad de México; se comprometía a iniciar un proceso de reconocimiento jurídico de los pueblos originarios de las 16 Alcaldías y que se garantizaría los derechos de los pueblos indígenas.

Estas promesas de campaña eran consecuentes con lo establecido en el vanguardista apartado indígena de la Constitución política de la Ciudad de México, que establecía que los sujetos de los derechos de los Pueblos Indígenas son los pueblos y Barrios Originarios (PYBOS) y las Comunidades Indígenas Residentes (CIR). Esta conquista era producto de un largo proceso de lucha, de aprendizaje y de organización de los PYBOS y CIR, los cuales encontraron un gran aliado en MORENA. 

La continuidad de este proceso era la implementación de los derechos –la política pública- y expedir la ley reglamentaria del apartado indígena. Esto empataba claramente con lo expresado por la Dra. Claudia Sheinbaum en Tlaxcoaque. Eran tiempo de confiar.

El año maravilloso 2019

Las altas expectativas se transformaban en realidades. En 2019 se creaba la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI); la cual instrumentaba programas específicos para la población indígena y algunos de ellos eran instrumentos para la capacitación y el ejercicio de derechos. Los programas de SEPI alcanzaban su techo presupuestal.

 En otra vertiente se aprobaba la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Ley de Pueblos); se realizaba exitosamente la consulta indígena para la línea 1 del Cablebus de Indios Verdes a Cuautepec y en varias alcaldías sus Concejos creaban Comisiones de atención a la población indígena, presididas por concejales emanados de nuestras comunidades originarias.

Las Brisas del Huracán

Sin embargo,  en ese mismo año se generarían las brisas que se transformarían en huracanes. La Ley de Pueblos se establecía que el reconocimiento de los pueblos originarios seria por medio el Sistema de Registro llevado por SEPI; y se comenzaba a dibujar tenuemente la línea de solo reconocer a los pueblos originarios incluidos en el marco geográfico de la Ley de Participación Ciudadana. A la par se exponía la idea de subsumir los derechos indígenas en los derechos agrarios. Lo aires de Xochimilco y Milpa Alta comenzaban a soplar en la Administración pública de la Ciudad de México.

Por ejemplo, en la Consulta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para las Circunscripciones electorales de los concejales de Mayoría (Consulta para Circunscripciones Electorales) se establecía en su metodología que esta Consulta era solo para los 48 pueblos enmarcados en el marco geográfico de participación ciudadana ante el silencio de SEPI. Después se modificaría esta metodología. Seguimos hablando de 2019.

La Ley de Participación Ciudadana, también aprobada en 2019, era impugnada por su contenido regresivo en materia indígena (desaparecían los Consejos de Pueblos) y la falta de Consulta Indígena. Además, se señalaba la falta de coordinación de esta ley con la Ley de Pueblos. 

Se retrasaba la Consulta y la aprobación de los Instrumentos de planeación de la Ciudad, Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial, que deberían aplicarse en el año 2020.  Incluso el nombramiento del Mtro. Pablo Benlliure como titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IDEP) seria hasta finales del 2020. 

Un retraso que implicaba una dilación en la implementación de los derechos de los PYBOS y CIR. Aunque el Programa de Gobierno Provisional de la Ciudad de México si establecía estrategias y acciones a favor de la población indígena. 

La Consulta indígena exhibía sus límites en el tema del Hospital del Contadero. Después de una larga lucha social y jurídica se mandataba la realización de un proceso de Consulta indígena para el pueblo del Contadero. El resultado de la Consulta fue el consentimiento para la construcción del hospital. Sin embargo, algunos actores comunitarios no aceptaron el resultado de la Consulta y se ampararon por el tema medio ambiental. Al final perdieron el amparo.

 Los límites de la Consulta, como parte de los procesos democráticos, tenían que ver con la voluntad de todos los sectores involucrados de respetar las reglas, procedimientos; los resultados y una orientación de armonización de los intereses colectivos y comunitarios

En Xochimilco estaba ocurriendo algo semejante. La Consulta indígena sobre la figura de los coordinadores territoriales, resultado de una impugnación, enfrentaba a la estructura de la Alcaldía de Xochimilco con organizaciones comunitarias por el control del proceso de Consulta. Las acciones de mayoriteo por parte del gobierno de la Alcaldía obligaban a repetir el proceso de consulta en los pueblos de Xochimilco.

Incluso, el proceso que estaba llevando el Pueblo de San Andrés Totoltepec, fundamentado en los derechos autonómicos, que dio nacimiento al Concejo de Gobierno Comunitario, tenía serios cuestionamientos comunitarios. Esto llevaría a una crisis de representatividad y de organicidad del Concejo, por ejemplo, hasta 2022 se publicaba su Estatuto Comunitario, a 5 años de la elección del primer Concejo.

Porque brisas, porque eran problemas focalizados (como las consultas), las propias dinámicas de trabajo y falta de expertis en el Congreso Local; o el propio aprendizaje de las comunidades. Pero, no era una política instrumentada desde el Gobierno de la Ciudad de México,

2020 el año del quiebre

La contingencia sanitaria por el COVID obligo a modificar las políticas públicas en la Ciudad de México y en todo el país. En el tema indígena no fue la excepción, por ejemplo, no se llevó a cabo la Fiesta de las Culturas Indígenas 2020 y se suspendieron casi todos los programas sociales que llevaba SEPI.  Bueno esa fue la versión oficial.

Cabe recordar que las comunidades más golpeadas en la Ciudad de México por la pandemia fueron los pueblos originarios. Pero, no existió ninguna acción específica para mitigar el impacto económico para reactivar la economía comunitaria. Por ejemplo, el seguro de desempleo fue canalizado casi exclusivamente para otros sectores, entre ellos las Comunidades Indígenas Residentes.

Pero, lo que queremos subrayar un hecho que en su momento pareció irrelevante por el tema de la pandemia del COVID. Hasta el mes de marzo del 2020 no se habían expedido las Reglas de operación y las Convocatorias de los programas sociales de SEPI para los pueblos y barrios originarios. 

Esto era producto de la reducción presupuestal que había sufrido SEPI. Para el ejercicio fiscal del 2019 SEPI contaba con un presupuesto de 167 millones, para el año 2020 se había reducido a 142 millones. Casi un 20 % se reducía el gasto de SEPI, lo cual afectaba directamente a los programas sociales. 

Es decir, antes de la existencia de la contingencia sanitaria existía una clara intención para desarticular las políticas públicas para atender la población indígena que se habían generado, corregido y perfeccionado desde 2003. Una política regresiva.

La Estrategia Antisistema

El año 2020 también es el triunfo de la estrategia antisistema en el tema de los pueblos originarios. La judicialización de los procesos indígena había dejado los humedales de Xochimilco. Ya habían existido otros casos, pero sin éxito, como fue el amparo en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México por actores de Milpa Alta -que hoy despachan en SEPI-; y la Ley de Pueblos por parte de los pueblos de Iztapalapa. 

Estos son los hechos, la resolución del Tribunal Electoral sobre la impugnación realizada a la Ley de Participación cancelo la elección en 48 pueblos originarios para las Comisiones de Participación Ciudadana y Presupuesto participativo, en estos 48 pueblos esto se realizaría por medio de los sistemas normativos. La falta de expertis indígena en el Congreso Local fue notable, una Ley de Participación regresiva. Sin embargo, esta resolución dejaba una gran cantidad de temas pendientes, el más importante el reconocimiento de los pueblos que no contemplados en los 48.

Aunado a esto el Tribunal electoral cancelaba la Consulta para Circunscripciones Electorales del IECM por el tema de las Asambleas virtuales, y con esto la posibilidad de tener mayor representación político electoral para los pueblos originarios. 

La estrategia antisistema de dinamitar los procesos resultaba exitosa, y en algunos casos a costa de los propios objetivos comunitarios. 

En la segunda parte de este artículo, abordaremos la crisis de la política indígena en el Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, y algunas de sus posibles causas.

Rafael Castelán González

Coordinador de la Alianza Por la Reconstitución de los Pueblos Indígenas e integrante de la Consultoría de Estudios Estratégicos CASYA