La transfiguración de la política indígena en la ciudad de méxico

-Segunda Parte-

“Corregir lo que está mal, continuar con lo que está bien, y hacer lo que nunca se hizo”

El Censo del INEGI del 2020 establece que hay un 10% de personas que se autoadscriben como indígenas en la Ciudad de México (CDMX), más de 900 mil personas. Las Alcaldías que tienen mayor presencia indígena son Iztapalapa (180 mil habitantes)  y Gustavo A. Madero (105 mil habitantes). 

A finales del 2020, la Dra. Claudia Sheinbaum decide cambiar a la Mtra. Larisa Ortiz como titular de SEPI.  Los saldos son negativos no inicia el proceso de registro – a pesar de solicitudes que le realizan varios colectivos- ; deja a SEPI sin programas sociales para los PYBOS; y los procesos de Consulta indígena en la Ciudad de México, excluyendo los llevados por el INE o el IECM, dejan de ser procesos regulares.

Desde esta primera etapa SEPI no logra convertirse en el ente normativo para el diseño de la política de PYBOS y CIR en la Ciudad de México.  Esto origina un gran número de programas y acciones conectados, contrastantes y algunas veces, en contra de los principios de la política pública hacia los pueblos indígenas, especialmente en las Alcaldías.

Los nuevos tiempos de SEPI le pertenecen totalmente a Xochimilco y Milpa Alta. A los actores que argumentaban en la campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum que los derechos indígenas les correspondían a los núcleos agrarios.

El Año 2021 se reafirma la nueva política

MORENA y sus aliados pierden la mayoría de las Alcaldías a manos de Coalición del PAN-PRI-PRD. Rompen la hegemonía gubernamental de la izquierda en la Ciudad de México, que databa de 1997.  Los Pueblos originarios con mayor votación a favor de MORENA se ubican en Iztapalapa y Venustiano Carranza. El PRI logra crecer su presencia en los Pueblos originarios del sur y el poniente de la Ciudad. Por primera vez el PAN comienza a tener una presencia en los pueblos originarios.

De nuevo a pesar de que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que la sala superior del Tribunal Electoral y que en la Ley de Pueblos establecen la acción afirmativa indígena; en la Ciudad de México ningún partido político la hace efectiva. Hoy en día no hay ninguna representación de PYBOS o de CIR en el Congreso de la Ciudad de México.

La política pública del SEPI ya está totalmente dirigida a los pueblos con entorno rural. En 2021 se crea el programa " OJTLI, Comunicación Terrestre para el Bienestar". Ojtli transita más por el presupuesto participativo y el mejoramiento barrial que por el programa de Caminos Artesanales. El presupuesto de Ojtli es de 50 millones.

La Consulta Indígena para el PGD y el PGOT, solo estaban contemplados los 48 pueblos originarios del marco geográfico de participación ciudadana. Después de ríspidas reuniones se logra que esta Consulta se incluya a todos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Posteriormente, la Consulta se cancela por cuestión de tiempo y ausencia de procedimientos en la Consulta Indígena. 

Varias solicitudes de consulta son rechazadas por SEPI, sobresalen las de Iztacalco y Santa Isabel Tola, en este último SEPI informa que no es un pueblo originario. El caso de San Sebastián Xoco nos llevaría a un apartado especial. Pero, lo que se subraya es la inexistencia de voluntad política de parte del Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo procesos de Consulta indígena.

En el mes de marzo del 2021 el Tribunal Electoral mandata a SEPI y al IECM hacer un proceso de participación para que los pueblos y barrios originarios puedan acreditar su calidad y que sean incluidos en el Sistema de Registro y Documentación de PYBOS Y CIR (Sistema de Registro), así como en el Marco Geográfico y Catálogo de pueblos y barrios originarios, para fines del proceso de participación ciudadana que se llevaría a cabo en 2023. 

En el año 2021 se reanuda la Fiesta de las Culturas indígenas (FIC), aunque mantiene políticas discriminatorias en contra de los PYBOS, sin no hablas una lengua materna bajan tus posibilidades para participar. Los datos de la FIC del 2022 muestran esta política,  más del 70% de compañeros de PYBOS que solicitan su participación en la FIC son rechazados por los esquemas de selección. 

En general, el proceso de selección de la FIC lleva a la discrecionalidad y al manejo de cuotas, y la mayoría de estas no son otorgadas a las organizaciones indígenas. En 2022 el 40% de los espacios ocupados en la FIC no pasaron por ningún filtro, fue decisión directa de las instituciones organizadoras, favoreciendo a grupos clientelares.

2022 el año del desastre

Las brisas ya son huracanes, y algunos alcanzan escala 5. El SEPI se convierte en el punto de llegada de funcionarios con poca expertis en el tema indígena (cuotas dirían por ahí); o con una visión restringida del tema (lo agrario como objetivo) o en su caso, muy pocos, con experiencia, pero limitados por la nueva política indígena imperante. Esto se hará patente en este año.

A pesar de la estrategia de retardar la Convocatoria del Registro, SEPI es obligada a emitirá en el mes de mayo de 2022. Es una convocatoria agraria de los años 60, que tiene muy poco que ver con los principios y derechos de los PYBOS y CIR - lo único salvable es el aviso de la Convocatoria - y que tiene una dedicatoria especial para 48 pueblos. Incluso el personal de SEPI trata de inhibir la participación de los demás pueblos en esta Convocatoria. 

Esta convocatoria exhibe el enfrentamiento de dos estrategias: la antisistema que llena de juicios el proceso de la Convocatoria;  y la de adaptación, que participa en esta convocatoria tratando de modificar su contenido y sacar el máximo beneficio.

Los saldos son pobres; solo dos pueblos se integran al Sistema de Registro. SEPI todavía no realiza el dictamen de 25 expedientes que deben ser incluidos al Sistema del Registro. Un saldo positivo es la modificación de los criterios de la Convocatoria, adiós al Censo y otros requisitos absurdos.

En el caso de la estrategia antisistema todos los juicios son desechados. En el caso de SEPI solo logro integrar un expediente de los 48 pueblos. 

En mayo del 2023 el gobierno de la CDMX publica los PYBOS integrantes del Sistema de Registro,  incluyen a los 48 pueblos más San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac. Un listado confeccionado para darle sentido a la política indígena en la Ciudad de México.

En junio del 2022 se expide la segunda Consulta indígena para el PGD y el PGOT. Una consulta indígena metodológicamente bien elaborada. Hasta el momento de su cancelación existían la participación de 60 pueblos y barrios originarios. De nuevo los participantes en la Consulta son los PYBOS excluidos de la política indígena del gobierno de la CDMX.

Los pueblos rurales habían rechazado la consulta indígena y se había fomentado un clima de enfrentamiento por el tema de las zonas de Conservación. Este clima se combina con una estrategia mal desarrollada sobre la Consulta Ciudadana por el Gobierno de la CDMX, que provoca el bloqueo de la carretera Milpa Alta- Oaxtepec. 

Al mismo tiempo, hablamos de diciembre de 2022, y ante la falta de la Consulta Indígena sobre una obra de drenaje en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, provoca el enfrentamiento entre habitantes del pueblo y la seguridad ciudadana, aunque la movilización comunitaria fue manipulada por el tema de la defensa del agua. Resultado, una represión en contra de los habitantes del pueblo. Esto es impensable en un estado democrático y más cuando hay mecanismos de diálogo y consentimiento, como es la Consulta Indígena.

Estos dos últimos eventos llevan a la cancelación de la Consulta Indígena del PGD y el PGOT. Posteriormente, en 2023, la jefa de Gobierno manda los nuevos proyectos del PGD y el PGOT directamente al Congreso de la Ciudad de México para su aprobación, sin convocar a un nuevo proceso de Consulta, o por lo menos concluir con la consulta de los 60 PYBOS ya mencionados. Milpa Alta queda excluida de los proyectos de planeación.

Conclusión

Una política regresiva y parcial para los PYBOS, que solo tuvo un objetivo a partir de 2020, los pueblos originarios con contextos agrarios. El Sistema de Registro y el único programa Social que tiene SEPI están confeccionados para los pueblos de entornos rurales.

Lo más grave, es que existe una política para subsumir los derechos indígenas en los derechos agrarios. Tal como lo realizo el Congreso Constituyente de 1917.

Una Ciudad democrática debe reconocer los derechos políticos de los PYBOS y CIR, que van desde la Consulta Indígena; la democracia comunitaria, los consejos deliberativos y la representación político-electoral. Materia ausente en esta administración. 

Es un fracaso para todos los actores no contar con los instrumentos de planeación de la Ciudad, a más de seis años de haberse expedido la Constitución Política de la Ciudad de México. Pero, tendría costos enormes que sean aprobados por el Congreso local sin ningún proceso de participación.

Hay mucho que corregir, poco que preservar, y una Ciudad Pluricultural que necesita políticas públicas adecuadas en materia indígena.

Rafael Castelán González

Coordinador de la Alianza Por la Reconstitución de los Pueblos Indígenas e integrante de la Consultoría de Estudios Estratégicos CASYA