Revista Comunicación

La transparencia de la Administración a debate

Publicado el 16 agosto 2010 por Jackdaniels

Iñigo Sáenz de Ugarte

“El barómetro de la democracia se ha medido siempre con la celebración de elecciones libres. Sin ser un detalle menor, resulta incompleto para medir la salud democrática de un país. No es posible tomar una decisión sin estar bien informado. No se puede confiar en que la Administración diga siempre la verdad sin ocultarnos información. No se puede dejar esa tarea en manos de los medios de comunicación, tanto por sus limitaciones como por los intereses políticos y económicos que defienden.

Cuando un Estado se mueve entre tinieblas, los ciudadanos son las primeras víctimas. Además, el propio Estado sale perjudicado porque, sin ningún incentivo ni mandato legislativo, termina tomando muchas de sus decisiones a partir de estadísticas obsoletas o manipuladas. Un ejemplo reciente es la permanente discusión sobre los precios reales de la vivienda. A veces, es mejor no conocer bien la realidad para que nadie tenga la oportunidad de decir que es necesario cambiarla. Como dice Juan Varela, ocultar la realidad es una forma antidemocrática de controlar la sociedad:

La Constitución garantiza el acceso a la información pública (Art. 105b), pero las administraciones públicas y los gobiernos (tanto estatal como autonómicos y locales) son opacos y mantienen una concepción patrimonialista de la sociedad y la información para garantizar el control y el poder. Una falta de transparencia que encubre la corrupción, los abusos y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad.

La idea subyacente en el anteproyecto parece un buen punto de partida. La carga de la prueba será algo exigible a la Administración. El ciudadano no necesita justificar su interés por tener acceso a la información "elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder". Son los poderes públicos los que deben establecer excepciones o justificar que no debe entregarse. No es propiedad de la Administración, sino de los ciudadanos. Ellos la han pagado con sus impuestos.”

Más en “La información que se niega a los ciudadanos”.


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