Los chipriotas verán mermados sus ahorros bancarios mediante una tasa que se pagará de una sola vez y que supondrá el 9.99% para las cuentas superiores a 100.000 euros y el 6.75% de las que no superen esa cantidad. Este corralito corresponde al rescate de la Eurozona a los bancos del país
CHIPRE.-Negro amanecer tuvieron ayer los chipriotas que conocían la noticia de que parte de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras serán utilizados para salvar a la banca privada. Un nuevo corralito, el quinto después de Grecia, Portugal, Irlanda y España, que usa la deuda de los países para extorsionar y someter a una ciudadanía cada vez más arrimada a postulados contrarios a las políticas económicas europeas, pero que sin embargo carecen de la energía necesaria para decir ¡basta!. Pero, hay en este último caso, un elemento que hasta ahora no se había visto, y que lejos de ser socialmente benévolo, se balancea tristemente en la cuerda de la legalidad, moral y ética: se tocan directamente los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, un hecho que desde el estallido de esta crisis económica no se había visto. Quienes han adoptado esta medida -cuestionable en todos sus aspectos- aluden a que el caso chipriota es muy particular. Admitámoslo, parte de razón tienen, probablemente sea el país europeo con mayor corrupción política (le siguen Grecia y España). Pero, ¿la corrupción política, las malas praxis bancarias y las medidas económicas injustas e inapropiadas son responsabilidad de los ciudadanos? Para la Eurozona, sí. Visto lo visto, es lógico pensar que muchos ciudadanos europeos comiencen a plantearse nuevas soluciones a sus depósitos bancarios. ¿Volveremos al calcetín lleno de dinero debajo de la cama? Quién sabe. Lo que sí está quedando muy patente es la nula credibilidad de la clase política europea. Las promesas incumplidas, han generado un recelo y una antipatía general hacia la capacidad de gestión de la clase dirigente. Es hora de pedir currículums y de hacer una criba docente sobre quién aprueba y quien debe salir. No podemos consentir que el Estado merme el bienestar social de su propio pueblo. ¿Bajo qué amparo constitucional –refrendado por el pueblo- se sostiene estas políticas? Fácil respuesta que intuimos todos. La fórmula que ha aplicado la Troika para Chipre es del todo descorazonadora. El Estado de Chipre asume parte del préstamo como garante, unos 10.000 millones de euros, y el resto, directamente a cargo de la clase trabajadora, subidas de impuestos y confiscación directa de los ahorros. Así, los ciudadanos ven como se acaba de imponer un impuesto extraordinario del 9,9% sobre los depósitos de más de 100.000 euros y uno de 6,75% para los de menos de 100.000 euros. Resultado de todo, largas colas este sábado (bancos cerrados) en los cajeros automáticos (con límite de extracción) para retirar dinero de los depósitos. Acabamos de conocer además que el Banco Central ha decidido mantener cerrados los bancos también el martes, día en que deberían reabrir tras la jornada festiva del lunes. La única esperanza para los ciudadanos que el Parlamento de Chipre no certifique las duras medidas del rescate de la Unión Europea. Los partidos políticos mantendrán hoy una serie de reuniones de urgencia para definir su postura de cara a las medidas acordadas por el Eurogrupo, que han causado un fuerte revuelo entre la clase política e ira entre la población.
Es difícil aventurar cuál será el resultado de esa votación cuando se produzca. El líder chipriota podría tener dificultades para alcanzar una mayoría en el Parlamento, ya que dentro de la coalición de gobierno puede haber diputados que no voten a favor.
La calle es un clamor en contra de las medidas que son tachadas de venganza neocolonialista. También se han mostrado muy consternados ya que el clima político parecía absolutamente contrario a tomar medidas tan drásticas.
En la isla han molestado especialmente las formas del Eurogrupo. La decisión se ha tomado en mitad de un puente festivo (Chipre celebra el carnaval ortodoxo y no se trabaja hasta el martes) para dar la posibilidad al Gobierno de maniobrar e impedir la fuga de depósitos al estar los bancos cerrados
