El Gobierno ha decidido comprar un camión con cañón de agua para “garantizar la seguridad ciudadana” por el módico precio de 493.680 euros. “El tipo de vehículo ideal para acometer el control de masas”, según el Ministerio de Interior. Un gasto totalmente superfluo que se produce cuando salen a la luz noticias de personas que ponen su vida en peligro por comer comida de los contenedores.
Medidas como ésta o la ley mordaza del ministro Fernández Díaz, que lo único que persigue es criminalizar la protesta y proteger a la oligarquía dominante, forman parte de la estrategia del PP para amedrentar a las voces discordantes de la ciudadanía. Desde su llegada al poder, el Gobierno ha establecido de forma sistemática el endurecimiento de las penas y la imposición de multas desorbitadas contra todo el que se atreva a levantar la voz.
Estamos ante una muestra de lo que es terrorismo de Estado, gobernar a base de violencia y miedo. Intentan engañar a la gente distorsionando el lenguaje, lo llaman seguridad ciudadana cuando en realidad significa proteger sus propios intereses a costa de los del resto de ciudadanos, incluso poniendo en riesgo la integridad física de la población.
Al mismo tiempo que se malgasta el dinero en aparatos de represión, Mariano Rajoy tiene la desfachatez de viajar (a costa del erario público) al funeral de Nelson Mandela, cuando persigue y castiga a los que, como hizo el ex presidente sudafricano, denuncian un sistema que excluye a parte de la población (el porcentaje de españoles por debajo del umbral de la pobreza es del 20,7%) de sus derechos más elementales como ciudadanos.
Tal y como reconoce Interior, el control de las masas es el objetivo que busca la derecha para realizar sus políticas regresivas mientras mantiene a la población en un estado constante de alienación, ya sea mediante la constante manipulación informativa de periodistas serviles, mediante edulcorantes como el fútbol, la religión o la telebasura o, por si no basta con lo anterior, mediante el miedo a la represión física o económica.
Por eso, no es de extrañar que, mientras nos dicen que no hay dinero para cubrir las necesidades básicas de la población, el Estado dedique ingentes cantidades de dinero a instrumentos represivos, a medios de comunicación afines, a la Iglesia o a eventos deportivos. De ahí la advertencia de la Comisión Europea por las ayudas ilegales a los equipos de fútbol españoles, que reciben fondos públicos para hacer fichajes multimillonarios mientras mantienen deudas con Hacienda que nadie les reclama.
Todo mientras el Ejecutivo permite continuas subidas del recibo de la luz por parte de empresas eléctricas con millones de euros de beneficios, las mismas que contratan, a saber a cambio de qué favores, a ex presidentes y ex ministros, como José María Aznar, Felipe González o Elena Salgado.
Es intolerable el abuso de la violencia por parte del Gobierno del PP, un Ejecutivo que ha llegado al poder mediante estafa electoral e intenta suplir su falta de legitimidad mediante la represión continua de la ciudadanía, sirviéndose de los fondos públicos para ello.