La zorra y las gallinas

Dice el sabio refranero que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces en la misma piedra. Hace 35 años, a las nacientes televisiones autonómicas  –primero, la ETB y luego, TV3–, de algo les hubiera tenido que servir el ejemplo de TVE. O sea, que lo lógico es que entonces copiaran aquello que de positivo tuviera la televisión pública estatal pero desechando lo negativo, al objeto de no incurrir en los mismos errores. El problema es que en aquellos casos los impulsores de las mismas también fueron los políticos, quienes, con el tiempo, impusieron sus criterios a los meramente profesionales.

La entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución Española, para reconducir la situación política en la comunidad autónoma de Cataluña, con la consiguiente intervención de los medios públicos de comunicación en aquel territorio, ha generado notable polémica a lo largo de estos días. El Gobierno central asegura que perseguiría así “garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada”. En los últimos tiempos, la radio y televisión públicas catalanas han sido tachadas desde el entorno del Ejecutivo estatal –y también desde otros sectores no independentistas– como potentes altavoces y órganos de propaganda del procés. Además, el prestigioso diario francés Le Monde denunciaba con inusitada contundencia esta misma semana que TV3, desde hace meses, “aporrea con una propaganda independentista, simplista y mentirosa”. Con todo, ello ha comportado un aumento de su audiencia, que ha pasado del 11% en diciembre de 2016 al 17’5% que registraba en este octubre.

La cuestión es si resulta conveniente que alguien que fue capaz de fulminar una ley que permitía elegir al presidente de RTVE por una amplia mayoría de consenso en el Parlamento nacional, puede ahora pilotar la ‘reconducción’ de la radio y televisión autonómicas de Cataluña. Una nota emitida por los consejos de informativos de RTVE, órganos democráticamente elegidos por los profesionales y que velan por la independencia, rigor y pluralidad, deja claro que no. “Los medios de comunicación públicos deben servir a los ciudadanos, nunca a los gobiernos. A ninguno”, concluye dicho comunicado, en el que se apostilla que en RTVE no se está cumpliendo este mandato.

Sin embargo, sorprende que, a diferencia de lo que suele ocurrir en la radio y televisión pública estatal, desde el interior de la catalana no hayan surgido voces discrepantes, protestado por el tratamiento y el sesgo dado a las informaciones que se emitían sobre lo acontecido últimamente en esa comunidad autónoma. Hay quien apunta que ese cierre de filas tiene más que ver con el privilegio que supone para sus trabajadores unos emolumentos que nunca encontrarían en medios privados, lo que postergaría a un segundo plano la sagrada defensa de la libertad de expresión. Al tiempo que se critica que solo hayan saltado a la palestra ante el riesgo de ser intervenidos por el Ejecutivo central.

La parcialidad de los medios públicos y su sometimiento a los gobiernos de turno es algo más viejo que la, en ocasiones, tan idolatrada Transición. Apenas las etapas del posteriormente entronizado Adolfo Suárez, a comienzo de la década de los ochenta, con Fernando Castedo como director general, y del denostado José Luis Rodríguez Zapatero, con Luis Fernández y luego con Alberto Oliart, supusieron sendos oasis en el desierto para RTVE. La esperanza ahora pasa por el actual Parlamento español, para que de una vez se vuelva a la senda del consenso y proceder así a desgubernamentalizarla. Mas no me negarán que con estos mimbres, en el caso de Cataluña, nadie dejaría sus gallinas en el corral al cuidado de la zorra. Ni siquiera, aunque esta hablara catalán en la intimidad.

[‘La Verdad’ de Murcia. 27-10-2017]