El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de rechazar el nuevo plan urbanístico de Boadilla del Monte, localidad de 50.000 habitantes a 16 kilómetros al oeste de Madrid, porque carece de un informe sobre la igualdad de género para la construcción de 26.000 nuevas viviendas.
Por lo que se ve los ladrillos deberían cumplir en Madrid dos leyes regionales de 2016 basadas en la ideología de género, que incluyen las demandas de LGTB.
La construcción o cualquier empresa o actividad que requiera un permiso de la Comunidad sólo se aprobará si lleva un informe positivo sobre igualdad de género emitido por la misma Comunidad.
Esta medida legal obedece a cierta sobreactuación de la presidenta popular Cristina Cifuentes para demostrar que es más progresista que los mayores progresistas: ella aprobó entusiásticamente que todo lo nuevo que se haga en Madrid, todo, debe certificarse como no LGTBifóbico.
Dos regulaciones del año pasado, una de “Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación”, y otra contra la “LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual”, ordenan que tanto la Comunidad como toda empresa deben tener aprobadas “evaluaciones del impacto” sobre identidad de género “para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o expresión de género”.
El ayuntamiento de Boadilla, también del PP, está desconcertado. No sabe qué clase de igualdad de género puede atribuírsele a la construcción de viviendas, si es que deben discriminar positivamente a –gocemos de la ridícula arroba bisexual -- arquitect@s, ladrill@s, LGTBiladrill@s, albañil@s, comprador@s
Ahora, y tras el Brexit, Madrid pretende atraer empresas de la City londinense; debería perderlas porque ninguna cumple sus leyes de género: el mundo financiero es sumamente machista.
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