#LaHaya: contra la historia y el derecho

Por Julio Yao Villalaz ex Asesor de Política Exterior y Agente de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que sentenció que Chile no está obligada a negociar una salida de Bolivia al mar, me ha dejado un sabor amargo. Tras escucharlo, tuve un impacto inicial.

El Fallo de la CIJ sobre Bolivia y Chile me concierne en lo más profundo, sobre todo porque fui yo quizás el primero en sugerir al gobierno de Evo Morales en 2010 acudir a la CIJ bajo ciertas condiciones para resolver al menos su problema de mediterraneidad.

Bolivia, junto a Puerto Rico, las Malvinas y el Canal Panamá, son los grandes temas pendientes de Latinoamérica y el Caribe .

El territorio robado a Bolivia es el doble del panameño, mayor que Nicaragua y casi la mitad de Centroamérica, sin contar las áreas que perdió Perú en la Guerra del Pacífico de 1879.

El Tratado de Paz de 1904 y otros acuerdos han facilitado algunos derechos accesorios y conexiones de Bolivia con la costa pero, bajo la soberanía de Chile, el tránsito no ha sido verdaderamente libre y ha sufrido percances graves en perjuicio enorme de Bolivia. La Paz afirma que en cada coyuntura desde 1904, Bolivia ha afirmado su derecho soberano al mar.

El Tratado de 1904, que reconoce la soberanía perpetua de Chile sobre los antiguos territorios cercenados a Bolivia fue obtenido bajo ocupación, presión y amenaza, y puede ser anulado. La CIJ debió ampliar su mirada y tomar en cuenta no sólo la historia y el derecho sino el objetivo final de hacer justicia. La Corte tuvo en mente la cláusula Pacta Sunt Servanda, que afirma el cumplimiento obligatorio de los tratados, pero también debió considerar la cláusula Rebus Sic Stantibus, que obliga a renegociar tratados cuando las condiciones que rodearon el tratado original han cambiado, y todo indica que no lo hizo.

Chile se aferra al cumplimiento a rajatabla del tratado de 1904 y se niega renegociarlo. China perdió territorios en la Guerra del Opio con tratados desiguales y nulos que le fueron impuestos, pero los anuló por propia decisión tan pronto pudo. Panamá sufrió un tratado impuesto por EE.UU. a perpetuidad, un tratado desigual que le arrancó totalmente la soberanía.

El Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 fue impuesto a Panamá por EE.UU. bajo coacción, amenaza y ocupación militar, y era nulo ab inicio: el embajador francés que lo firmó lo hizo bajo su responsabilidad personal y se lo impuso con artimañas a los negociadores panameños, que “llegaron tarde”.

Una Junta Provisional de Gobierno que no era aún un Estado, ya que no tenía órgano legislativo ni Constitución, sometió el Tratado a consulta por telegrama. El embajador de EE.UU ordenó el desmantelamiento de un pequeño ejército nacional, y EE.UU. confiscó las armas largas de la Policía. Sin tener con qué defenderse, Panamá fue invadida en 1921 por Costa Rica Panamá, con voluntarios y sin armas, derrotó a los invasores, pero EE.UU., que apoyaba a Costa Rica, nos obligó bajo amenaza de invasión, a que cediéramos nuestros territorios al “hermano” país, y nos dio 24 horas para retirarnos.

¿Podrá Bolivia liberarse de sus ataduras y recuperar su mar pacíficamente, como pudo ser a través de la CIJ, o a través de negociaciones, o tendrá que dar su sangre el pueblo boliviano ante la inercia mundial?

¿Influyó la política o el dinero en el fallo de la CIJ? ¿Ha sido Bolivia blanco de otro “golpe blando” de EE.UU. que esta vez habría judicializado a todo un pueblo?

El fallo de la Corte ante Bolivia y Chile peca por tener una visión atiborrada, demasiado preocupada por tecnicismos intrascendentes, reduciéndose a examinar con lupa la letra de tratados e instrumentos diplomáticos para determinar si existía o no una obligación de negociar una salida de Bolivia al mar.

Fuera de foco, la Corte pierde de vista el bosque por contemplar los árboles y es incapaz de tomar en cuenta todos los aspectos involucrados en el diferendo Bolivia-Chile y, por ende, de encontrar una solución objetiva y racional al conflicto. Después de todo, su lema es o debe ser: “Peace through Law”, la Paz a través del Derecho.

La Corte debió tomar en cuenta la historia y el Derecho del conflicto, pero los dejó imperdonablemente por fuera, de modo que también olvidó que su finalidad es buscar la justicia en medio de montañas de letras, insignificantes por sí solas. Pero, Bolivia no tendrá ni paz ni justicia, pues la Corte se puso al lado de los opresores y la injusticia, al lado de los victimarios.

¿Por qué victimarios? Porque lo único que pide Bolivia es el derecho a tener una salida soberana al mar, una real minucia si se le compara con los 140,000/150,000 kms2 de territorios y riquezas que Bolivia perdió en una guerra motivada por un acto soberano de La Paz. A esa minucia, a esa real migaja, un Chile ensoberbecido todavía dice ¡no! Veamos en síntesis el meollo de la cuestión.

Bolivia siempre tuvo costas en el Océano Pacífico. El pretexto de Chile para invadir y apropiarse de territorios de Bolivia y dejarla sin salida al mar era inadmisible además de ridículo: el cobro de 10 centavos por quintal de guano y salitre extraído por una compañía de Antofagasta, de capital anglo-chileno, subsidiaria del consorcio inglés Melbourne and Clarke.

La empresa se había negado a pagar el impuesto por más de un año, y el gobierno boliviano, en ejercicio de su soberanía, decidió rematarla el 14 de febrero de 1879, fecha en que Chile inició su agresión contra Bolivia. Chile no tenía derecho de interferir la decisión soberana de Bolivia, ni antes ni después.

No es justo que Bolivia, histórica y jurídicamente víctima del despojo violento de 140,000/158,000 kilómetros cuadrados de su territorio continúe bloqueada en una mediterraneidad artificial producto de una guerra y no de la geografía.

FUENTE:  La Haya: contra la historia y el derecho 

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