Las 214 denuncias que tiene Mauricio Macri en la Justicia: Lugano, negocios en lugar de viviendas.

A metros de la Villa 20, en un predio del gobierno porteño, funciona un exclusivo club de golf que paga menos de 1400 pesos de alquiler por hectarea, casi la mitad de lo que se paga por rentar una pieza en el barrio.

De este lado de la reja, las viviendas faltan, la precariedad sobra y el Estado porteño, cuando no brilla por su ausencia, aparece para desalojar a los vecinos que ocupan terrenos por desesperación. Mientras tanto, del otro lado, la elite de la sociedad se divierte jugando al golf en el exclusivo club privado José Jurado, de 46 hectáreas, ubicado en un terreno público que pertenece al gobierno porteño, y cuya concesión venció en 2011.

Es decir, sobre terrenos tan usurpados como los que fueron ocupados por los vecinos de la villa 20 hace un año, de no ser por la habilitación de uso de precario que, desde el gobierno porteño, le otorgaron para que los negocios continuaran.

Hoy, esos curiosos negociados, lejos de desaparecer, tienden a seguir su curso: de cara a las olimpíadas juveniles del año 2018, es probable que una de las sedes sea la del Club de Golf José Jurado, pese a que la administración construyó edificación en un espacio público, a operar con un permiso vencido hace ya 4 años, y a pesar también de las graves denuncias que pesan en su contra: según constató la Fundación Alameda, el club José Jurado tiene juicios por emplear en negro, acumula una deuda superior a los $100.000 ante la ANSES y construyó y subalquiló sobre un terreno público un estacionamiento, un bar y un local de accesorios para practicar el deporte.

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La presentación judicial realizada por el legislador Gustavo Vera, de Bien Común y representante de la Alameda, carga contra la ex directora de Concesiones, Silvia Imas, y todos los funcionarios competentes en el proceso, acusados del delito de defraudación a la administración pública y defraudación a terceros: "Por haber aceptado la privatización de un parque que además viola el Código de Planeamiento Urbano por la construcción de dos locales en una zonificación que figura como Urbanización Parque (UP), y una ordenanza", especifica la denuncia, que ya fue aceptada y ratificada por el juzgado de instrucción 48, a cargo de la Jueza Alicia Mercedes Iermini, y que actualmente se encuentra en el proceso de recolección de pruebas, según contaron fuentes judiciales allegadas a El Destape.

Los insólitos precios que el club José Jurado le paga al gobierno porteño:
Para acceder como socio permanente al club, es necesario pagar una membresía que ronda los $12.000, y realizar un aporte mensual de $1570. Además, la empresa subalquila en forma ilegal la confitería, el restaurant y, hasta hace unos meses, una tienda de accesorios deportivos. Pese al enorme negocio, el canon que la empresa le pagó al gobierno porteño por la explotación del lugar en los últimos años resultan insólitos: por el ejercicio 2011, la empresa pagó al GCBA $60.000 de canon, pero cobró por el uso de la confitería y la tienda de accesorios $142.500. En 2012, en cambio, pagó $180.000 de canon y cobró de los subalquileres $160.800. Es decir, que le restó pagar de "su bolsillo" $20.800. Por último, en el ejercicio 2013, le otorgó al GCBA $54.000.

"Pese a figurar como una asociación sin fines de lucro, la empresa cobra 12 mil pesos para asociarse al club, lucra con la entrada, el estacionamiento, el bar y el local de accesorios, que fueron construidos a pesar de que violaba el Código de Planeamiento Urbano", afirmó Lucas Schaerer, vocero de la organización La Alameda, quien se mostró preocupado por las nuevas licitaciones: "Resulta insólito que, con todas irregularidades que pesan en su contra, con la denuncia presentada y ratificada en el juzgado contra este negocio, se siga habilitando a la construcción ilegal de comercios dentro del predio", detalló.

El año pasado y tras la denuncia presentada por Vera, el PRO realizó un intento por regularizar y "blanquear" el enorme negociado: un proyecto de ley en la Legislatura porteña, que proponía otorgarle la concesión para explotar el espacio al Club José Jurado por, ni más ni menos, que por 20 años. Mientras que, la oposición, propuso que las tierras vayan a los vecinos de la zona de Lugano, que cuentan con serios problemas habitacionales, y que el año pasado fueron desalojados del predio contiguo al club para fundar el asentamiento Papa Francisco.

Aquel proyecto terminó en una sesión escandalosa y vergonzosa: el legislador Ramal fue amenazado de muerte por parte del legislador Quattromano, luego de denunciar que el proyecto para la explotación de los terrenos era una maniobra ilegal y fraudulenta para favorecer a empresarios amigos. Tras ello, el PRO propuso guardar el proyecto en Secretaría para ser tratado en otra ocasión y pidió levantar la sesión:

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