Las administraciones no responden y el perjudicado es el ciudadano

Estos días Córdoba está viviendo una situación cuanto menos peculiar. Hace unas semanas parte de la maleza que existe bajo el puente de El Arenal prendió, creando un incendio importante que, según parece, puede haber afectado a parte de la estructura del puente. Desde el pasado 7 de agosto el puente está cerrado al tráfico de vehículos, con los problemas que esto está conllevando a muchos ciudadanos que se ven obligados a dar un importante rodeo para poder ir a sus destinos. Hasta aquí se puede entender la situación, un puente cerrado al tráfico por un incendio, a la espera de que los ingenieros que han examinado los desperfectos ocasionados por el incendio que se declaró en el pilar central de esta pasarela den garantía de seguridad. Lo que no comprendo, lo que me llama mucho la atención, es el problema que se ha hecho latente una vez más entre las distintas administraciones públicas. El incendio tuvo su origen en la falta de limpieza del río, en la existencia de vegetación que no es retirada ni por unos ni por otros, porque entre unos y otros se hacen responsables de esta situación. Por un lado tenemos al Ayuntamiento de Córdoba, por el otro a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del Ministerio de Agricultura) y, si faltara alguna, a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (que depende de la Consejería de Agricultura); tres administraciones peleándose por quién limpia el río. Según se decía ayer en el Diario Córdoba, el Alcalde de la Ciudad, nada más tomar posesión, contactó con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que procedieran a la limpieza del río a su paso por Córdoba, y estos le dijeron que esa era una competencia de la Agencia del Agua de Andalucía. El caso es que nadie lo ha limpiado y ahora los que sufren las consecuencias y las molestias, los que se ven perjudicados y a los que les costará el dinero de informes, estudios y análisis de expertos es a los ciudadanos, como siempre. Este es un ejemplo más de lo mal que está organizada la administración en España, de los problemas que tenemos que aguantar los ciudadanos por culpa de este reparto de competencias sin sentido, sin orden ni concierto. Porque al final, con tanta administración hay cosas que no se sabe ni a cuál de ellas corresponden. Las administraciones no responden y el perjudicado es el ciudadano.