Con gran escándalo y golpes de pecho las organizaciones pacifistas y periódicos como “El País” denunciaban estos días que la industria militar española había “incrementado espectacularmente” sus exportaciones hacia países en peligro de guerra, como los árabes del Golfo, hasta alcanzar 1.821 millones de euros entre enero y junio.
La facturación de esos seis meses era casi el 200 por ciento superior a la del mismo periodo de 2012, y solamente 132 millones menos que en todo ese año.
Pero tal aumento es menos espectacular que lo que aparenta: recupera parte de un mercado que en 2009, bajo el gobierno Zapatero del “No a la guerra”, había llegado a los 6.500 millones de euros.
En 2013 destacaron como clientes los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que compraron cuatro aviones de reabastecimiento para su posible guerra con Irán, y Egipto, recién culminado el golpe de Estado del general Al-Sisi, también encargó armamento español.
Mientras, en los astilleros de Cádiz y Ferrol, los obreros protestaban, a veces aislando sus ciudades con piquetes, para exigir “carga de trabajo”, buques de guerra.
Cuando la armamentista Santa Bárbara Sistemas, propiedad ahora de la estadounidense General Dynamics, cerró factorías, como las de Coruña y Oviedo, sus sindicatos pacifistas protestaban porque, alegaban, podían seguir produciendo beneficios con sus artefactos para matar.
Izquierda y sindicatos denuncian el “complejo militar-industrial” como asesino, pero 29.000 españoles viven directamente de él sin complejo de culpabilidad alguno, como era el caso del antiguo obrero del astillero militar Bazán, de Ferrol, Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
Su antibelicismo es estético, por políticamente correcto: lo importante es obtener un sueldo para alimentar a la familia, aunque sea a costa de las matanzas en guerras civiles como la de Siria.
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