En febrero de 2013 aparecieron en el estado de Michoacán, México, los llamados Grupos de Autodefensa, desatando la crisis de “Tierra Caliente”. Estos estaban formados por grupos de civiles, agricultores y comerciantes armados en contra de los Caballeros Templarios, una de las principales bandas de narcotráfico del estado. Los enfrentamientos entre ambos provocaron una tensión tan grande que obligó al gobierno de Enrique Peña Nieto a crear un plan para devolver la estabilidad a la región de Michoacán, que estaba entrando en un conflicto armado de grandes dimensiones.
Esta especie de ejército extraoficial tenía como objetivo erradicar a los grupos de narcotraficantes que durante años han dominado Michoacán. La lucha contra el crimen organizado por parte del gobierno federal, nacida de la “guerra contra el narco”, no ha proporcionado la estabilidad perseguida y ante los ataques sufridos por la población, esta se ha organizado de forma autónoma para hacerles frente. El rol que desempeña el gobierno mexicano se ha visto rebasado por la capacidad de los grupos criminales de imponer su orden, con el añadido de que la actuación institucional ha sido objeto de varias denuncias por violaciones a los derechos humanos, cometidas en su mayoría por miembros de la policía y de las fuerzas armadas.
El desarrollo del tráfico ilícito de drogas
La geografía juega un papel fundamental en el desarrollo de la economía de un país; de la misma manera influencia sobre la relación que esta tiene con el narcotráfico y la producción de drogas ilícitas. En el caso de México, la frontera de más de 3000 km con los Estados Unidos es un elemento esencial para entender el surgimiento y auge del negocio de la droga. A su vez, la característica de mercancía ilícita de las drogas las convierte en un bien de alto valor, por lo que su producción y distribución aporta grandes beneficios. La agreste y recóndita geografía de algunas zonas de México ha favorecido el cultivo de opio y marihuana en algunos de sus estados. Además, su posición dentro del continente americano convierte a México en una de las rutas obligadas de estupefacientes provenientes de otros países, como por ejemplo Colombia, hacia el vecino estadounidense. Teniendo en cuenta que este país tiene el mayor mercado de consumo de drogas del mundo, hace muy propicio el desarrollo de este tipo de economía.
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La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión en el crecimiento de estos cultivos debido a las necesidades de morfina que solicitaba el mercado internacional. El surgimiento y auge de este negocio en el siglo XX, tanto antes como después de la guerra, está íntimamente vinculado al efecto de atracción generado por la implantación de las políticas prohibicionistas en el vecino del norte, con el aliciente de la dificultad del ejecutivo mexicano de controlar el Estado en su totalidad.
Durante la posguerra la política mexicana vivió una centralización, lo que también afectó a la estrategia de control de las drogas ilícitas. El órgano encargado de controlarlo era la Dirección General de Seguridad (DGS), sin embargo, durante los sesenta y setenta uno de sus principales cometidos era la represión de los movimientos urbanos y rurales de izquierdas. Su forma de actuación regularizó un mercado ilícito en expansión con una serie de prácticas que establecían acuerdos de reciprocidad entre narcotraficantes y agencias públicas. Con esta gestión se creaba un ambiente de paz armada y una estabilidad generada a partir de relaciones corruptas bien vigiladas por el Estado. Esto llevó a subestimar la violencia latente del comercio ilícito de estupefacientes.
Existen muchos cárteles de la droga u organizaciones criminales y paramilitares dentro de México cuyos negocios principales son el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, los homicidios, el tráfico de personas y el robo a mano armada. En el estado de Michoacán, el grupo de Los Zetas, fundado en 1999, era el brazo armado del Cártel del Golfo hasta que éste pasó a ser un nuevo cártel. A diferencia de otros grupos no ejercían control sobre ningún puerto, por lo que reforzaban sus actividades con el secuestro y la extorsión sobre la población civil.
Los Zetas habían dominado la región durante años junto con el Cártel del Golfo. Cuando se rompió el acuerdo que existía entre ellos se formó el grupo de los Caballeros Templarios, nacido de una escisión de la Familia Michoacana, con el objetivo de eliminar a Los Zetas. Su planteamiento era impedir que otros grupos entraran a causar terror en el estado, considerándose una hermandad al servicio del pueblo. Para ello establecieron un código de conducta y se basaban en principios de la moral católica. Sin embargo, su principal fuente de ingresos también provenía de la extorsión y terminarían por cometer grandes atrocidades contra la población civil y los medios de comunicación, igual que los grupos a los decían combatir.
Estos grupos conocen perfectamente el valor de la propaganda y están bien atentos a la cobertura que reciben –qué se dice y cómo- sus crímenes. Así, los medios han sido arrastrados durante años a una dinámica perversa en la que hacían de mensajeros –con o sin conocimiento- para estos criminales, los cuales ponían particular saña en ciertas infracciones para que saliesen en primera plana o incluso llegaban a dejar notas indicando cómo esperaban ver reflejado el hecho al día siguiente en la prensa.
La guerra contra el narcotráfico
En 2006 la política de México frente al narcotráfico dio un giro en el momento en que el presidente Felipe Calderón lo sacó a relucir en la agenda política. Su continuo discurso y acción gubernamental establecieron lo que se denominó como “guerra contra el narco”. De tal manera que fue en este periodo en el que se plantearon nuevas políticas en materia de seguridad nacional, que daban prioridad a la lucha contra el narcotráfico. Para ello se puso en práctica la profesionalización de la Policía Federal (PF), mientras simultáneamente se negociaba con Estados Unidos la Iniciativa Mérida. Esta consistía en un programa de colaboración bilateral en el que el gobierno estadounidense otorgaría 1400 millones de dólares para equipo tecnológico capaz de brindar mayores y mejores resultados en el combate contra el narcotráfico.
La cuestión del narcotráfico no se trata de una problemática sui generis por sí misma, sino que parte de un proceso más amplio que ya involucró a Colombia en las décadas anteriores. Además, apunta directamente a los Estados Unidos como piedra angular, sea por tratarse del mercado de consumo más grande del mundo o porque las estrategias de seguridad de la región latinoamericana dependen directamente de Washington. Estados Unidos es el actor más importante en este entramado a nivel internacional, tanto por ser el mercado principal y el demandante que genera la oferta, como por el impacto que sus políticas –o la ausencia de ellas– tienen. No hay que olvidar que la evolución del mercado ilícito de drogas debe sus variaciones en los cambios en las políticas del vecino del norte en esta materia.
La “Guerra contra el Narcotráfico” comenzó en el propio estado de Michoacán, con la incursión directa de las fuerzas militares para desmantelar plantaciones de droga y capturar criminales. El enfrentamiento entre los grupos y las repercusiones sociales para la población convirtieron a este estado en una de las zonas más peligrosas del mundo. Cuando el gobierno federal anunció el operativo contra el crimen organizado, los muertos a manos de miembros de cárteles se contabilizaban por centenares. Para enfrentarlos, el gobierno privilegió el uso de las Fuerzas Armadas, introduciendo un nuevo actor beligerante en la zona. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y el grupo de los Caballeros Templarios siguió dominando totalmente la región.
Los crímenes vinculados al narcotráfico hacen que varios de los estados mexicanos figuren entre los más violentos y peligrosos del mundo. En los últimos años se ha creado una subcultura del narcotráfico en algunas zonas de México, asimilada su existencia como ‘ocupación’ u ‘oficio’ y se ha generado la creencia de que su erradicación es un tema imposible. Además, aunque la convivencia de la población con el crimen organizado se da sobre todo en las zonas marginales y fronterizas del país -por las condiciones de pobreza y desempleo-, se demuestra cada vez más que la influencia es mucho más extensa de lo que se pensaba y alcanza territorios que antes no eran focos de atención pública. Igualmente, hay también facciones dentro del Gobierno que no manifiestan ninguna opinión al respecto, afirmando que la violencia siempre ha existido y que los medios no dan información suficiente sobre otros asuntos de especial importancia para la nación, como si de un complot por manchar la imagen de México se tratase.
Los Grupos de Autodefensa
La aparición de los Grupos de Autodefensa, conocidos como “Policía Popular” o “Policía Comunitaria”, no es casual. Vestidos con una camiseta blanca o negra con la palabra autodefensas, su objetivo es limpiar el estado pueblo a pueblo en un ataque armado por parte del grupo de los Templarios. Estos no solamente eran un cártel de la droga sino que tenían el poder efectivo del estado de Michoacán. Eran los que establecían los impuestos y las condiciones de la producción para los campesinos, utilizando la violencia como método de control. De esta manera, la extorsión, el secuestro y el asesinato eran prácticas habituales, llevando a la población a una situación de semiesclavitud. La aparición de estos grupos se debe al abandono que ha sufrido durante años la población de Michoacán así como a la corrupción de las instituciones del Estado y al poder que tiene el narcotráfico debido a las relaciones mantenidas durante décadas.
Cuando el gobierno federal se dio cuenta de la gravedad de la situación en “Tierra Caliente” las milicias de civiles controlaban una quinta parte del Estado de Michoacán y amenazaban con atacar su ciudad más importante: Apatzingán. En pocos días, los grupos de civiles se organizaron en los municipios en contra de las bandas criminales. Estas milicias expulsaron a los alcaldes, desarmaron y encarcelaron a los policías locales, patrullaban las calles en camionetas y realizaban juicios populares. La situación estaba próxima a una guerra civil entre bandas debido al abandono que sentía la población por parte del Estado central.
La tenencia de armas es un derecho constitucional de los mexicanos, pero solamente pueden comprarse de forma legal en la ciudad de México, en una tienda controlada por el ejército. Ahora bien, el mercado negro de armas es muy extenso e incluye armas de gran calibre que superan los efectivos de la policía. La financiación y el aprovisionamiento de armas de estos grupos no está muy claro. Algunos consideran que están apoyados por cárteles rivales y otros por las donaciones de empresarios y ganaderos. Lo que sí es seguro es que gran parte de la población del estado simpatiza con las autodefensas. Este hecho, y los continuos enfrentamientos, han llevado al gobierno federal a buscar la manera de regularizar la situación.
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