“Si yo hubiera ido al colegio, estaría mucho mejor, tendría más superación, ¿dónde ya estaría? En San Miguel estaría sentada como alcalde, así estaría, aunque sea fiscal, subprefecto estaría sentada si yo hubiera estudiado. A esas autoridades les hubiera superado.” (1)
Estas palabras las dice Mamá María, convencida de que si hubiera tenido oportunidades, si la guerra no le hubiera dejado viuda y al cuidado de sus 11 hijos, si las posibilidades de ejercer su ciudadanía, sus derechos como mujer y como indígena le hubieran sido reconocidos en el país, estuviera sin duda luchando ya no sólo por su comunidad, sino quien sabe en la palestra regional o nacional, en un curul en el Congreso, haciendo entender a los demás lo que es ser mujer, madre, indígena, dirigenta, víctima de la violencia y haciendo sin duda propuestas para el ejercicio de sus derechos. Son miles de mujeres en el Perú que como Mamá María no han tenido oportunidad de alcanzar una representación política en un sistema en que las oportunidades para las mujeres, y más aún si son indígenas, han sido mínimas, y en el cual los derechos de ciudadanía han sido ejercidos, cuando lo han sido, por la población castellano hablante, pues es a través de este idioma que se han establecido los vínculos con el Estado y sus diferentes instituciones.
El 5 de julio se venció el plazo para inscribir las listas electorales para elecciones municipales y regionales en el país. Como en ninguna otra elección, en esta ocasión se incluyeron tres cuotas para tratar de que se refleje en las listas la heterogeneidad de la población y para posibilitar que a través de estas acciones afirmativas los grupos de población tradicionalmente excluidos de los espacios de representación puedan tener alguna posibilidad de acceder a ellos. Todas las listas, por lo tanto, tendrían que tener la obligación de contar con no menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres, un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones, y con no menos de un 20% de ciudadanos jóvenes menores de 29 años.
Sin embargo, las cuotas no fueron tomadas en cuenta por algunas de las listas que solicitaban su inscripción, según nos lo informan medios de comunicación del norte y del sur del país. (2) Sería interesante conocer más a fondo las razones por las que una lista no se sintiera obligada a cumplir con este requisito. Creerían que pasarían piola como ha sucedido en otras ocasiones, porque no importaría si están o no las mujeres, pues en una gran cantidad de casos no son más que “relleno”. Ese parecería ser el sentido que lleva a estas listas a arriesgarse con la tacha al no cumplir con la ley.
Si bien es cierto las cuotas electorales han significado avances en las posibilidades de representación política para las mujeres, no garantizan la elección de las mujeres y tampoco de los y las indígenas o jóvenes. Si se hace una revisión rápida de las listas electorales que se han presentado, las mujeres en su mayoría siguen ocupando los últimos lugares, reflejando precisamente el sentido común de que ellas van como relleno. Con bastante probabilidad, este lugar en que se las coloca es en buena medida el reflejo de las inequidades y las limitadas posibilidades de negociación y recursos que tienen las mujeres en escenarios en los cuales las campañas electorales son costosas, donde las y los candidatos tienen que poner determinadas cantidades para la bolsa de campaña y donde se considera aún que las mujeres no están hechas para la participación en la escena pública porque su espacio natural es la casa o el cuidado de los hijos y el marido.
El uso y abuso que hacen algunos grupos políticos con estas medidas ha llevado a que en muchos países se proponga la paridad, es decir la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las listas, 50% y 50%, como una medida de acción afirmativa que, como lo señaló Consenso de Quito en el 2007 en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, “es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres.” (3)
En el Perú, aún no se ha avanzado en este sentido, más sí en otros países del área donde se demuestra que el impulsar la paridad significaría más opciones para las mujeres de alcanzar una representación en los gobiernos locales o regionales. Por ejemplo, en Bolivia, según la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), los recientes resultados electorales dan cuenta de que en el marco de las nuevas autonomías se ha avanzado ostensiblemente en la representación femenina en los gobiernos locales, llegando en promedio a que el 43% de las concejalías sean ocupadas por mujeres. (4) Ello no sólo refleja los resultados de la instauración de las acciones afirmativas sino que da cuenta de un fortalecimiento de la democracia al verse la población representada equitativamente. Para llegar al 50% falta muy poco como podemos apreciar.
Hay que señalar, sin embargo, que pese a que consideramos que la presencia activa de mujeres en la política y su participación electoral constituye un importante referente simbólico para las otras mujeres o para las y los indígenas, en la medida en que pone en evidencia que para estos sectores es también posible el ejercicio del poder político, también es cierto que el hecho de ser mujer o indígena no basta para que las propuestas políticas representen las reivindicaciones e intereses estratégicos de las mujeres o de los pueblos indígenas. En ese sentido, no se trata de que las hijas, hermanas o esposas de los políticos se sumen a la contienda electoral como si la participación política fuera una cuestión de sucesión familiar, como es el caso de la esposa del actual presidente regional de Cajamarca, o la hermana del congresista Lescano de Puno, o la hija del presidente regional de Tacna, para mencionar los casos más conocidos, sino de cuál es el programa que van a presentar para aportar a reducir las brechas entre géneros, disminuir la violencia que vivimos las mujeres, lograr que a igual trabajo haya igual salario, eliminar la pobreza que afecta sobre todo a las mujeres y los pueblos indígenas etc. etc. y en general eliminar todas las brechas que no son sino un reflejo de la desigualdad estructural que vivimos y lograr que mujeres como Mamá María, una mujer indígena quechua hablante ayacuchana, tengan la oportunidad de ser gobernantas, de representar a su pueblo, de hacer escuchar su palabra y su visión del mundo. Si esto se logra, la cuota habrá tenido sentido.Por Rosa Montalvo Reinosomadamrosa1@gmail.comRevista Ser PerúLa Ciudad de las Diosas
Notas:
(1) Testimonio de María Santafé León en “María: Ahora con quien sea ya me jaloneo”, Tejiendo vida, SER, Lima, 2009
(2) “JEE advierte que grupos políticos incumplieron cuota de género”, Los Andes, 8 de julio del 2010 http://www.losandes.com.pe/Politica/20100708/38159.html
(3) Consenso de Quito. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, OEI, Quito, 2007. http://www.oei.es/noticias/spip.php?article932
(4) Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), “Casi llegamos a la paridad: Concejalas y Alcaldesas en autonomía municipal e indígena”, Documento en formato PDF disponible para su descarga en:, http://groups.google.com/group/golde/browse_thread/thread/5cff8c42ee3c1d...
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