Revista Opinión
Existen en España un total de 8.116 municipios y una deuda contraída de 34.546 millones de euros. El aumento de gastos y la disminución de ingresos han llevado a un mayor endeudamiento y a retrasar los pagos a los proveedores. Las consecuencias de esta espiral son de sobra conocidas: vuelta de tuerca a impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) y crear nuevas y polémicas tasas, como la de basura en Madrid. El problema afecta a los propios ayuntamientos que están en situación precaria y arrastran unas deudas contraídas a largo plazo –en muchos casos alcanzan los 30 años– con clientes y proveedores que han ido en aumento en los últimos meses. Madrid corona el ranking de los ayuntamientos más endeudados de España, con 7.364 millones de euros. Le siguen Valencia, con 790 millones, Zaragoza con 718, Barcelona con 725, Málaga con 641 y Sevilla con 493. Entre los seis absorben más del 30% de la deuda total, equivalente al 3,3% del PIB.
Por otra parte, Hacienda, por la Ley de Economía Sotenible, bloqueó el pago de 13,5 millones de euros a 1.022 ayuntamientos que presentaron fuera de plazo sus liquidaciones presupuestarias del 2.010. Esta decisión afecta a numerosas corporaciones de menos de 15.000 habitantes que no presentaron las liquidaciones de presupuestos del ejercicio. Municipios que, a partir de este mes de octubre, dejarán de percibir dinero del Estado por no haber presentado aún los datos de liquidación de sus presupuestos, tras un plazo de prórroga de nueve meses. Son municipios de pequeño tamaño que suman un total de un millón de habitantes. Todos ellos han recibido hasta tres avisos por carta y han contado con la mediación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el Ministerio de Economía y Hacienda para que entreguen en el plazo establecido las cuentas del pasado ejercicio.
La decisión afecta tanto al PP como el PSOE. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, del PP, califica la decisión gubernamental de “putada” y critica el momento “de incertidumbre” elegido por el Ejecutivo para tomarla. José Antonio López, conejal de Hacienda del Ayuntamiento jienense de Jamilena, municipio de 3.500 habitantes, gobernado por el PP, está en la lista. “Son ingresos mensuales –alega López– que suponen el 20-25% de los ingresos del Ayuntamiento y si te lo quitan, imagínate”. López denuncia a los equipos de gobiernos anteriores de llevar la contabilidad muy retrasada debido, en parte, a “los equipos de gobierno anteriores” que realizaron muchos gastos. “Ahora, tenemos a los funcionarios trabajando hasta por la tarde porque hay muchas operaciones del 2010 sin contabilizar. En intervención nos han dicho que era imposible hacerlo a tiempo”.
El socialista, Amador Santiago, alcalde del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos, de 3.300 habitantes, también está entre ellos. Santiago prevé presentar las cuentas dentro de poco. “Estamos intentando solucionar el problema y conseguiremos el dinero aunque sea con un préstamo”. El retraso se debe, según él “a la falta de personal para cerrar las cuentas. En este Ayuntamiento llevamos cinco años sin secretario, esto hace que se retrasen las liquidaciones”. Los ayuntamientos podrán recuperar los ingresos en cuanto presenten la liquidación de sus presupuestos de 2.010. “No podemos mantener consistorios que no ofrezcan una garantía mínimas de transparencia –sostiene Javier Suárez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, experto en financiación de los consistorios– y que no son capaces de presentar sus presupuestos”. El edil de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), asegura haber hecho lo posible para evitar este grave quebranto económico. “La mayoría de los municipios afectados son muy pequeños, aunque esto no les exime de cumplir la norma. Pero la flexibilidad debería ser lo más amplia posible. El Gobierno hizo mal las estimaciones de los adelantos a los consistorios. Los Ayuntamientos no podemos pagar el error en plena crisis”.
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