Las diputaciones y el senado, ¿para qué?

Está claro que la España de 2011 poco tiene que ver con la de 1978, cuando se cuajó la Constitución. En aquel año se llegaron a ciertos acuerdos pactados entre franquistas y demócratas porque se trataba de pasar de un modelo dictatorial a un modelo democrático, y se pusieron en marcha diversas leyes y órganos que con el tiempo han demostrado su valía o su inutilidad.

Así es que ha llegado el momento de cambiar cuestiones que no han funcionado o que habiendo cumplido una misión son perfectamente sustituibles. Hoy, no hace falta decir que nos encontramos inmersos en una crisis económica que debería hacer revisar, también bajo el aspecto económico, la utilidad de ciertos entes.

Por ejemplo, las diputaciones. Es difícilmente entendible que en el Estado español existan cuatro niveles de poder institucional: municipio, provincia, autonomía y Estado. Ayuntamiento, diputaciones, comunidades autónomas y estado central son quienes detentan el poder. Las diputaciones (cabildos en las Islas Canarias, consejos insulares en Baleares o diputaciones forales en Euskadi) son las encargadas de administrar las provincias y existen en todas ellas, menos en las comunidades uniprovinciales, donde se asume esa función desde la comunidad autónoma.

Si las autonomías uniprovinciales no tienen diputación, es posible plantearse eliminarlas también en el resto. Sus funciones pueden, perfectamente, recaer en la Comunidad Autónoma pertinente, y así evitar un escalón más entre el municipio y la autonomía, que es absolutamente prescindible. Sin que se pueda hacer de forma inmediata, pues las funciones de las diputaciones están en marcha y habría que corregir la Constitución y algunos estatutos de autonomía, se puede ir trabajando para que estas diputaciones desaparezcan en las próximas elecciones autonómicas. Recordemos, además, que es el único órgano de los cuatro niveles que se elige indirectamente, de acuerdo con los resultados autonómicos. Es cuestión de prepararse. Su desaparición significaría una agilización del poder político.

Por otro lado, ya he hablado de la situación del Senado, en otras ocasiones. El Senado nació para ser una segunda cámara, el parlamento de representación territorial. Lo que ocurre es que en la situación actual no sirve para nada. El Senado no tiene poder decisorio, sólo sirve para retrasar la aplicación de las leyes, puesto que una vez emitida su decisión, la cámara de diputados es quien tiene la última palabra. Por lo tanto, o hacemos del Senado una verdadera cámara de representación territorial con poder decisorio, o lo eliminamos. No tiene ningún sentido que quede como está. Hoy, sólo les sirve a los partidos políticos de cementerio de elefantes y para colocar a la gente que no tienen cabida en órganos decisorios y se les premia con el Senado, a sabiendas de que no sirve para nada.

Hay muchas más cuestiones que corregir, pero sólo por estas dos valdría la pena cambiar la Constitución, agilizaríamos el Estado y ahorraríamos unos centenares de millones de euros, que sin duda hacen falta para nuestro maltrecho Estado del Bienestar.

Salud y República