Las heridas de ETA

Apoyar a las víctimas implica aceptar la Doctrina Parot y saltarse a la torera los artículos 9.3 y 25.3 de la Constitución

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n las encuestas de opinión existen – como en todas las disciplinas científicas – sesgos metodológicos que determinan, de alguna manera, la validez y eficacia de las mismas. Una de tantas imperfecciones académicas son las "preguntas tendenciosas". Se entiende por "pretenciosas", al conjunto de cuestiones cuyas respuestas están condicionadas por lo "políticamente correcto". Un ejemplo de las mismas sería el siguiente: ¿está usted a favor o en contra de la erradicación del hambre en el mundo? Lógicamente, serán muy pocos los que contestarían "en contra". El "sentido común" y la "norma moral de referencia" sirven, a la pretensión científica, como mecanismos idiosincrásicos de respuesta esperada. Algo parecido sucede con el "efecto llamada" de la pasada manifestación a favor de la Doctrina Parot. ¿Quién no se solidariza con el dolor ajeno -el dolor de las víctimas – en un país azotado durante largas décadas por la lacra de los gatillos? Lógicamente, una vez más, aplicando el sesgo de "lo políticamente correcto", el éxito "a priori" de la manifestación está asegurado. ¿Acudiría usted a una manifestación a favor de la guerra? Existen altas probabilidades de que se quedaría en casa antes de portar una pancarta en contra de la "norma moral de referencia".

Si planteamos la manifestación del pasado domingo en términos de: "vencedores y vencidos", el éxito de la misma está de sobra justificado por el sesgo metodológico que decíamos atrás. Ahora bien, si analizamos el fenómeno en términos de "protesta contra la sentencia de un organismo judicial internacional", quizás algo falla en nuestra adulta democracia. Es precisamente este último sentido de la manifestación civil, el que pone sobre la mesa la hipocresía del PP en la gestión de la polémica. Los mismos políticos que aplaudieron al Tribunal de Estrasburgo por la ratificación de la ilegalización de Batasuna, son los mismos que cuestionan a las togas europeas y tambalean, con su actitud, los avances conseguidos en los Derechos Humanos. El afán por sacar tajada electoral en Euskadi, a costa de las heridas de ETA, invita a Rajoy y los suyos a portar las pancartas contra Parot, aprovechando, sin duda alguna, el sesgo sociológico del "efecto llamada". 

Resulta indignante, en palabras de Gregorio, que en un país Democrático, Social y de Derecho, sean sus mismos representantes, los que arrojan piedras contra su mismo tejado.

Desde la crítica intelectual debemos reflexionar sobre el debate abierto en la opinión pública entre: apoyar a las víctimas – los vencidos – y sumarnos al dolor de las mismas o, apoyar al Estado de Derecho y darle -de forma implícita – la razón a ETA. Tanto lo uno – ponernos de parte de los ángeles – u lo otro -simpatizar con el diablo – son los mimbres que disponemos para argumentar la contienda. Apoyar a las víctimas significa aceptar la Doctrina Parot y saltarse a la torera los artículos 9.3 y 25.3 de la Constitución. En sendos artículos se pone de manifiesto el principio de "irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales" y la garantía de los "derechos fundamentales" para todos los ciudadanos. Por su parte, apoyar al Estado Derecho – la "cruz" del debate – implica ser respetuosos con las decisiones judiciales y acatar la constitucionalidad de nuestras leyes por encima de las sensibilidades sociales. Es precisamente, esta última parte de la frase ("por encima de las sensibilidades sociales"), la que impide a millones de españoles defender con convicción a su Estado de Derecho. 

Apoyar la sentencia implica ser respetuosos con la constitucionalidad de nuestras leyes

La Doctrina Parot, como ustedes habrán leído hasta la saciedad, no respetaba el máximo de pena establecido en el antiguo Código Penal. Otro debate será si las penas en España son largas, cortas o medianas o si se debe abrir el melón de la pena capital. Pero, lo cierto y verdad, es que en ese código de 1973 nadie podía estar entre rejas más de treinta años. Los beneficios del reo, por tanto, se debían aplicar por debajo del máximo legal y nunca por debajo del máximo de pena. Así las cosas, nos guste más o nos guste menos, debemos ser conscientes que la Ley, como dijo el Rey, "es igual para todos", tanto para el hijo del barrendero; el yerno de Juan Carlos o el terrorista más indeseado. Es el Principio de Igualdad el que debe primar en un Estado de Derecho para salvar los privilegios existentes en las minorías del pasado. Salir a la calle por el "efecto llamada" implica: criticar los pilares del Estado de Derecho. El mismo Estado que tanto hemos anhelado y ahora cuestionamos. 

PD: este artículo ha sido escrito desde la crítica intelectual con el único objeto de abrir un debate social entre Ética y Derecho. Ruego disculpas si, a través de su lectura, ha sido herida la sensibilidad lectora. Gracias.

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