Por Miguel Angel García Alzugaray
En una conferencia de prensa, durante la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima, el corrupto senador por La Florida, Marco Rubio, además de evitar responder directamente la pregunta del periodista Sergio Gómez, del diario Granma, sobre los más de tres millones de dólares que ha recibido como soborno de la Asociación Nacional del Rifle (ARN), con su acostumbrado cinismo expresó que esperaba que Cuba y Venezuela fueran algún día como Perú.
Por supuesto, no se refería al heroico Perú de Tupac Amaru II, de José de San Martín, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Tampoco hablaba del patriota Leoncio Prado, combatiente de tres guerras, la primera contra el último intento español de reconquistar el Perú, en 1866, la segunda por la independencia de Cuba y la tercera contra la invasión chilena. No es el Perú de Mariátegui, o por el cual, Fidel Castro en noble gesto, donó sangre para los damnificados por el terremoto de Huaraz de 1970 y envió una brigada médica a atender a los heridos; ni al que llegó un contingente de médicos cubanos luego del terremoto de Ica de 2007, ni al que Cuba brinda ayuda solidaria en la formación de numerosos médicos y otros profesionales en la Isla.
¿A qué Perú se refería entonces el mafioso Marco Rubio? No cabe duda que al de la camarilla de presidentes corruptos y neoliberales que desgobernaron ese hermano país durante los últimos 30 años, con la anuencia de sus amos yanquis.
Fujimori
Los gobiernos de Perú, desde la década de los 80 con Alan García, han infringido los derechos humanos. Especialmente destacado es el caso de Alberto Fujimori, quien gobernó por diez años y a quien se le atribuyen violaciones en esta materia.
El pasado 24 de diciembre, el ex presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, concedió el indulto humanitario a Fujimori, pese al rechazo de los familiares de las personas asesinadas por el dictador y de gran parte de la población.
Una de las acciones más representativas de su mandato, fue el “autogolpe” en 1992, en el que disolvió el Congreso y el Poder Judicial, en medio de un gran descontento social.
El mismo tribunal que juzgó a Fujimori estableció que él y su asesor Vladimiro Montesinos asumieron el control total de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “¿Está probado que el acusado Alberto Fujimori, como jefe supremo de las FF.AA y la PNP ejerció potestades político militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las fuerzas del orden, tanto a nivel político estratégico, como táctico y operativo? Sí lo está”, dice la sentencia.
Esta medida le permitió consolidar un régimen autoritario. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta, sentencia ratificada en 2015.
El primer caso abarca el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creía participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que fue descartado por la justicia.
El segundo caso corresponde al secuestro asesinato y entierro en fosas a ocho estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, el 18 de julio de 1992.
En ambas acciones estuvo involucrado el Grupo Colina, un destacamento de inteligencia que combatía a movimientos como el mencionado Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Alberto Fujimori
Fujimori, condenado por dar libertad y garantizar impunidad a esta organización, se le acusó, además, de irrespetar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y la libertad de pensamiento y de expresión, entre otros.
Por su parte, la Justicia chilena aprobó el pedido, realizado por la justicia peruana en el 2015, para que Fujimori fuera procesado en Perú por dos delitos adicionales, homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.
Estos crímenes están relacionados con el asesinato de seis personas en el distrito de Pativilca, Barranca, en el año 1992, a manos del grupo Colina.
La corrupción de la mano de Alan García
En cuanto a Alan García, la gran mayoría de peruanos considera que su gobierno fue el más corrupto de la historia. Así lo demuestra la X Encuesta Nacional de Percepciones de Corrupción, presentada por Proética.
Cómo olvidar la creación del Comando Paramilitar “Rodrigo Franco” por Agustín Mantilla encargado de asesinar a dirigentes sindicales y populares; la masacre de los penales en 1986; las cuantiosas sumas de dinero malversadas en el famosísimo y promocionado tren eléctrico que nunca llegó a funcionar; los millones de dólares MUC derrochados en complicidad con sus socios los “doce apóstoles”; el caso Zanati, INDUMIL; los Mirages; la venta irregular de acciones de la deuda externa a cargo de Luís Alva Castro; la carne podrida importada por Morales Bermúdez, etc., etc., etc., a la par del copamiento absoluto y manejo corporativo del estado por parte de la “maquinaria” aprista de aquel entonces.
Durante su última campaña presidencial, García prometió y propagandizó a los cuatro vientos que había cambiado, que había madurado políticamente y que atrás quedaba ese joven “rebelde” de 1985, que con solo 36 años de edad, trató de aplicar un modelo económico heterodoxo y buscó favorecer sectariamente al viejo partido de la estrella en el manejo de la administración pública.
Pero durante su último mandato se llevaron a cabo una serie de licitaciones (compras del estado) que pusieron en evidencia la descomposición moral de este gobierno y su verdadero carácter.
En particular, se generó un gran escándalo cuando se hizo pública la valoración en el costo de 469 patrullas adquiridas por el Ministerio del Interior a cargo de Pilar Mazzetti. Esta compra del estado permitió que cada unidad vehicular sea valorizada en más de 29 mil dólares, y posteriormente quedó demostrado que el precio real apenas alcanzaba los 13 mil dólares. De esta manera, el Ministerio del Interior permitía que el estado perdiera casi 16 mil dólares por cada patrulla. Después de algunas idas y venidas y ante la presión mediática Alan se vio obligado a deshacerse de la cuestionada Ministra, y en su reemplazo nombró a Luís Alva Castro, aprista de viejo cuño, vinculado directamente – en calidad de Primer Ministro y Ministro de economía – al nefasto primer gobierno del APRA.
Uno de los últimos sucesos de corrupción protagonizados por la banda aprista fue lo ocurrido con el otrora Coronel de la Policía Nacional y ex candidato a la Alcaldía de Lima por el APRA, Benedicto Jiménez (alias el sheriff), quien se desempeñaba como director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cargo que asumió ante la renuncia de la abogada Rosa Mavila, al detectar actos de corrupción y malos manejos en este sector.
Alan García
A partir de una denuncia hecha por el diario El Comercio, se descubrió que Benedicto Jiménez era un cercano colaborador del inefable narcotraficante Fernando Zeballos Gonzáles (alias el lunarejo), uno de los más grandes narcotraficantes del país y del extranjero. La investigación demostró -a través de un correo electrónico interceptado a Jiménez- que el sheriff alimentaba al narcotraficante con información confidencial valiéndose de su estratégica ubicación en la Policía Nacional. La presión mediática y la contundencia de la denuncia obligaron a que Jiménez fuera desembarcado de su cargo pero no sin antes asegurarse los apristas de que este ubicara en diversos cargos de confianza del INPE a los “compañeros”.
Los sucesos reseñados líneas arriba demuestran lo incongruente que suele ser siempre poner al gato de despensero, más aun cuando este gato tiene las garras muy afiladas y cinco años de experiencia cleptómana.
Por si esto fuera poco, el ex presidente Alan García se presentó a finales del año pasado ante la Comisión Lava Jato del Congreso. Ahí respondió principalmente sobre la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) al consorcio encabezado por Odebrecht. Ese caso tiene que ver precisamente con una de las dos investigaciones que se le siguen en el Ministerio Público—por tráfico de influencias.
A fines de marzo, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, jefe del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, inició una investigación preliminar contra García. También incluyó al ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo, y a Oswaldo Plasencia Contreras, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE). Se les imputa el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado. Y es que, para el Ministerio Público, los citados ex funcionarios habrían influenciado para facilitar que el consorcio encabezado por Odebrecht gane la licitación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).
Cabe anotar que Odebrecht ha reconocido haber pagado US$8 millones en coimas a funcionarios del segundo gobierno aprista por la licitación. Por este caso se encuentran con prisión preventiva actualmente los ex funcionarios Jorge Cuba, Edwin Luyo, Miguel Navarro, entre otros.
No es el único caso que lo involucra. En mayo de este año, el semanario Hildebrandt en sus trece dijo que la Justicia de Brasil encontró las siglas A.G. junto a anotaciones relacionadas a Olmos. El portal Ojo Público dijo que al menos A.G. aparecía en al menos 10 anotaciones.
El exparlamentario Juan Pari, quien presidió la Comisión Lava Jato en el anterior Congreso de la República, dijo: “Las iniciales A.G. no solo aparecen en un solo sitio. En ese documento de la Policía Federal se habla de la Interoceánica Sur, Interoceánica Tramo Norte, del Metro de Lima”.
A fines de 2016, Odebrecht admitió a la Justicia de Estados Unidos que entre 2005 y 2014 pagó 29 millones de soles a funcionarios peruanos para ganar las principales licitaciones de infraestructura.
García tildó de felones a quienes recibieron dinero de Odebrecht por el Tren Eléctrico, entre ellos el encarcelado ex viceministro Jorge Cuba, quien recibió sobornos a través de cuentas en la Banca de Andorra. Agregó que no tiene trato con Cuba cuando le pidieron que le invoque a colaborar con la Justicia.
El ex mandatario también declaró sobre su vinculación con la realización del Gasoducto del Sur, que fue concesionada a Kuntur durante su gestión y que en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala pasó a manos de Odebrecht. “El señor Odebrecht dijo en el último interrogatorio que el señor García tenía mucho interés en el gasoducto.
Un 35% en promedio cree que la gestión del líder aprista fue la más corrupta de los últimos 20 años en el país. Ese porcentaje crece si solo observamos a los jóvenes de 18 a 24 años. Allí, el 40% está convencido de eso. Un 34% de las personas en el segmento de 25 a 39 años consideran lo mismo, y un 32% las de 40 años a más.
En segundo lugar está el ex presidente Alberto Fujimori, con 23%. En tercer lugar aparece el ex mandatario Ollanta Humala, con 22%, y en último lugar el ex jefe de Estado actualmente prófugo de la justicia, Alejandro Toledo, con 15%.
Pero Alan García no fue el único
En relación al ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), un 75% dice que su labor en cuanto a lucha contra la corrupción fue ineficaz.
Ollanta Humala
Del ex mandatario Ollanta Humala actualmente en prisión, y del ex jefe de Estado prófugo de la justicia Alejandro Toledo, no vamos a profundizar en este artículo pues se haría demasiado extenso, tantos son los cargos de corrupción que obran contra ellos.
En lo que respecta al otrora presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que indultó a Fujimori, como es sabido, tras un año, siete meses y 21 días en el cargo, , dimitió en medio de un escándalo de corrupción y en la víspera de una moción de censura por la trama de Odebrecht. Los 27 legisladores opositores que introdujeron la moción citaron una incapacidad moral al denunciar que el presidente mintió en las declaraciones que dio sobre sus vínculos con la compañía brasileña.
La constructora, que está acusada de corrupción en varios países de América Latina, informó al Congreso peruano que pagó US$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczysnki, una de ellas cuando era funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
El mismo día, Rosa Bartra, la presidenta de la Comisión Lava Jato, encargada de investigar al pago de presuntos sobornos de la constructora brasileña a funcionarios peruanos, mostró un documento que Odebrecht envió a su grupo en el que señalan que pagaron US$782.207 a la firma Westfield Capital, una empresa de asesoría de banca de inversión vinculada al mandatario peruano.
Los pagos, informaba el documento, eran por siete consultorías que realizó la firma entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007.
Asimismo, el documento señala que otra firma, llamada First Capital, ubicada en la misma dirección de Westfield, recibió cerca de US$4,4 millones por asesorías en proyectos en Perú entre el 2004 y 2013.
Cuando se dio a conocer la información el Congreso pidió la renuncia del mandatario por lo que dijo eran sus vínculos con esas empresas.
“Es evidente que la permanencia de Kuczynski en el máximo cargo de la nación era insostenible a raíz de las pruebas concretas de actos de corrupción que la Comisión Lava Jato le ha mostrado al Perú”, declaró el portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.
A raíz de este proceso una serie de congresistas fueron acusados constitucionalmente. Los procesos de desafuero de estos políticos se sumaron a la segunda moción de destitución contra el ex presidente Kuczynski. Para colmo, a todo ello se unió la denuncia de compra de votos para impedir la destitución de Kuczynski. En las grabaciones difundidas se ve a Kenji Fujimori ofreciendo a congresistas, en nombre del Ejecutivo, la realización de obras públicas y dinero a cambio de que votaran en contra de la destitución del presidente.
Tal es el modelo de sociedad que pretende Marco Rubio para Cuba y Venezuela.
Si algo prosperó en Perú bajo el neoliberalismo además de la corrupción son el narcotráfico, el desempleo, la pobreza, la insalubridad, la falta de educación,el abandono de la infancia desvalida, la marginación de los campesinos sin tierras, las desigualdades de género y la inseguridad ciudadana.
Tales son los males que fueron erradicados de nuestra patria el 1 de enero de 1959 por la revolución triunfante.
Al respecto, el gobierno yanqui y la mafia cubano-norteamericana debieran recordar que hace 57 años sus vanas ilusiones de restituir estas lacras en nuestra patria fueron enterradas para siempre en las ardientes arenas de Playa Girón por el pueblo victorioso, que encabezado por nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro, se enfrentó resueltamente a las hordas mercenarias que representa hoy el corrupto senador Marco Rubio.
Tomado de Razones de Cuba
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