Las juntas de distrito limitan la concesión de aparcamientos reservados para discapacitados - Zaragoza

Tanto se ha disparado la demanda que urge cambiar las reglas. La solicitud de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad se ha incrementado notablemente en los últimos años y las juntas de distrito, que antes daban su visto bueno casi de forma automática, han decidido restringir nuevas reservas y, en algún caso, suspender ‘sine die’ estas concesiones. Por ejemplo, en la junta de distrito del Arrabal van a solicitar la creación de un comisión técnica,que incluya a la Policía Local y Servicios Públicos, para que valore cada caso y especifique los criterios para otorgar estas plazas. 
Arguye la presidenta del distrito, Lola Ranera, que ellos tienen la capacidad de hacer la tramitación administrativa pero apenas conocen los criterios ni los indicadores que definen, por ejemplo, cuántas plazas han de reservarse en una calle determinada. Así, solicitan que sean los técnicos quienes especifiquen y definan la densidad de este tipo de reservas, dado que hasta ahora solo se recibían los expedientes y las consideraciones de la Policía Local.
En la margen izquierda, sirva de botón de muestra, se ha detectado un problema en la zona de Balsas de Ebro Viejo, donde muchos de los residentes son gente mayor (la edad media en la urbanización ronda los 70 años) y donde las viviendas no tienen garaje. Existen muchas plazas reservadas para minusválidos, muy utilizadas sobre todo los fines de semana, pero en el último año han continuado proliferando las peticiones. Un problema semejante se da en otros barrios con un diseño urbanístico parecido (Las Fuentes, Torrero o Las Delicias), en los que las edificaciones de los años 50, sin ascensores ni garajes, hacen que haya problemas de aparcamiento y que las personas con movilidad reducida reivindiquen con más fuerza este beneficio indispensable para su rutina diaria. 
Picaresca y fraude
Insisten fuentes municipales en que estas restricciones nada tienen que ver con la concesión de tarjetas de estacionamiento (para las que es necesario un certificado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales) sino únicamente con las plazas reservadas. Estas suelen solicitarlas personas con movilidad reducida en las calles próximas a su vivienda o lugar de trabajo y están señalizadas debidamente aunque, en ningún caso son plazas nominales ni ‘en propiedad’, sino que pueden hacer uso de ellas cualquier conductor que luzca en el parabrisas el distintivo del permiso de este estacionamiento. En otras ciudades, como San Sebastián o Córdoba, sí que algunos de estos aparcamientos junto a las residencias habituales de los minusválidos se destinan a un vehículo en concreto y en las señales se muestra la matrícula del coche en cuestión. Al abrigo de este asunto, también han proliferado empresas dedicadas a la innovación tecnológica, que desarrollan sistemas de vigilancia que reconoce si quien está aparcando el vehículo en dicha plaza cuenta realmente con la tarjeta de discapacitado o no. En Zaragoza, según los colectivos de movilidad reducida, existen plazas de aparcamiento suficientes, pero también mucho fraude y picaresca de vecinos que solicitan las tarjetas para familiares discapacitados pero luego hacen uso de ellas a título personal. Estas están identificadas con una fotografía pero también son efectivas para los ‘chóferes’ en el momento en el que trasladan a sus familiares con discapacidad. Las tarjetas se conceden a los empadronados en Zaragoza, con un mínimo de 7 puntos según baremo de dificultades de movilidad, y tiene una vigencia máxima de diez años, aunque su periodo de servicio está en función de la minusvalía del beneficiario, marcada en el certificado del IASS que debe presentar el solicitante. 
Entre los usos indebidos de estas tarjetas se ha comprobado –y denunciado–que algunas no se dan de baja cuando el familiar fallece (para lo que las administraciones cruzan datos del padrón) y que existen carnés falsificados con fotocopias y escáner. Los hologramas y el plastificado de las tarjetas tratan de evitar estas manipulaciones, así como el cambio de numeración en caso de pérdida o robo. No obstante, la infracción más común consiste en que personas sin problema de movilidad usan tarjetas ‘prestadas’ en ausencia del titular. La Policía llega a decomisar más de una veintena al año y también retira tarjetas que no han sido renovadas y que siguen luciendo en los parabrisas sin que los beneficiarios las hayan actualizado o se hayan sometido a las revisiones correspondientes.
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