Revista Política
Ayer se presentaban los Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año ante el Congreso de los Diputados, una cita que
todos los años suscita gran interés informativo, aunque cada año baje el
“volumen” de la presentación, y es que hace unos años veíamos al Ministro de
Hacienda de turno entregar en la Cámara Baja una furgoneta llena de volúmenes,
luego se pasó a unos cuantos Cd’s, posteriormente una memoria usb y últimamente
se hace mediante un código QR, como muestra la fotografía que ilustra esta
entrada.
En palabras del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, los presupuestos del próximo año
se sustentan un “amplio gasto social” en rúbricas
como vivienda o pensiones. Todo pese a
que los sueldos de los empleados públicos se congelan por cuarto año
consecutivo y las propias pagas de los pensionistas pierden poder de compra al
subir por debajo de la inflación, informaba El Confidencial. El ministro
destacó que el gasto social puede sufragarse gracias al ahorro de los gastos de
funcionamiento de las Administraciones y por la menor carga de intereses de la
deuda. “La estabilidad política cotiza al alza en los mercados”, insistió. Del mismo modo, dejó claro que, a
diferencia de los últimos años, los Presupuestos no incorporan
subidas de impuestos. “Asentamos las
premisas de austeridad, pero cada vez más en la contención del gasto público”,
puntualizó.
Además el Sr. Montoro indicó que si no se cumplen
las previsiones de ingresos "no habrá subidas de
impuestos ni existe 'plan B', porque no es absolutamente necesario".
Lo
que sí ha incumplido el Gobierno de la Nación es el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, que además es una ley orgánica, pues según su Disposición Adicional
Tercera la inversión territorial del Estado debe ser equivalente al peso
poblacional de la comunidad en el conjunto de España, el 17,8 % del total,
llegando los presupuestos generales del Estado al 17,3 %.
Y
eso que Javier Arenas, en la campaña a favor del sí en el referéndum para la
aprobación del estatuto, allá por 2007, decía que se supeditaba su cumplimiento
a un cambio en el Gobierno de la Nación. Pues el cambio se produjo y el actual
Gobierno no cumple el Estatuto. Y las leyes están para cumplirlas. Otra cosa es
que yo no le vea sentido a que un estatuto de autonomía imponga un nivel de
inversión mínima, pero eso es otra historia.
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