Las listas de espera como señuelo

Cada alternancia en el Gobierno se acompaña del reproche acusatorio al equipo saliente y la consecuente promesa de revertir -a mejor, naturalmente- la “herencia” recibida. Andalucía no iba ser una excepción. Después de décadas de gobiernos socialistas, cabía esperar que el nuevo Ejecutivo del Partido Popular (PP) en la Junta de Andalucía denunciase una cascada de “males” que los recién desalojados del poder provocaron o no supieron o quisieron resolver. Es lo que acaba de hacer el flamante consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, nada más aterrizar en el cargo: declarar que el SAS (Servicio Andaluz de Salud) ocultaba miles de pacientes de las listas de espera sanitaria que no figuraban contabilizados como tales. Es decir, que el anterior gobierno socialista “maquillaba” las cifras, “falseando los números”, para “ocultar” el número real de pacientes que esperan ser atendidos en la consulta del especialista (lista de espera diagnóstica) o intervenidos quirúrgicamente (lista de espera quirúrgica). Para el consejero de Presidencia Elías Bendolo, también del PP, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) “ocultaba” más de 500.000 andaluces sin contabilizar en las listas del SAS. Nada de datos oficiales, estadísticas comparativas ni valoraciones: sólo titulares tremendistas que tan buena repercusión tienen en los medios de comunicación y morboso interés (y preocupación) generan en los ciudadanos. Queda, de esta manera, dirigido el “foco” hacia las listas de espera de la Sanidad pública como índice de una buena o mala gestión de las autoridades sanitarias y responsables políticos cuando se pretende desviar la atención sobre el modelo de sanidad pública que se piensa desarrollar. Y conociendo la “experiencia” sanitaria en las Comunidades Autónomas donde ha gobernado el PP, el temor, la alerta y la desconfianza están, cuando menos, justificados. Y, a menos que el PP andaluz sea genéticamente diferente de sus franquicias regionales y de la matriz nacional, la sospecha de recortes y privatizaciones, so pretexto, en principio, de “aligerar” las listas de espera, no sólo no es infundada, sino que es para ponerse a temblar.
Los “antecedentes” del PP en la gestión de la sanidad pública allí donde ha gobernado se resumen en dos hechos: deterioro intencionado y progresivo de lo público e incentivos o implantación de la gestión privada. Comprometido constitucionalmente, por ley, con el derecho a la salud de los españoles, el PP procura la provisión de la atención sanitaria, un servicio público esencial, a la iniciativa o gestión privada. No en valde los que militan en ese partido están convencidos de que lo privado funciona mejor, porque su fin es la rentabilidad, que lo público. Va en el ADN de su ideología conservadora neoliberal. Y así gestionan la sanidad pública cada vez que gobiernan. Ya lo demostraron en la Comunidad valenciana y lo siguen evidenciando en Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia. Ahora le toca a Andalucía.
Cuando el PP gobernaba en Valencia, en los infaustos tiempos de Zaplana y Camps (aparte de que ambos presidentes estén en el banquillo de los acusados por corrupción), se ensayó la primera concesión privada de la sanidad pública española con la construcción del Hospital de Alzira -el llamado “modelo Alzira”-, que resultó ser una losa para las arcas públicas y un enorme fracaso, al concebir la sanidad como negocio atractivo a la iniciativa privada. El procedimiento era sencillo: primero se crea expectativa, alabando las bondades de un nuevo y moderno hospital para el ciudadano, y después la Administración encarga a una empresa la construcción, gestión y contratación del personal del nuevo centro, a cambio de un “canon” anual por cada persona censada -que no atendida- del área de influencia del hospital. Los sobrecostes para la Administración fueron tan elevados que el hospital ha pasado, tras 18 años de gestión privada, a la titularidad pública, por ser más económica a la hora de ofrecer las mismas prestaciones. Y más beneficiosa y respetable con los trabajadores, dicho sea de paso.
En Madrid, desde los gobiernos de Esperanza Aguirre hasta hoy, el sistema sanitario ha estado expuesto, a través de concesiones, al capital y la gestión privados, emulando el “modelo” valenciano. La privatización de hospitales o la “externalización” de servicios y procedimientos han sido la característica dominante de la sanidad pública madrileña, en la que los recortes, la conflictividad laboral, los escándalos sanitarios (imputaciones de falsas de sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa, caso del ébola, etc.) y la “permeabilidad” hacia lo privado de sus responsables públicos (Lamela, Güelmes y otros consejeros de Salud emigraron a consejos de administración de empresas a las que habían adjudicado concesiones sanitarias) han acabado denigrando, no sólo la sanidad pública, sino las instituciones del gobierno regional, poniéndolas “al servicio de sus intereses políticos, empresariales o personales”, como concluye el informe elaborado por la Comisión de Investigación de la Corrupción de la Asamblea de Madrid.
Otro tanto cabe decir de la Sanidad en Castilla y León, donde los recortes, las irregularidades y la mala gestión de unos responsables políticos, que conciben la prestación de un servicio público como posibilidad de negocio privado, han posicionado a la Comunidad castellano-leonesa en el ranking de la que menor número de personal médico por centro tiene de España. La escasez de médicos rurales (un médico para 10 municipios), listas de espera de oncología de más de 200 días, sobrecostes hospitalarios por alquiler de edificios privados, protestas por el procedimiento “a dedo” para el acceso a puestos directivos y hasta la condena del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a la Junta por un doble fraude en la contratación de personal sanitario interino (encadenan contratos hasta cerca de 10 años), son algunos de los “logros” de la concepción del PP de la sanidad pública.  
También en la Castilla-La Mancha de Cospedal, que cerraba centros de salud y despedía personal con la excusa de la crisis económica y los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, o la Galicia de Feijoo, donde se “experimentó” el sistema de fundaciones hospitalarias que acabó en quiebra y en la que los jefes de servicio de Atención primaria, los médicos, usuarios y sindicatos todavía denuncian la mala praxis de la Administración que provoca una situación caótica del Servizo Galego de Saúde, condenado si no se rectifica al deterioro sanitario por la precariedad y la saturación, aparecen inevitablemente los “frutos” de la labor del PP cuando asume la responsabilidad política de los servicios sanitarios públicos.

Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud

Y en Andalucía, último lugar donde “experimentar” su neoliberalismo sanitario, han hallado el asunto de las listas de espera para iniciar su labor de zapa de la sanidad pública. Y lo hacen desde la demagogia y con intenciones inconfesables. Porque, sin tener elaborado aun ningún Presupuesto para la Comunidad, el Gobierno del PP anuncia un “plan de choque”, dotado de 25 millones de euros, para reducir las listas y los tiempos de espera, sin especificar de dónde obtendrá ese dinero o de qué partida lo quitará. El consejero de Salud, previendo las críticas, asegura que potenciará los recursos propios (horas extras, extender horarios, contratar personal, intensificar actividad quirúrgica a tardes y sábados, etc.) antes de reconocer que se derivará a centros privados concertados lo que no se pueda atender en lo público. Una medida que ya existía y se utilizaba. Pero se guarda el consejero de exponer algunas explicaciones que clarificarían el problema, sin demagogia ni manipulaciones. Y, fundamentalmente, no aborda el problema más grave que aqueja a la Sanidad pública, cual es el déficit de financiación que le impide ofrecer una sanidad eficiente, incluso para reducir las listas de espera. Y no lo dice porque ya sabemos lo que opina el PP sobre financiación de servicios públicos: austeridad, restricciones, recortes y “adelgazamiento” de todo cuanto suponga “gasto” social, considerado genéricamente un despilfarro “insostenible”.
Por eso, antes de “meter mano” a la privatización de la sanidad pública -lo que han intentado en todos los sitios cuando han podido, como hemos visto-, los gestores del PP han preferido en Andalucía congraciarse primero con la población -por algo han estado 37 años en la oposición- anunciando medidas expeditivas para disminuir los tiempos de espera sanitarios, como si los planes de choque, como demuestra un estudio de la OCDE, no tuvieran sólo un efecto débil y pasajero que no resuelve el problema. Pero el asunto tiene repercusión mediática y concita el interés ciudadano, porque quien más o quien menos tiene un familiar aguardando algún tratamiento por una de esas patologías que engrosan las listas de espera.
No se reconoce públicamente que las listas de espera son consustanciales a una sanidad pública que atiende a la totalidad de la población en función de la necesidad, no de la rentabilidad. Evidentemente, una cosa son listas de espera y, otra, los tiempos excesivos. Pero ajustar los tiempos a un plazo racional, sin dejar de atender la actividad ordinaria y las prioridades que demandan lo urgente y lo grave en los hospitales, es posible con una racionalización de los recursos, incrementando el rendimiento con incentivos y coordinación entre centros, fijando objetivos por patologías y pacientes, según gravedad y estado, y estableciendo topes máximos de espera. Todo ello era lo que, justamente, se hacía antes de los recortes aplicados por la crisis económica. Aun no se han recobrado los medios disponibles previos al “tijeretazo”. Y debería ser lo primero, para no tener que detraer medios de otras partidas de forma provisional y puntual.
El “talante” privatizador del PP obliga a desconfiar de la supuesta bondad del propagandístico plan de choque con que pretende eliminar las listas de espera sanitarias en Andalucía, por cuanto, con el subterfugio de derivar pacientes a centros privados concertados, puede sucumbir a la tentación, como ha hecho cada vez que ha tenido ocasión, de “externalizar” otros servicios y procedimientos que, a la postre, benefician a la iniciativa privada en detrimento de la pública. Y, aunque es verdad que la gestión privada funciona en la actividad sanitaria, únicamente es rentable para determinadas prestaciones. Sólo la pública atiende a la totalidad de la demanda y todas las necesidades. Por eso existen clínicas muy confortables para dar a luz, pero pocas con servicios neonatales para atender a niños prematuros o con problemas graves. Ni con unidades de quemados o de trasplantes de órganos y tejidos como en la red sanitaria pública de Andalucía. Hay que estar atentos no vaya a ser que, por una tardanza, siempre criticable, en operarnos de cataratas o hacernos una resonancia, nos engañen para desmontar una red asistencial que, siempre también mejorable, es la “joya de la corona” de los servicios públicos, posibilitando un derecho a la salud a todos los ciudadanos, sin importar condición ni capacidad económica.