También resulta significativo el hecho de que de las 4.054 renuncias a seguir con el proceso judicial que se presentaron, el 42 por ciento correspondió a mujeres extranjeras, un porcentaje superior al de denuncias presentadas por este colectivo según los datos aportados el viernes por el Observatorio. Las mujeres inmigrantes están sobre representadas en las cifras oficiales de violencia y especialmente en los femicidios con respecto a su presencia en la sociedad española. De las 61 mujeres que murieron el año pasado en España a manos de sus parejas o ex parejas, 21 eran de origen extranjero.Si tratamos de buscar las razones o motivos de esta situación, necesariamente deberemos abordar al análisis desde distintas vertientes. A menudo, determinados sectores profesionales e institucionales sólo consideran trabas las derivadas de su proyecto migratorio: los cambios de roles, la cuestión de las culturas y costumbres, si las mujeres provienen de culturas machistas. Pocas veces se consideran las trabas añadidas que impone la sociedad de acogida o la sociedad española a las mujeres inmigrantes y, de manera especial, las dificultades que estas mujeres se encuentran en su salida de la violencia. Falta de apoyoSegún los testimonios de profesionales que trabajan con mujeres maltratadas, muchas víctimas de violencia se culpabilizan cuando denuncian al hombre con el que han vivido una “historia de amor”, con el que muchas tienen hijos e hijas, con el que han compartido años de sus vidas, etc. En el caso de mujeres inmigrantes este sentimiento de culpabilidad se acrecienta porque el propio proceso migratorio es un proceso compartido con el agresor. Es un proyecto compartido que les ha exigido mucho sacrificio. La mujer sabe que este señor en el momento en el que sea condenado recibirá una expulsión exprés y de alguna manera se le trunca cualquier tipo de renovación. Además, las familias de los países de origen también ejercen presión.Y aquí, en España, las mujeres inmigrantes “no cuentan con redes de apoyo y viven en malas condiciones, a menudo, con una gran dependencia económica”, argumentan desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, para explicar esa sobre representación de las mujeres inmigrantes en sus estadísticas.Esta opinión es compartida por Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional. “Sin duda que nuevamente la situación de especial vulnerabilidad que viven estas mujeres, la precariedad, la dependencia económica, la falta de redes de apoyo y el miedo a quedarse sin sus hijos, o perder derechos adquiridos, dificulta que se mantengan en su intención de denunciar y salir de la violencia”, explica.Psicológicamente, al duelo migratorio que experimenta toda persona migrante, se une la frustración del fracaso en unas relaciones de pareja que, en muchos casos, constituye su única red social.Para que se atrevan a denunciar es necesario apoyar los procesos de estas mujeres reduciendo la autocomplacencia y aumentando la autocrítica, los recursos, y las personas formadas en interculturalidad. Personas formadas que puedan hacer realmente de puente entre lo que estas mujeres están viviendo, que sepan encontrar la manera de acercarse pero no desde el reproche, para que encuentren no sólo apoyo entre ellas, sino también por parte del estado y la sociedad de acogida.Papeles o derechosLa normativa de extranjería ha venido siendo un auténtico obstáculo añadido que desde luego no comparten las mujeres españolas. La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género supuso la primera norma que reconocía la especial vulnerabilidad de las extranjeras y establecía el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos para las víctimas, en pie de igualdad con el resto de las mujeres, sea cual fuere su situación legal y administrativa.Pero las leyes de extranjería seguían dando prioridad al control migratorio por encima de los derechos humanos. Fueron muchas las organizaciones que reclamaron la modificación de estas normativas para diluir los temores que hacen que las mujeres inmigrantes que sufren maltratos no se atrevan a denunciar y protegerlas, junto a sus hijos e hijas, y por fin, el año pasado se lograron importantes avances.Las reformas aprobadas por el Congreso español en el 2011 garantizan que las mujeres inmigrantes irregulares que denuncien maltrato tendrán una protección especial. No se les abrirá un expediente de expulsión y, si ya lo tuvieran, se suspenderá. Esta medida se adoptará a la espera bien de una resolución judicial (como una sentencia o un auto de medidas de protección) o bien de un informe del Ministerio Fiscal que determine indicios de violencia de género. Se les dará también autorización provisional de residencia y de trabajo. Además, este amparo especial también se extenderá a las hijas e hijos menores de las maltratadas. Sólo se llevará a cabo la expulsión en el caso de que una jueza o juez considere que la denuncia interpuesta contra el supuesto maltratador es falsa.IncoherenciasPero el problema es mucho más profundo. Estas mismas mujeres a quienes se les asegura protección, conocen, a veces de primera mano, testimonios de mujeres que ven vulnerados sus derechos: víctimas de trata o también, inmigrantes que pasaron por alguno de los CIES españoles (centros de internamiento de personas), donde a pesar de no ser cárceles y de que las personas retenidas no han cometido ningún delito, están controladas por la policía y en condiciones infrahumanas; en uno de estos centros, el de Málaga, en 2006 se produjo la denuncia de violación de diez mujeres a manos de agentes de policía, que aún no han sido juzgados y que probablemente quedarán impunes.Y si seguimos profundizando, encontramos otras incongruencias. Por ejemplo, todavía no se garantiza que las mujeres extranjeras que no hablan español y se acercan a una comisaría a presentar una denuncia por malos tratos sean asistidas por intérpretes de calidad y con formación en violencia de género. Virginia Álvarez explica que “esto, junto a otras dificultades durante la investigación, hace que cerca del 50 por ciento de las denuncias de mujeres extranjeras en situación irregular están siendo sobreseídas, lo que tiene unas graves consecuencias sobre ellas”.
Ir a la raíz
La violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos, del cual sería su manifestación más aberrante, y se manifiesta en diversos ámbitos: social, económico, religioso y político. Es importante insistir en que el problema es de origen social y estructural –y no individual- y es multidimensional, puesto que no puede ser entendida de forma aislada.Hace décadas que existe un reconocimiento internacional acerca de la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes – la doble vulnerabilidad, por ser mujer y por ser migrante- haciéndose hincapié en los últimos tiempos en la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las políticas migratorias. En el caso de las mujeres inmigrantes irregulares, estaríamos ante una situación de triple vulnerabilidad.
En muchos casos se desconoce la existencia de la legislación vigente y los mecanismos previstos que en España vienen aplicándose hace años y que persiguen el maltrato contra las mujeres. Es muy importante hacer un esfuerzo para que las mujeres inmigrantes, con o sin papeles, conozcan sus derechos.Pero hasta ahora, ningún conflicto social se ha solucionado a golpe de Código Penal, sin atacar la raíz del problema. Habrá pues que transformar las condiciones que generan violencia y eliminar los impedimentos a los que las mujeres –en este caso, inmigrantes- se enfrentan cuando quieren escapar de esa situación de sufrimiento y avanzar en autonomía y libertad.Fuente: Archivo AmecoPress
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