Recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cada vez se está haciendo más complicado. Según denuncia un ex trabajador de Tragsatec al diario La Razón, la subcontrata que emplearon a 500 tramitadores en régimen de teletrabajo durante 4 meses, se está aplicando un método que atrasa la concesión y cobro de la prestación.
Este ex empleado cuenta que les ordenaron clasificar expedientes como " requeridos" cuando en realidad estaban listos para su aprobación. Cuando un expediente está en "requerido", se debe esperar a recibir una carta requiriendo la documentación que supuestamente falta en la solicitud, lo que atrasa el procedimiento.
Este método de clasificación no aparecía en ninguno de los manuales iniciales, sino que fue una orden interna. El denunciante, tras negarse a realizar esta clasificación por " objeción de conciencia ", fue despedido.
Fuentes oficiales de Tragsa argumentan que la metodología utilizada para la clasificación sirve para enviar el expediente a un control de calidad e insisten en que en ningún caso atrasa el proceso de aprobación. Posteriormente, llega a la Seguridad Social y es un funcionario de la Seguridad Social quien lo valida.
El ex trabajadador cuenta que el ambiente de trabajo era muy malo, vertical y autoritario. No podían proponer otros métodos de clasificación, la información era confusa y los superiores no les solucionaban las dudas. Al parecer los compañeros se encontraban con tal preocupación y agobio que algunos dejaron el empleo.
Los mismos jefes de equipo no contaban con formación suficiente o experiencia necesaria, tampoco les proporcionaron apenas material y recursos para el desempeño del trabajo.
A todo esto se le añade que el volumen de trabajo era tal, que la jornada laboral se estiraba varias horas, las cuales no se les pagaban. Haciendo cuentas, el coste total en salarios ronda los 2.000.000 euros, mientras que Tragsa ha recibido 6,13 millones de euros para contratar tramitadores y 1,47 millones más para ayudar con la asistencia telefónica.
Son muchas las quejas de los trabajadores por dicha gestión que solo consiguen que el procedimiento sea más lento y complicado, ya que Tragsa es solo un intermediario que tramita las solicitudes, pero no es quien las valida.
Así con todo vemos muy poco probable que el plazo de tres meses que en un principio se propuso para tramitar las solicitudes sea posible.
Recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cada vez se está haciendo más complicado. Según denuncia un ex trabajador de Tragsatec, la subcontrata que emplearon a 500 tramitadores en régimen de teletrabajo durante 4 meses, se está aplicando un método que atrasa la concesión y cobro de la prestación.
Este ex empleado cuenta que les ordenaron clasificar expedientes como "requeridos" cuando en realidad estaban listos para su aprobación. Cuando un expediente está en "requerido", se debe esperar a recibir una carta requiriendo la documentación que supuestamente falta en la solicitud, lo que atrasa el procedimiento.
Este método de clasificación no aparecía en ninguno de los manuales iniciales, sino que fue una orden interna. El denunciante, tras negarse a realizar esta clasificación por "objeción de conciencia", fue despedido.
Fuentes oficiales de Tragsa argumentan que la metodología utilizada para la clasificación sirve para enviar el expediente a un control de calidad e insisten en que en ningún caso atrasa el proceso de aprobación. Posteriormente, llega a la Seguridad Social y es un funcionario de la Seguridad Social quien lo valida.
El ex trabajadador cuenta que el ambiente de trabajo era muy malo, vertical y autoritario. No podían proponer otros métodos de clasificación, la información era confusa y los superiores no les solucionaban las dudas. Al parecer los compañeros se encontraban con tal preocupación y agobio que algunos dejaron el empleo.
Los mismos jefes de equipo no contaban con formación suficiente o experiencia necesaria, tampoco les proporcionaron apenas material y recursos para el desempeño del trabajo.
A todo esto se le añade que el volumen de trabajo era tal, que la jornada laboral se estiraba varias horas, las cuales no se les pagaban. Haciendo cuentas, el coste total en salarios ronda los 2.000.000 euros, mientras que Tragsa ha recibido 6,13 millones de euros para contratar tramitadores y 1,47 millones más para ayudar con la asistencia telefónica.
Son muchas las quejas de los trabajadores por dicha gestión que solo consiguen que el procedimiento sea más lento y complicado, ya que Tragsa es solo un intermediario que tramita las solicitudes, pero no es quien las valida.
Así con todo vemos muy poco probable que el plazo de tres meses que en un principio se propuso para tramitar las solicitudes sea posible.
El INSS notifica a solicitantes del Ingreso Mínimo Vital que no se encuentran en situación de vulnerabilidad
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