Las tensas relaciones entre el Gobierno, Judicatura y Fiscalía.

 La ley, en el centro, flanqueada por la Justicia y por el Derecho,conjunto escultórico realizado por Miguel Blay.El ministro de Justicia, Rafael Catalá.Eduardo Bayona titulaba en Público del pasado jueves: “El Gobierno se estrella contra jueces y fiscales en su desesperación”. Según Bayona, el torpe intento del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por capitalizar políticamente el rechazo social a la sentencia de La Manada, acabó de colmar la paciencia de jueces y fiscales. Siete asociaciones profesionales de ambas carreras (de jueces y de fiscales) convocaron el viernes una concentración ante el ministerio de Justicia y una jornada de paro para el 22 de mayo. Bayona explicaba: “Las tensas relaciones del Gobierno del PP con la judicatura y la fiscalía desde la etapa del ministro Alberto Ruiz Gallardón han derivado, con el desafortunado intento de Catalá por recuperar el apoyo de la calle tras la sentencia de la Audiencia de Navarra, en un imprevisto choque frontal de inciertas consecuencias y que pone sobre la mesa el inédito aislamiento institucional del Ejecutivo: distanciado y enfrentado al mismo tiempo del legislativo, cuyas iniciativas veta por decenas y cuyas reprobaciones desoye por norma, y del poder judicial mientras los sondeos pronostican un declive demoscópico (…)  Las manifestaciones de Catalá, en un posicionamiento que ha sorprendido en amplios sectores, se enmarcan en el intento del Ejecutiov y del PP por recuperar el apoyo de la calle en un país que sitúa entre sus doce principales problemas ‘el Gobierno y partidos o políticos concretos’, muy por encima de la inseguridad ciudadana, la inmigración, la propia inestabilidad política o la misma justicia”. El magistrado, Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia señala que “sólo Catalá ha logrado poner de acuerdo a las siete asociaciones profesionales de jueces y de fiscales para plantear un paro”. La huelga del próximo 22 de mayo, precedida de paros semanales de una hora, cuenta con el apoyo del Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, además de JpD. Jueces y fiscales están hartos del ninguneo al que les han sometido los distintos gobiernos. Se sienten manoseados e injustamente juzgados por parte de la sociedad.
Rafael Catalá y el presidente del Gobierno conversan con Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ.Bayona advierte que “Gallardón se enfrentó con todos los operadores judiciales, pero a Catalá aún le quedan los abogados”, según ironiza un fiscal, mientras el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, Fernando Zubiri, ponía hace unos días sobre la mesa en un debate público las “injerencias” y las presiones que, desde el Gobierno y el PP, viene sufriendo la judicatura desde hace meses. “La crisis entre las togas y el Ejecutivo tiene difícil marcha atrás, tal y como ponen de manifiesto las reacciones a las palabras de Catalá, tachadas de ‘intromisión del Ejecutivo’ en el ámbito judicial por las asociaciones profesionales, mientras el CGPJ apelaba a la ‘responsabilidad institucional’ para evitar ‘la utilización política de la Justicia’ y ‘el cuestionamiento de la independencia, imparcialidad y la profesionalidad’ de jueces y magistrados. A ese cuadro se le suma el hecho de que las relaciones entre el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el ministro del ramo son prácticamente inexistentes. Las reivindicaciones de los jueces se centran en el ámbito material, por lo que consideran una notoria falta de medios en la que destacan situaciones como los fallos de seguridad y caídas de la red de notificaciones Lexnet o las dificultades para cumplir los abreviados plazos de tramitación de las causas, y también en el legal, por la ausencia de un modelo claro de oficina judicial. Sin embargo, el conflicto incluye otro vector inquietante: el de la llegada de fiscales y magistrados considerados afines al PP y al Gobierno a puestos clave de la judicatura. De esa vertiente forman los tormentosos pasos por la Fiscalía General del Estado del fallecido José Manuel Maza y de Manuel Moix por Anticorrupción, desde donde llegó a acusar a la Guardia Civil de ir ‘más allá de sus funciones’ en una investigación sobre la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. Y también la promoción en la Audiencia Nacional de Concepción Espejel y de Enrique López, ambos exvocales del CGPJ, a propuesta del PP, y, el segundo, colaborador habitual de la Fundación FAES, o la llegada al Supremo del exsenador conservador, Vicente Magro, y de Pedro Román, secretario de Estado de Justicia con Ruiz Gallardón”.
      “Yo cumplo con mi obligación -manifestó Catalá a ‘El País’- y estoy en la reforma del Código Penal”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reafirmó la semana pasada su postura para salir al paso de las peticiones de dimisión emitidas por todas las asociaciones de jueces y fiscales de España. Éstas interpretaron como una injerencia política sus críticas al juez que emitió un voto particular pidiendo la absolución de 'La Manada'. Catalá respondió a las duras críticas de las asociaciones de jueces y fiscales, advirtiendo que su obligación es “alertar” de las anomalías en el funcionamiento de la Justicia y que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que debería estar cumpliendo con su deber. “Yo cumplo con mi obligación -manifestó Catalá a ‘El País’, el pasado 30 de abril- y estoy en la reforma del Código Penal; el Consejo General del Poder Judicial tendría que estar en garantizar la capacidad y capacitación de los jueces”. Explicó que se limita a trasladar la preocupación de los propios compañeros de González que llegaron a sus oídos y reivindicó su libertad de expresión a la par que la independencia de la Justicia. “Por qué -se pregunta el ministro que se niega a ser ‘ciego, sordo y mudo’ ante un caso tan delicado-  los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho?”.

José L. Ábalo.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, respaldaba el pasado lunes al ministro Rafael Catalá en sus afirmaciones sobre que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado contra el juez Ricardo Javier González, discrepante en la sentencia del caso de La Manada. “No podemos estar más que de acuerdo, porque si el ministro habla así es porque se le supone mucho conocimiento de causa y si no ha ido más allá de la información que tiene, quizás sea por la prudencia necesaria”, dijo Ábalos, quien recordó que su partido había pedido la reprobación del ministro. “Parece evidente que el ministro está hablando de lo que sabe, de lo que tiene certeza”, insistió Ábalos, para quien el CGPJ debería haber hecho un seguimiento “muy especial” de esta causa, dada la “inquietud” y “alarma social” que ha generado.  Recalcó que el voto particular del juez González “denigra y degrada” a la víctima de La Manada e “incomoda” al resto de magistrados. En su opinión, su valoración “no responde a esta época” y “desprende un prejuicio” en materia de violencia de género que “es alarmante”. Ábalos cuestionó que se tratase de un problema de legislación ya que, con el actual Código Penal y en función de los hechos declarados como ciertos, “perfectamente se podría haberse sentenciado como un caso de violación”.

Margarita Robles apoyó públicamente al ministro de Justicia.El PSOE fue el único en apoyar públicamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, magistrada en excedencia que, en su día, formó parte del CGPJ, consideró que el órgano de los jueces debió haber intervenido para supervisar el caso atendiendo a un retraso evidente -5 meses para dictar sentencia- y porque no está permitido utilizar el contenido del fallo, en este caso del voto particular, para ofender a las víctimas de un delito. Sin entrar a valorar el fondo de las declaraciones del ministro, Robles consideró que Catalá habría realizado dichas manifestaciones “con conocimiento de causa” y, por todo lo anterior, el CGPJ tendrá que “dar explicaciones”, según citan varios medios de sus palabras recogidas en el Congreso.
       Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, corrige a Margarita Robles.

Sin embargo, Pedro Sánchez corrigió, al día siguiente, a su portavoz, que secundó a Catalá frente al CGPJ. El secretario general del PSOE pidió al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que respetase la división de poderes y que aclarase si tiene alguna acusación que hacer sobre el magistrado que emitió un voto particular a favor de la absolución de 'La Manada'. El líder socialista marcó distancias con el ministro y corrigió a Robles y a Ábalos, que habían apoyado al titular de Justicia. De esta manera, Pedro Sánchez recondujo la posición de la dirección del PSOE para distanciarse de Rafael Catalá Según el secretario general del PSOE, quien tuvo que hacer equilibrios para zarandear a Catalá, al ministro de Justicia le había faltado “prudencia”. “Si acusa -dijo-, que aclare, y si no, mejor estar callado. Que no sea ‘torpe’. Y si no puede o no quiere, que ‘asuma responsabilidades’”. Fue una forma de señalarle la puerta de salida. Y Margarita Robles y José Luis Ábalos tuvieron que rectificar. La enmienda a ese apoyo estaba bastante clara en las declaraciones de Sánchez, cuando fue preguntado en la manifestación por el Primero de Mayo en Madrid. La desautorización a Robles era más que evidente. Sánchez apuntó que el PSOE, como “partido de gobierno” que es, no puede ni quiere entrar en “disquisiciones” sobre la “actuación personal” de un magistrado, y, por tanto, “tendrá que ser el CGPJ quien lo haga”. Así que reiteró su petición de “prudencia” y “sentido común” hacia Catalá, porque sus declaraciones “no ayudan a centrar el debate” en donde debe estar, que es en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que “no recoge ni el espíritu ni los valores de una sociedad que cambió el 8 de marzo”. 

      Pedro Sánchez corrige a su portavoz, Margarita Robles, que secundó a Catalá frente al CGPJ.El secretario general no quiso especificar si su partido reclamaba la dimisión de Catalá, como exigían en bloque las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales por la “temeridad” de sus palabras y la “intromisión” del Ejecutivo en las labores que corresponden al CGPJ (tales como la tutela y el impulso de la acción disciplinaria). Y recordó que fue su grupo quien promovió la reprobación del titular de Justicia hace un año (iniciativa que prosperó en el Congreso), así que, si fuera por el PSOE, “habría dejado de ser ministro hace tiempo”. Las palabras de Sánchez chocaron con las de Robles. Pedro Sánchez aseguró posteriormente, en declaraciones a 'Al rojo vivo' (La Sexta), que las palabras de Robles y las suyas “no son cosas incompatibles”. Lo que ahora toca, subrayó, intentando esquivar la pregunta, es la “buena política”, y eso incluye desde mejorar la formación de jueces y fiscales para que tengan una mirada de género, hasta revisar el Código Penal, para que se “acote” la tipificación del abuso sexual y la violación y no haya margen de interpretación. En cualquier caso, recordó, “la sentencia no es firme” aún, puesto que puede ser corregida por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Supremo.
      El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “hace, una vez más, un flaco favor a la división de poderes, demostrando muy poco respeto” con sus declaraciones sobre la sentencia del caso de La Manada.  Según Villegas, “los representantes políticos tienen que dedicarse a ver qué se puede mejorar y no a criticar ni a señalar a los jueces, ni decirle al Consejo del Poder Judicial lo que tiene que hacer”. Arremetió contra el ministro de Justicia, por decir que el juez del voto discrepante de la sentencia de La Manada tiene algún problema, y le advirtió de que, con sus palabras, hacía “un flaco favor” a la separación de poderes. Además, no pudo entender cómo Catalá había asegurado que el CGPJ no había actuado preventivamente “cuando todos saben que este juez (Ricardo Javier González) tiene algún problema singular”. En opinión de Villegas, el ministro hacía “un flaco favor” a la separación de poderes y a la institución de la Justicia. No era la primera vez que el ministro hacía declaraciones con las que “demuestra poco respeto por la separación de poderes” y, de hecho, recuerda que ha sido reprobado en el Congreso precisamente por esa actitud. Para Villegas, se podía estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, y se podían criticar, pero los políticos, y menos aún el ministro de Justicia, “no pueden atacar directamente a los jueces ni tratar de interferir en el trabajo del Poder Judicial. Los responsables políticos sí tenemos que tener un especial cuidado a la hora de criticar una decisión judicial que puede no gustar, y hay que hacerlo desde el respeto al trabajo de los jueces y desde la separación de poderes”.  Así las cosas, señaló que, si algo no funciona, habrá que ver qué ley hay que cambiar para que funcione mejor y no dedicarse a criticar “a personas concretas”.
     Ione Belarra, de Podemos, pide dimisión de Catalá por “inmiscuirse” en el poder judicial.

Podemos se alineó con las asociaciones de jueces y fiscales para pedir directamente “la dimisión del ministro por atentar contra la independencia de la Justicia”. La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, pidió el lunes la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar que se ha “inmiscuido en el poder judicial” con sus críticas al juez que dictó un voto particular en el caso de 'La Manada', el de Ricardo González. Belarra recordó que Catalá ya está reprobado por el Congreso y tenía que haber dimitido hace “muchísimo tiempo por proteger a sus amigos corruptos y nombrar un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era proteger la corrupción”. Además, la dirigente de Podemos reprochó al ministro de Justicia que “no entiende nada de lo que está pasando en este país. Miles de mujeres gritaron la semana pasada que queríamos Justicia, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a donde es su competencia, el Ministerio y la cámara legislativa, lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le tiene que llevar a dimitir inmediatamente”.

Gobierno y PP dejan solo a Catalá tras “atacar” duramente a un juez de La Manada. Gabriel Sanz escribió en Vozpópuli. “Si hay alguien que no puede hacer eso, poner en la diana a un juez, es el ministro de Justicia, señalan a este periódico fuentes del PP para criticar el ‘ataque’ de Rafael Catalá contra el magistrado, Ricardo González, que ha emitido un voto particular pidiendo la absolución de los integrantes de La Manada. Las declaraciones del ministro caen como una bomba en el partido gobernante y en una parte del Ejecutivo. Es conocido que, en 2001, el Poder Judicial suspendió a ese juez de la Audiencia Navarra seis meses por retrasos injustificados, y actualmente tiene otro expediente abierto por actuaciones anómalas que puede derivar en su suspensión definitiva; pero lo que no puede hacer el titular de Justicia es ‘echar más leña al fuego’ de la protesta ciudadana, desvelando información personal reservada, señalan estas fuentes. Unas palabras que reflejan malestar sordo en las filas populares. Tan es así que, tras pedir en tromba todas las asociaciones de jueces y fiscales su dimisión, nadie del PP ni del Gobierno ha salido a respaldarle. Mucho menos después de que José María Macías, vocal del CGPJ, diera un toque de atención a Catalá, asegurando que no le ‘consta’ lo que dice”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insiste en que, ante el debate producido tras la sentencia de La Manada, no debe ser “ciego, sordo y mudo”, y en que su obligación es “alertar” de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para que el Poder Judicial actúe. Catalá se pronuncia así en declaraciones a El País después de que las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieran el pasado martes en bloque su dimisión por haber insinuado que el magistrado que emitió el voto particular, Ricardo Javier González, “tiene algún problema singular” que “todos” saben y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “debería haber actuado preventivamente” contra él. “Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros”, recalca Catalá. “¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo”, señala el ministro y añade: “¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho”. Catalá aboga por la independencia judicial y defiende el buen hacer de la inmensa mayoría de los jueces: “El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia”. Además, recuerda que, entre las multitudinarias manifestaciones que se produjeron por toda España, tras conocerse la sentencia que condena a cada uno de los cinco miembros de La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual y no por violación, la de Madrid se dirigió a la puerta del Ministerio de Justicia “y no del Consejo”. En la tarde del martes, el Poder Judicial apeló a la moderación, la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la utilización política de la Justicia, así como el cuestionamiento de los jueces.

 Ignacio González Vega, Portavoz de Jueces para la Democracia.

Por su parte, la asociación Jueces/zas para la Democracia sostiene que el ministro de Justicia “parece desconocer la separación de poderes”. Y su portavoz, Ignacio González Vega, exige “rigor” a los dirigentes políticos en sus manifestaciones sobre la sentencia del llamado caso de 'La Manada' y lamenta que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “parece desconocer la separación de poderes”, razón por la que la asociación ha pedido su dimisión. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, insiste en referencia a las críticas que ha recibido la resolución de la Audiencia de Navarra, en que es “comprensible” que una resolución judicial “sea sometida a la crítica ciudadana”. No obstante, señala que, en el caso de la clase política, hay que exigir “rigor” en sus valoraciones.  Y reivindica que “no se puede hacer demagogia”. Explicado que Jueces por la Democracia ha pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque “parece desconocer el principio la separación de poderes y el respeto que tiene que haber hacia el poder judicial y a su órgano de gobierno”, el Consejo General del Poder Judicial dice que “el Consejo debería, incluso, llegar a sancionar al juez que emite el voto particular”. El portavoz de Jueces por la Democracia rechaza “el populismo punitivo y la legislación a golpe de titular”. Porque, “a veces, quieren darnos la sensación de que todo se resuelve con una reforma del Código Penal”, como si fuera “una varita mágica que todo lo resuelve, y “no es así”. En todo caso, afirma que “puede que sí” sea necesaria una reforma del Código Penal, pero “no necesariamente”. Y señala que, con el relato de hechos probados que se recoge en la sentencia, se habría podido condenar por agresión sexual”. González recuerda que “existe un sistema de recursos y habrá dos tribunales”, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, que podrán “reexaminar” la causa. Y considera que “en esos hechos probados, quedan muchas interrogantes de por qué no se ha dictado una condena por agresión sexual”, pero, aun así, cree que la fundamentación que ha dado el ponente en su resolución “no es descabellada”. En relación al voto particular que pide la absolución de los acusados, considera que recoge “afirmaciones cuando menos polémicas y criticables”.

Catalá, en el Congreso.

Las Asociaciones de Jueces y Fiscales rechazan unitariamente al ministro Catalá y exigen su dimisión. Rechazo unitario y exigencias de dimisión por parte de la Asociación profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Las siete asociaciones judiciales y fiscales que la componen pidieron el pasado lunes la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de sus críticas sobre el juez que emitió un voto particular en la sentencia de la Manada. Las siete entidades acusan al gobierno de Rajoy de realizar una “intromisión” en asuntos que “corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial”. Es más, exponen que los comentarios sobre la capacitación de un magistrado son una “temeridad” por quien ejerce como ministro de Justicia. El comunicado vio la luz, horas después de las polémicas declaraciones del ministro, que llegó a asegurar que le “sorprende” que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no haya actuado “preventivamente” respecto del magistrado. Las asociaciones que han firmado la petición de dimisión son siete, cuatro de juristas y tres de fiscales. Ambos ponen de relieve que el problema no es únicamente el comentario hacia el juez, sino el hecho de que “mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del gusto del ministro o de su gobierno”. Apuntan, precisamente, que “este es el verdadero peligro”, en referencia a lo que consideran una “utilización” de las resoluciones judiciales por parte del ejecutivo de Rajoy y llegan a señalar un intento de “confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su tarea como miembro de un Poder del Estado”. Los jueces y magistrados de Navarra también expresaron su discrepancia respecto el comentario de Catalá y piden su dimisión. Todo ello ante lo que consideran la actitud del ministro como “especialmente escandalosa” y recuerdan que el titular de Justicia ha sido “el único ministro reprobado en nuestra democracia”. 

Unos 200 jueces y fiscales exigen, frente al Ministerio, la dimisión de Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pasó un viernes movido. Ya tuvo a las feministas hace unos días en la sede del ministerio, en San Bernardo, y el viernes le pararon otra vez la calle, pero esta vez eran jueces y fiscales que exigieron una “justicia eficiente y de calidad” y “libre de presiones políticas", pidiendo el cese del ministro Rafael Catalá al grito de "Catalá dimisión". Las declaraciones del ministro de Justicia sobre el juez que presentó el voto particular en la sentencia de 'La Manada', han logrado unir, de nuevo, a toda la carrera judicial para exigir su dimisión. Las protestas estaban convocadas de forma unitaria por todas las asociaciones de jueces y fiscales que elaboraron, hace meses, una propuesta con catorce medidas básicas para mejorar la Justicia. Fueron dirigidas al Consejo General del Poder Judicial, al Ministro de Justicia y al Congreso de los Diputados, donde explicaron el documento sobre la situación actual. Las catorce medidas incluyen reforzar la independencia judicial del Consejo; modernizar la Justicia y mejoras profesionales. En este último punto se incluye la convocatoria de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones para reclamar mejoras salariales que permitan recuperar los recortes que han sufrido los últimos siete años. Igualmente piden cargas de trabajo razonables, más medios, autonomía para los fiscales, y que la digitalización solucione problemas, no los cree. Quieren, según explicaron en un comunicado conjunto, “que la Justicia sea una prioridad, construida sobre un consenso que permita afrontar los cambios y las inversiones necesarios para prestar el servicio ágil, eficaz y de calidad al que los ciudadanos tienen derecho”. Exigen “la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las carrera judicial y fiscal”. Quieren que sean los jueces los que elijan a los miembros del Consejo sin interferencias de los partidos políticos. Un total de 955 fiscales y 1.965 jueces (2.920 en total) se adhirieron a la protesta del pasado día 5 de abril. La concentración respondía a la falta de avances en la negociación después de diez meses de presentadas sus reivindicaciones al Ministerio. Si no avanzan las negociaciones ya han convocado una jornada de huelga general para el próximo día 22 de mayo.

Catalá, el apagafuegos que Rajoy envió a Justicia, incendia a jueces y fiscales.Eldiario.es, del 1 de mayo, titula: “Catalá: el apagafuegos que Rajoy envió a Justicia incendia a jueces y fiscales”. Un artículo de José Precedo que dice: “El de Justicia es un ministerio caliente. En tres años escasos de gestión se había chamuscado Alberto Ruiz-Gallardón, la eterna esperanza de la derecha española. Antes había arruinado la incipiente carrera política del fiscal Mariano Bermejo, que tuvo que dimitir en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acosado por el PP tras descubrirse que participó en una cacería -sin tener licencia- junto al juez Baltasar Garzón (...) El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es en sí mismo un tratado de historia política, conocía todos esos antecedentes cuando le confió a Rafael Catalá el departamento de Justicia. Fue a la vuelta de las vacaciones de verano de 2014. Gallardón había dejado el ministerio hecho unos zorros: su ley de tasas había indignado a jueces y fiscales casi tanto como a la abogacía, su polémica ley del aborto se quedó metida en un cajón y el proyecto estrella para rebajar a una veintena el número de aforados en España tampoco llegó a ver la luz… Así que Rajoy eligió a un técnico para apaciguar el ministerio y de paso a un grupo importante de potenciales votantes. El presidente conocía a Catalá que ya había trabajado para él como director general en el Ministerio de Administraciones Públicas, el primero que ocupó en los distintos gabinetes de José María Aznar. Además, Catalá venía de trabajar como secretario de Estado de Infraestructuras a las órdenes de una de las personas de la máxima confianza del presidente, la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor. Y conocía la casa porque también había sido secretario de Estado de Justicia con el ministro José María Michavila hasta 2004. Lo que se buscaba era un tecnócrata para acabar de la mejor manera posible la legislatura de la mayoría absoluta en un momento en que el PP ya estaba en caída libre en las encuestas. Tres años y medio después, Catalá ha resultado ser exactamente lo contrario. Su gestión en el ministerio no ha mejorado y ahí están los fiascos de la Justicia Digital, el papel cero o el fracaso en la reforma para acortar a seis meses los plazos de instrucción de las causas... O la amenaza de huelga de jueces y fiscales que llevan meses reclamando más medios para la Justicia y subidas salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo en los años duros de los recortes”. 

El artículo de Precedo termina así: “El Gobierno del PP, que se encuentra en sus horas más bajas con Ciudadanos, superándole en las principales encuestas, se apresuró a anunciar un cambio del Código Penal, sin extenderse en detalles. Catalá se mostró muy crítico con la sentencia, que provocó una oleada de indignación y manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades españolas, desde el primer momento. Pero el lunes, durante una entrevista en la cadena Cope, dio a entender que el magistrado no está en plenas facultades para formar parte de un tribunal y dejó entrever que el Consejo General del Poder Judicial tenía que haber tomado medidas.  Sus palabras aludiendo al ‘problema singular’ que, según el ministro, mucha gente conoce, del magistrado que firmó el polémico voto particular no encontraron respaldo en la judicatura, pero tampoco en el Gobierno, ni siquiera en el Partido Popular.  Solo la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, salió en su defensa, en un primer momento. El martes era desautorizada por su secretario general, Pedro Sánchez. Un día después de haber pronunciado esa acusación tan grave, lanzada por el propio ministro contra un magistrado, nadie ni en la carrera judicial ni fuera de ella ha sabido explicar a qué se refirió el ministro. En declaraciones a El País este martes, Catalá defendió su derecho de expresión y alegó que muchos de los manifestantes que protestaban contra la sentencia lo hicieron ante el edificio del ministerio. La sospecha está lanzada sobre el juez, que formalmente sigue en su puesto, y del que no se conocen expedientes del Poder Judicial más allá de unas sanciones por retrasarse al dictar sentencias hace ya algunos años. Mientras, jueces y fiscales de todas las sensibilidades políticas le acusan de haber cometido una intromisión intolerable y reivindican la separación de poderes, en medio de una grave crisis de credibilidad amplificada por el descontento que ha generado la sentencia en amplias capas de la sociedad. Es el último incendio que ha generado Catalá, el apafuegos elegido por Rajoy para apaciguar un ministerio clave y a sectores sociales que siempre han estado cerca del PP”.

Catalá encarga a una comisión de hombres la reforma del delito de violación.

La Comisión General de Codificación, el órgano colegiado que asesora al Ministerio de Justicia y el encargado de estudiar la reforma del delito de violación en el Código Penal, está integrada mayoritariamente por hombres. La comisión que revisará los delitos sexuales del Código Penal está formada por 20 hombres y ninguna mujer. Así lo asegura Marisu Moreno, en ElPlural.com del pasado viernes. “Todos sus miembros no natos, que incluyen al presidente, vicepresidente y presidentes de comisiones, son hombres. Entre los vocales no natos sí figuran algunas mujeres, pero en total apenas representan un 14%. El PSOE presenta una proposición no de ley para que el ministro de Justicia cumpla con la ley de Igualdad en los nombramientos de la Comisión General de Codificación”. Firma la propuesta Ángeles Álvarez, portavoz socialista en la comisión de Igualdad, quien argumenta que el Ministerio de Justicia incumple la llamada ley de Igualdad en la que se especifica en varios artículos que “los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. Consciente de la urgencia del momento, Álvarez reclama al ministro Rafael Catalá, dado que cuenta con un margen para nuevos nombramientos, que incorpore en la Comisión a mujeres expertas en derecho antidiscriminatorio y en violencia de género. Finalmente, la comisión que revisará los delitos sexuales contará con mujeres. La sección sobre Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, que analizará los delitos de agresión y abuso sexual, y que actualmente la integran 20 miembros, todos ellos hombres, incorporará temporalmente a mujeres juristas. El departamento que preside Catalá añade que dicha sección se reunirá el 10 de mayo y que se ha fijado un plazo para la realización de su estudio que finalizará el 15 de junio.Fotomontajes de esta semana: Tremendig Antonio Maestre

   
      En efecto. Hace unos años, cuando Aguado no estaba en Ciudadanos y podía ser sincero, cuestionaba derechos básicos de los trabajadores como la indemnización por despido improcedente. Lo hemos podido saber por un tuit que Aguado ya ha borrado pero que las redes sociales han rescatado.


                                     Primero de mayo, Día del trabajador. Por Sara Vegas Martín.. 

                                                    Portadas sobre Catalá en la prensa nacional.

El Jueves: la banda criminal PP se niega a disolverse. “Tampoco entregaremos los sobres”, han declarado sus líderes.

El humor, en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Manel F., Pat, Vergara, J. R. Mora, La Boca del Lobo, Atxe, Ros…

 Las campeonas invisibles.
Después de aquellos palos en la rueda.  Creencias incomprensibles

Pep Roig, desde Mallorca: Avances hacia el pasado, Fin del horror, fin del error, Trastos, Contundencia anticorrupción, España, 46,6 millones de jueces, La gran y poderosa charca, Provocación…

Los vídeos de esta semana: Catalá: el apagafuegos que Rajoy envió a Justicia incendia a jueces y fiscales.
La grave bronca entre Catalá y el presidente del CGPJ pone a temblar al Gobierno Piden la dimisión del ministro de Justicia por sus palabras sobre el juez de "la Manada" Jueces y fiscales piden la dimisión del ministro español de Justicia Polònia - Vídeos compromesos del PP LATE MOTIV - Monólogo de Andreu Buenafuente. “El discurso del Brey” | #L ateMotiv386 LATE MOTIV - Monólogo de Andreu Buenafuente. “Monólogo con sorpresa” | #LateMotiv385