Las vacaciones de Boko Haram

Partidarios de Pinochet, que de todo hay, la víspera de su fallecimiento. (Foto: Wikipedia)

Por no molestar a China, el Parlamento español ha resuelto una modificación legal que ha acabado con cualquier intento de aplicación de la Llamada Justicia Universal y ha puesto en la calle, hasta la fecha, a 43 narcotraficantes. Salvo alguna denuncia aislada, a la ciudadanía patria y a sus representantes parece darles lo mismo. Ayer escuche al juez Garzón explicar que si el líder de Boko Haram tuviera la feliz idea de pasar su vacaciones de verano en Mallorca, el Gobierno español sólo podría incorporarlo a las gloriosas cifras de turistas dispuestos a sacarnos de la crisis so pena de convertirnos a todos en camareros (noble profesión, como cualquier otra, salvo las relacionadas con el tráfico ilegal). La persecución del delito tiene fronteras, al menos algunas, sobre todo si el delito ya caducó, pasó a mejor vida con una ley de punto final, una amnistía general como la de 1977 o sucedió allá, en la China de los 80 y los 90 que recordaba a Mao como si fuera ayer mismo. Ni crímenes de lesa humanidad ni otros títulos sonoros. Los dirigentes chinos que ordenaron el genocidio del Tíbet estarán a salvo. La Justicia española no podrá perseguirlos y deberá cerrar los procesos abiertos. Pobres víctimas, doblemente vilipendiadas.

A mí me extraña, no obstante, que haya hecho falta una modificación legal apoyada sólo por el Partido Popular para resolver un asunto que podía acabar perfectamente con una negativa la extradición de los procesados. Es cierto que Garzón estuvo a punto de llevar a Pinochet a la cárcel, pero eran otros tiempos. Los estadounidenses no han dejado que avance el caso Couso y sus militares no rendirán cuentas por el asesinato del cámara de televisión, y España ha dejado muy claro a la jueza argentina María Servini, que se ha venido hasta acá, que no podrá encarcelar a los franquistas que persigue. China estaba en condiciones de seguir el mismo procedimiento. No creo que el prestigio internacional de una potencia de su tamaño se vea dañado por una condena sin repercusiones prácticas.

Las presiones diplomáticas que ha ejercido China sobre el Gobierno y el propio Parlamento español no deben extrañar a nadie. Sorprende, en todo caso, la diligencia española a la hora de dar respuesta a éstas y la falta de pericia para evitar daños colaterales como la novedosa impunidad de los narcos que navegaban por aguas internacionales. Según algunas fuentes, China podría ser el segundo tenedor de la deuda pública española. Esto siempre es difícil de concertar, pero las cuentas salen. Por otra parte, las esperanzas de buena parte del sector inmobiliario y de la construcción están depositadas en la capacidad de compra de China, de sus empresas y de sus fondos de inversión, aunque no tanto de sus bazares. Un ejemplo, el Edificio España, emblema de la crisis del sector del ladrillo, está en manos de un conocido empresario chino.