Es de sentido común prohibir que las masas dirigidas por ardorosos activistas asedien el Parlamento, sede de la soberanía nacional, con el peligro de que alguien lo queme como hicieron los nazis con el Reichtag en 1933, aunque culparon luego a Marinus van der Lube, un albañil comunista.
“El carlismo se cura leyendo y el nacionalismo viajando”, dijo Pío Baroja en tiempos convulsos como los actuales, en los que los nuevos carlistas y falangistas que están en la izquierda, y los nacionalistas, que están en la derecha, ni leen ni viajan, por lo que se han inventado que la reforma del Código Penal que entró en vigor este día 1 nos devuelve al más duro franquismo.
Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suecia o Dinamarca, tienen en sus códigos penales las mismas prohibiciones que las que se incorporaron al español este miércoles.
La oposición ha calificado de crimen de Estado la prisión permanente revisable, cuando es un sistema natural en las legislaciones europeas, igual que la “Ley mordaza”, la que restringe la posibilidad de asaltar el Parlamento.
En las democracias, como hace esta reforma del Código Penal, también prohíbe por civismo la interrupción de mítines, espectáculos deportivos o religiosos, porque los asistentes tienen sus derechos; o el botellón que impide dormir al vecindario.
O fotografiar policías si se pone en peligro su seguridad o la de su trabajo, o sublevarse contra un desalojo dictado por sentencia judicial que debemos respetar, o dirigir rayos láser con punteros a los pilotos de aviones o a los automovilistas.
Son prohibiciones comunes en todo el mundo civilizado. Ya somos una democracia adulta que requiere leyes adultas y ciudadanos cívicos, pero eso no sabe explicarlo este gobierno bastante poco leído y viajado, como toda la oposición.
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