Los 910.000 extranjeros indocumentados que entraron en España ilegalmente y poseían la tarjeta sanitaria prevista para los contribuyentes, que ahora se les retira, deberían ser atendidos por la solidaridad o la caridad individual o religiosa de los españoles, pero no con sus impuestos como no sea para urgencias.
Cruz Roja, Cáritas, Médicos del Mundo y otras oenegés de voluntarios pueden mejorar la colaboración ciudadana y responsabilizarse de la atención a esos extranjeros, que de todas formas recibirán de la Seguridad Social la de urgencia y de primera necesidad.
Si este país es generoso, como se afirma, lo demostrará con su caridad religiosa o su solidaridad laica, virtudes y sentimientos individuales que no le corresponden al Estado.
Los españoles mantienen la Seguridad Social colectiva y obligatoriamente. Para sus cotizantes, no para quienes usan el sistema sin pagarlo.
Su contribución permite que exista la declinante “sociedad del bienestar” española. Si no aportan todos y se incrementa el gasto con no contribuyentes, el sistema se hunde: comienza a ocurrir ya con el cierre de hospitales y servicios.
En parte se debe a que en las últimas dos décadas llegaron a España entre cinco y siete millones de inmigrantes, muchos sin respetar las leyes nacionales que exigen la regularización.
Luego, un buen número comenzó a pagar sus cotizaciones sociales para ellos y sus familias dependientes, pero quedaron al menos esos 910.000 indocumentados y sus familias que usan servicios que no pagan, más un número millonario de los sin tarjeta: ¿dos o cinco millones de personas para una población de 47 millones, lo que podría llegar al diez por ciento del gasto sanitario?
Dado que estas personas, inmigrantes y familias, seguirán presumiblemente en España, es momento de exigirle a las oenegés que se encarguen de atenderlos: para eso existen y gozan de subvenciones estatales.
Ahora mismo cientos, si no miles de inmigrantes, tratan de asaltar las fronteras españolas, a veces violentamente. Si sigue atendiéndose a los indocumentados como a los españoles, el mundo entero, 7.000 millones de seres podrían exigir ser tratados aquí de todas sus dolencias.
Nosotros podremos colaborar con nuestra caridad o solidaridad, el “diezmo” religioso o el 0,7 laico-progresista, pero no destinando la Seguridad Social a fines que no son los suyos y la arruinan.
Deben separarse sentimientos y obligaciones. Solidarios, sí, pero no explotados por un Estado que al robarle a la Seguridad Social usurpa incluso nuestro altruismo individual.
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