Legalidad jugando con las leyes.

Desde el martes 10 Puigdemont proclamo la Republica Catalana para después de un paréntesis en que por enésima vez ha planteado algún tipo de negociación con Rajoy, y por centésima vez el PP y sus monaguillos se han negado al más mínimo dialogo si antes la Generalitat no regresa a la legalidad.

El problema es determinar a qué legalidad tiene que regresar la Generalitat porque el gobierno Rajoy y sus socios no solo se han apoderado del Poder Judicial sino que para iniciar procedimientos judiciales contra la Generalitat y sus instituciones los jueces y fiscales obedientes aplican las leyes interpretándolas y aplicándolas de la manera más conveniente para el gobierno Rajoy, en ocasiones de manera que me atrevería a calificar de ilegal.

Ya calificaron el referéndum como ilegal cuando estaba solo suspendido por el TC en base a un recurso sin base alguna del PP, lo que sirvió para que el gobierno Rajoy aplicase durísimas acciones y demandas en base a una modificación del código penal prohibiendo los referéndums no autorizados en la CCAA que había sido considerada inconstitucional y derogada por el mismo TC que en inmensa contradicción propició la aplicación de una Ley derogada mediante un truco trilero.

Son muchos los juristas y catedráticos que han denunciado la tremenda flexibilidad de jueces y fiscales obedientes al imputar y prohibir personas y actos relacionados con el referéndum.

Adjunto el último artículo del catedrático Joan Queralt, publicado en El Periódico el 11/10/2017 en que destroza todas las acusaciones e imputaciones por rebelión o sedición que la fiscalía ha puesto en marcha o pretende hacerlo.

El catedrático sevillano de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo va más allá y mantiene que esta aplicación irregular de las leyes se está practicando desde el recurso contra el Estatut en 2007, en lo que califica de Golpe de Estado.

Incluso en el propio Parlamento el diputado del PNV Mikel Legarda denunció que la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional aparte brutal y excesiva era ilegal porque dicha intervención por encima de los mossos la autorizan los artículo 38 y 42 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero resulta que en el Estatuto vasco y en el destrozado Estatuto catalán del 2006 dicho derecho a intervenir directamente está suprimido.

El último ejemplo de esta aplicación parcial y conveniente de las leyes se ha producido esta semana cuando el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, el mismo que GRECO (organización que valora la calidad democrática de países occidentales) considera un empleado a las órdenes del Ministerio de Justicia, ha pedido al abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez, que “curse las instrucciones precisas” per emprender “las acciones legales procedentes” contra el acuerdo de la Generalitat para crear la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Catalunya por las cargas policiales durante el referéndum del 1 de octubre. Es decir el gobierno se niega a investigar una actuación brutal e infringiendo la Ley y encima toma acciones legales cuando quien lo hace es la Generalitat.

Probablemente además, si es que se llega algún día a negociar, quizás la Generalitat debería exigir a Rajoy que en Madrid no se mienta tanto, porque una cosa es que la pocilga mediática explique cosas que jamás han ocurrido en Catalunya, y otra que el Ministro del Interior no solo niegue la brutalidad de una intervención no autorizada que vio el mundo entero sino que esté preparando una acción legal contra los que afirman que la policía apaleó a ciudadanos indefensos, y además afirme que los policías fueron los agredidos y el número de heridos y lesionados fue muy bajo, repitiéndolo incluso cuando hasta los médicos que los atendieron han certificado el número de ellos.

Mentiras insultantes como las que soltó el propio Rajoy el pasado miércoles en el Parlamento con frases como “Las urnas llegaron llenas y se votaba en las calles o en casas particulares”, “El gobierno dijo: vote usted donde quiera y cuantas veces le venga en gana. No se preocupe por el resultado, que está escrito de antemano”, o “Hubo más votos que habitantes en algunas localidades”.

Por supuesto también se refirió a “las burdas manipulaciones que ese día se vertieron sobre la Policía y la Guardia Civil”,  cuando actuaron “dentro de la ley y para hacer cumplir la ley”.

Para completar la similitud con los métodos franquistas el 12 de octubre en el desfile en Madrid también lo hizo la Policía Nacional que desfilaba durante el franquismo pero cuya participación cesó hace más de 30 años. El gobierno Rajoy los incluyó para que los franquistas pudiesen ovacionar a los que apalearon a ciudadanos pacíficos y lesionaron de mayor o menor gravedad a cientos de ellos. Todo en aras de que el problema catalán no se solucione nunca.

Es lógico pensar que si alguna vez la Generalitat decide dar satisfacción a los constitucionalistas y tal como les exigen deciden volver a la legalidad no tengan ni la más remota idea de a que legalidad se refieren, aparte la norma básica del franquismo: olvídese de la leyes, obedezca y calle.

QUERALT REBELION ES ALZAMIENTO