Legitimidad vs Legalidad: el caso colombiano

El pasado miércoles, de madrugada y por unanimidad, el Senado colombiano ratificaba el acuerdo de paz con las FARC que previamente había sido refrendado por el Congreso. En otras palabras, los representantes del pueblo colombiano, en uso de la potestad que les confiere la Constitución, hicieron ley un acuerdo de paz. Anteriormente, tantos como siete acuerdos de paz habían sido sancionados por este mismo procedimiento institucional. Por ello, el acuerdo de paz es legal.

No obstante, concurría en esta última ocasión una circunstancia novedosa. Hacía dos meses que el Pueblo colombiano, rechazaba con exiguo margen, en un plebiscito, dicho acuerdo de paz. Por ello, el acuerdo de paz no es legítimo. Legitimidad y legalidad son conceptos diferentes que pueden estar enfrentados, como en esta ocasión. La legalidad emana del poder legislativo, es decir, de los representantes del Pueblo reunidos en asamblea. La legitimidad emana directamente del Pueblo, sin pasar por sus representantes.

No es habitual encontrar un ejemplo tan claro de divergencia de criterio entre el Pueblo y los representantes del Pueblo, ya que, en una democracia representativa, el pueblo es consultado solamente una vez, cada cuatro o cinco años, para elegir a sus representantes. Por lo tanto, legalidad y legitimidad suelen ir de la mano, al menos en teoría.

Sin entrar en los pormenores del caso que usamos como ejemplo, resulta de una torpeza política enorme la manera en que el Gobierno colombiano ha gestionado la ratificación del proceso de paz. Han conseguido que el acuerdo suscite graves dudas de legitimidad en Colombia y en el exterior. Si no era necesario consultar directamente al pueblo, ¿por qué se hizo? Ya que se hizo con el primer acuerdo, y el pueblo se pronunció a favor del NO, ¿por qué no se vuelve a consultar al pueblo sobre el acuerdo modificado? Un SÍ directo del pueblo y una ratificación posterior de los representantes del Pueblo conferiría al acuerdo al mismo tiempo de legalidad y legitimidad.

Llama la atención que los partidarios del SÍ en el plebiscito, tanto dentro como fuera de Colombia, son precisamente aquellos que defienden con mayor fervor la democracia participativa, consistente en la consulta directa al Pueblo sobre todos los asuntos que le atañen. Parece que esta vez, ya que el Pueblo no ha fallado la opción que preferían, han optado por ignorar al pueblo y preguntar solamente a sus representantes, los políticos. Muchos son los argumentos para preferir una democracia representativa a una democracia participativa, como se puede ver en este otro artículo. Lo que no es legítimo es optar por uno de los dos sistemas e ignorar el resultado en función de lo que le interesa al que tiene el verdadero poder: el que puede elegir, según le convenga, cuál de los dos sistemas utilizar.

Para evitar las crisis de legitimidad es preciso ser congruente y elegir entre uno de dos sistemas democráticos: el representativo o el participativo. En el primero el pueblo es consultado para elegir a sus representantes, que decidirán por ellos. En el segundo el pueblo es consultado para todas aquellas cuestiones que le afecten de una manera significativa. Combinar las dos solo puede crear una crisis de legitimidad como las que ha ocurrido con el acuerdo de paz con las FARC.