El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva ley de empleo, un marco que ofrecerá herramientas "nuevas y más eficaces" para mejorar la orientación laboral y el acompañamiento tanto para la búsqueda de empleo como para mejorar la empleabilidad.
Esta nueva ley incluye, entre otras medidas, la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo en un plazo máximo de seis meses, con el fin de mejorar su gestión y funcionamiento.
"Si hay un servicio público conocido en nuestro país, es el SEPE, y es una de las grandes demandas de los ciudadanos de nuestro país", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha añadido que la transformación incluirá digitalización, modernización e incorporación de nuevas metodologías.
La ley será remitida a las Cortes para su tramitación
Se trata de una norma que ya había recibido el visto bueno del Ejecutivo en diciembre del pasado año en primera lectura, y que ahora también completa el trámite de segunda lectura. La ley será remitida a las Cortes para su tramitación.
La nueva ley, prevista en el plan de recuperación, dotará a las políticas activas de empleo de una dimensión local, estableciendo nuevas fórmulas de colaboración con los ayuntamientos. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales podrá formular acuerdos y recomendaciones específicas para atender las necesidades específicas en cada territorio. Asimismo, aumenta el plazo para que las comunidades autónomas ejecuten el gasto en políticas activas de empleo que dispondrán a partir de ahora hasta el 31 de marzo.
El pilar de la ley es el acompañamiento personalizado con una cartera común de servicios garantizada y una intermediación laboral eficiente. Se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá tutorización individual y continuada y para la que se elaborará un itinerario con un expediente laboral personalizado único.
Esta orientación, ha añadido Yolanda Díaz, incorpora por primera vez a los emprendedores y a los autónomos: "Se trata de que vayamos actuando desde los servicios públicos de empleo de forma pormenorizada a cada persona que lo precise".
La norma también plantea que los trabajadores tienen derecho a que se les preste una cartera común de servicios con independencia del lugar en el que residan. La futura ley dotará a las políticas activas de empleo de una dimensión local, al establecer fórmulas de colaboración con las administraciones locales que tengan recursos materiales y humanos para dispensarlas. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales formulará recomendaciones para atender las necesidades específicas en cada territorio.
Se amplían los colectivos
Se amplían los colectivos de atención prioritaria que incluyen:
- Personas con capacidad intelectual límite.
- Las personas con trastornos del espectro autista.
- Personas LGTBI.
- Víctimas de la violencia de género.
- Personas en exclusión social.
- Personas mayores de 45 años.
- Las personas migrantes.
- Personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional.
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas.
- Personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración.
Catálogo de servicios garantizados
- El pilar de la nueva norma es el acompañamiento personalizado a las personas que tendrán garantizada una Cartera Común de Servicios.
- Se transforma el SEPE en Agencia Española de Empleo.
- Las empresas usuarias deberán comunicar las vacantes.
- La Oficina de Análisis de Empleo facilitará el estudio y el asesoramiento sobre políticas de empleo y mercado de trabajo.
- Mejora la eficacia y la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo y se le dota de una nueva dimensión local.
- Se planifica y asegura el acceso personalizado a la Formación Profesional para el Empleo, en base a las demandas del sistema productivo.
- La digitalización de los servicios permitirá el acceso continuo a la formación.
- Las políticas activas aprovecharán el potencial del empleo para el crecimiento sostenible y para las transiciones ecológica y digital. Atendiendo especialmente a los territorios despoblados o en transición productiva.
- Aumentan los colectivos de atención preferente y se amplía el plazo de ejecución de las Políticas Activas de empleo.
- Se mejora tanto la financiación como la evaluación de las Políticas Activas de Empleo.
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