Ley de Trata: el tercer secuestro de Marita

Se aprobó finalmente, en comisión, el proyecto que tenía media sanción del Senado, desde agosto de 2011, que modifica la ley de trata. El cuerpo lo convertirá en ley en la sesión extraordinaria llamada para tal fin. El proyecto había perdido estado parlamentario debido a la negativa del bloque mayoritario del FpV a tratarlo. El presidente de la Comisión Penal de Diputados, Oscar Albrieu, explicó que había divergencias en el bloque del Frente para la Victoria, que nunca explicó. La crisis que suscitó la absolución en Tucumán y el dedo del Ejecutivo unificaron las posiciones en menos de lo que canta un gallo.
Las modificaciones introducidas en la ley eliminan la figura del consentimiento: la ley actual obligaba a la víctima mayor de edad a demostrar que no había consentido en someterse a la explotación sexual. Aníbal Fernández, la entonces senadora Vilma Ibarra y el kirchnerismo en su conjunto habían defendido este pretexto de proxenetas. La senadora Rojkés, esposa de Alperovich, siguió por esta ruta cuando aseguró que la prostitución es inevitable. Es decir que el ‘consentimiento’ de la mujer está en su propia naturaleza.
En 2008, Vilma Ibarra había defendido el “consentimiento de la víctima”, para proteger a las mujeres que “eligen” (sic) la prostitución. El proyecto contra la trata se convertía en el de la prostitución ‘consentida’.
La ley nueva no admite la excarcelación de los imputados, para lo cual eleva la pena mínima. El kirchnerismo, sin embargo, había defendido hasta ahora la excarcelación, para mantener la coherencia de las penalidades que figuran en el código. El kirchnerismo aprobó una reforma del Código Penal que establece penas al robo de humanos menores que al de cabezas de ganado. El “abigeato”, en el artículo 167 quater del Código Penal, tiene penas de cuatro a diez años. El artículo 145 bis introducido por el kirchnerismo con la ley 26364, impone penas de tres a seis años por el robo de humanos. A partir de la modificación en trámite, las penas siguen siendo mínimas, pero como parten de los cuatro años no serán excarcelables. Esto no le impedirá a un proxeneta quedar libre a los dos años ni seguir manejando sus bienes.
Por último, se introdujo un artículo relativo a la atención de las víctimas y la creación de un Consejo Federal, integrado por diferentes poderes del Estado, “tres organizaciones de la sociedad civil” y un Consejo Ejecutivo, que será el encargado de aplicar de forma cotidiana la atención. Este será un órgano integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo. En el caso de las obligaciones asistenciales del Estado para con la víctima, figura “recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”, pero no conseguir el empleo para víctimas que han sido violadas, drogadas y doblegadas, ni garantiza su sostenimiento material. También está la posibilidad de “retornar a su lugar de origen si la víctima así lo solicitare”, pero no aquélla por la cual el Estado debiera garantizar un lugar alternativo de vivienda definitiva, ya que la mayoría de los “captadores” originales de chicas están en los barrios de donde provienen las víctimas y donde seguramente quedó parte de su familia.
Tanto los kirchneristas como los radicales se negaron a introducir un régimen especial de incautación de bienes para el caso y, por supuesto, no han establecido ninguna medida de control de movimientos bancarios ni de procedencia de capitales para inversiones. La pesquisa de los bienes de inversiones de procedencia indefinida es, sin embargo, indispensable para perseguir este delito y a las redes. Sin embargo, para toda la clase política gobernante, la protección de las mujeres atormentadas por este delito está subordinada a la preservación de la “seguridad jurídica” de los patrimonios privados.
Desde el año 2008 no se desmanteló una sola red, porque el gobierno sencillamente se niega a tocar los intereses capitalistas. En el caso de la trata con fines de explotación laboral se incurre en un procedimiento similar: no sólo no persigue a quienes violan las leyes de contrato de trabajo y todas las normas de regulación laboral, sino que los promueve, como es el caso de los dueños de La Salada, a quienes les está permitiendo instalar talleres clandestinos en todo el país, a uno de los cuales llevó a los viajes internacionales de Moreno y, por si faltaran señales de apoyo, los sentó al lado de la Presidenta en los actos. No olvidemos que los mismos funcionarios cercanos a la presidencia trasladan en sus delegaciones de “comercio exterior” a proxenetas, como ha quedado demostrado en el caso del viaje de Moreno a Angola.
Los seguidores kirchneristas que colocan a la Presidenta en las antípodas del proxenetismo, evidentemente se interesan por ciertas mujeres, no por las niñas y mujeres sometidas a prostitución. El jefe o la jefa de cualquier Estado es el primer responsable del tráfico de personas, incluso internacional, en su propio territorio. Los que gobernaron la patria chica K son los responsables de la protección a Las Casitas de Río Gallegos, desde el año 1989, y también del ingreso sin controles en su provincia de mujeres para ser explotadas, incluso desde otros países. Por último, ninguna ley eliminará la trata; solamente lo conseguirá la destrucción del aparato capitalista del Estado. No es casual que la trata de personas se haya convertido en el cuarto rubro en importancia en el comercio internacional. La Unión Europea es un paraíso de la trata de niños y mujeres del este del continente; lo mismo ocurre con los países del sudeste asiático.
La herramienta legal es insuficiente, para decir lo menos, aunque la aprobación de las modificaciones ha sido un duro golpe a una línea cambalache del kirchnerismo, de derechistas y progres. El gobierno cedió contra su voluntad con la vana intención de descomprimir la indignación producida por el fallo -hasta el próximo escándalo. Insistimos en que se vaya Alperovich, para golpear al aparato del Estado que protege las redes.
Página/12 titula: “La ley Marita”. Es falso. Luego de la absolución, esta ley impotente es el tercer secuestro de Marita Verón, o sea que no detiene los secuestros.
Vanina Biasi